(Por José Piñeiro).- La publicación en un blog anónimo y en el sitio de Internet You Tube de conversaciones privadas de la gobernadora Fabiana Ríos con el Jefe de la Policía provincial, del concejal Gustavo Longhi con el presidente del IPRA y del mismo concejal –quien además es esposo de la gobernadora- con una de sus hijas; generó una importante polémica sobre el método ilegal y clandestino con el cual se obtuvieron las grabaciones, pero también sobre la legitimidad o no de poner al debate el contenido de las conversaciones.
Dirigentes, funcionarios y legisladores del ARI fueron contundentes en su repudio condenando la pinchadura de teléfonos, mientras pasaron a un plano absolutamente marginal el tema de conversación en las diferentes charlas. Tanto aquella en la que la gobernadora intercambia opiniones con el Comisario Walter Papa sobre un incendio y las responsabilidades que por el suceso le podría caber al estado municipal o el provincial; como las dos en las que Longhi, en un caso con el presidente del IPRA, Adrián Arias, y en la otra con su hija, se refiere –entre otras cuestiones- a un plasma de 32 pulgadas que Arias le regaló a la joven.
Desde el ARI, incluso llegaron a trazar un paralelo entre los genocidas Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, con el concejal Ariel Pagella y el secretario de Gobierno comunal Pablo Blanco, porque ambos dirigentes dijeron que era tan cuestionable el método de obtención y difusión de las grabaciones como el contenido de la charla de la gobernadora con Papa. Entendiendo que allí se trataba de armar un informe sobre el incendio de varias viviendas, que tendiera a responsabilizar a la Municipalidad por lo ocurrido.
“Seamos claros: repudiar las escuchas ilegales y al mismo tiempo