Río Grande.- El ingeniero Mario Félix Ferreyra, Decano de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional, salió al cruce de una publicación de tapa del diario El Sureño y posteriormente extendida en la página 8 del martes 8 de diciembre de 2009, donde se lo califica de ‘haber perdido la compostura por una resolución ministerial’.
Al respecto Ferreyra dijo que “todos los universitarios del país tienen el derecho a perder la compostura cuando la autonomía universitaria consagrada por la Constitución Nacional (en su artículo 75, inciso 19 in fine que dice que el Congreso debe dictar leyes ‘que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales’) es avasallada y lamentablemente defendida por ignorancia o por mala intención a través de un medio de prensa, que utiliza el término ‘eliminar’ equivalente a matar (diccionario de la Real Academia Española de la Lengua) cuando informa acerca de la rescisión de un contrato de cooperación recíproca que une en actividades conjuntas a la Provincia de Tierra del Fuego con la Universidad Tecnológica Nacional”.
Ferreyra observó que “estamos hablando de dos entes estatales, uno provincial y nacional el otro, que deben trabajar armonizados para el mejor desarrollo de la sociedad fueguina”.
Prosiguió el ingeniero Ferreyra: “reconozco que puedo ser intolerante con la injusticia y la mentira, y en eso me identifico con el General San Martín, el Brigadier Rosas, el Dr. Hipólito Irigoyen, el General Juan Perón y con el Dr. Raúl Alfonsín, quienes lo mismo repetían en defensa de la Soberanía y de sus luchas por la democracia y estamos hablando de las decisiones soberanas de la Universidad”. “La Tecnológica es la Universidad fundada por los obreros que originariamente la llamaron Universidad Obrera Nacional y desde 1958, por pedido de doce estudiantes que conformaron el primer curso en 1952, el presidente Arturo Frondizi procedió a reabrirla y llamarla Universidad Tecnológica Nacional. La mística nacida de esa lucha, es una tradición que permanece en el espíritu de cada tecnológico y no se admiten las traiciones en su defensa”, recordó.
Recordó que “tanto la Constitución Nacional como la Constitución Provincial, alientan a los ciudadanos a esta actitud, y los educadores, cualquiera sea su rango, deben enseñarles sobre esos derechos cuando la injusticia, la mentira y la confusión es sembrada por los gobiernos”.
La expresión de ‘Matar al Cartero’ reflejada en el medio gráfico, “no es genuina en El Sureño ya que raras veces transporta la información de nuestras actividades en sus páginas; más bien las ignora y muchas veces ha permitido efectuar críticas sin fundamentos -que no hemos respondido- en relación a nuestras acciones y por funcionarios y no funcionarios de la actividad educativa”.
Ferreyra se mostró extrañado de que quienes lo cuestionan de estar al frente de institutos educativos, manden a sus propios hijos a esos institutos para que los eduque.
Refiriéndose al contenido del conflicto, el periódico informa de la rescisión del Convenio Marco de Cooperación Recíproca derogado por el Decreto 2772/2009 firmado por el legislador Manuel Raimbault “que en ningún renglón o cláusula menciona al Instituto Superior del Profesorado Río Grande sólo habla de la Universidad Tecnológica Nacional, no haciendo siquiera mención a la Facultad Regional Río Grande”, reparó el Decano. Añadió: “El Sureño, al no investigar el contenido del instrumento legal emitido y notificado a la Universidad en menos de 24 horas y al no consultar a la UTN, se hace eco de las declaraciones de los funcionarios de educación, que hablan de una resolución Ministerial como ponen en la tapa, confundiéndola con un Decreto provincial. Estas autoridades hablan del Instituto Superior del Profesorado de Río Grande – ISPRG-, creado mediante un convenio específico por la Provincia y la Facultad a los pocos días de firmado el Convenio Marco de Cooperación Recíproca, entre el gobernador José Arturo Estabillo y el Rector de la UTN a nivel nacional ingeniero Héctor Carlos Brotto, que fue refrendado por una Resolución de la Legislatura Provincial”.
De este modo, el decreto firmado por Raimbault, ha originado innecesariamente un conflicto de jurisdicción entre la Provincia y la única universidad federal y estatal que tiene el país, ya que ordena al Rector de la UTN remitir legajos de docentes, alumnos y documentación académica.
Ferreyra precisó que “este convenio específico nunca fue motivo de consulta por parte del Ministerio de Educación de la Provincia y la UTN, Facultad Regional Río Grande”.
Cabe destacar que este convenio específico o Acta de Aplicación del Convenio Marco, establece las cláusulas de funcionamiento y las responsabilidades de ambas partes.
“La UTN siempre cumplió con todas las cláusulas del Convenio Marco y del Acta de Aplicación; la Provincia, en cambio, sólo cumplió en parte, pues ha venido abonando los sueldos de docentes, pero nunca puso el edificio para que pudiera funcionar, tanto la UTN como el Profesorado en la ciudad de Río Grande”, reparó el Decano, quien agregó que “gran parte del gasto administrativo y el total de los servicios, fueron afrontados por la Facultad Regional Río Grande, ya que el Ministerio de Educación, no tramita los fondos comprometidos para el mantenimiento en estos ítems. Esta es la primer refutación a la mentira de que ponen edificios y proveen de todo tipo de recursos económicos”, evidenció.
Respecto de la gratuidad, Ferreyra aseguró que “las carreras del ISPRG son gratuitas y que la carrera de Certificación Docente para Profesionales y Técnicos Superiores, de ninguna manera tienen una cursada de 10 años como señala la noticia, pues es de dos. Esta es la segunda refutación a la mentira sobre esta extensión de la carrera”. Respecto del arancel de esta carrera, Ferreyra observó que “es lógico que exista porque es un post título y está destinado a Abogados, Médicos, Ingenieros, Contadores Públicos, Licenciados en sus distintas disciplinas y Técnicos Superiores en sus distintas especialidades, que generalmente tienen un trabajo y pueden afrontar las 23 mensualidades de 200 pesos y que la recaudación justamente se utiliza para apoyar a las carreras gratuitas. Tal vez esta recaudación sea lo que verdaderamente le interese al Ministerio”, ironizó Ferreyra.
Respecto de los concursos, Ferreyra agregó que los mismos “se realizan regularmente, sea por antecedentes o por proyectos, siguiendo los mecanismos de la Cláusula Cuarta y atendiendo lo establecido por la Cláusula Sexta del Acta de Aplicación, por el carácter especial cíclico de las carreras a implementarse, ‘las que en todos los casos tendrán un número de promociones determinadas por el Comité Coordinador’, lo que refuta las expresiones no exactas del Ministerio de Educación y publicadas por El Sureño”.
Otras de las expresiones que lesiona la autonomía universitaria, “es la descalificación que realiza la profesora Ventura –graduada en un instituto privado religioso de Córdoba llamado Gabriel Taborín- cuando alude a los títulos que emite la Universidad Nacional de la Patagonia Austral –UNPA- afirmando que ‘esos títulos podrían no tener validez nacional por no haber sido readecuados’. Hace tiempo que la UNPA adecua los contenidos y los nombres de los títulos a las disposiciones legales vigentes, por lo que la afirmación de Ventura es una intromisión en la autonomía universitaria, al intentar descalificar y sembrar confusión entre los jóvenes sobre los títulos universitarios, que a mí entender tienen más jerarquía académica que los títulos que emiten los institutos terciarios no universitarios y sobre todo cuando se ponen en la balanza a los emitidos por institutos privados. Esta es una refutación a otra de las mentiras que la profesora Ventura le hace decir a El Sureño”.
Para Ferreyra, la pretensión gubernamental de llevarse al Instituto Superior de Profesorado Río Grande y relocalizarlo en distintas escuelas de la Provincia, “es una injusticia, pues los que se quieren quedar con él poco o nada han hecho por la Educación en Tierra del Fuego; sólo quieren tener una institución para darse cargos y horas cátedra indiscriminadamente para vivir a upa del presupuesto provincial”.
El ingeniero Ferreyra dijo que cuando se habla de intolerancia “es menester separar lo personal de lo institucional” e invitó “al diario El Sureño a investigar y reflexionar sobre la cantidad de días de clase perdidos por niños y jóvenes en los últimos seis años, a mi entender, más de 270 días, equivalentes a un año y medio de inasistencia en las aulas por parte de los alumnos y a encontrar los indicadores políticos, económicos, sociales y culturales del daño que se le ha hecho al futuro de cada ciudadano de Tierra del Fuego y a la sociedad que les legaremos”, finalizó diciendo.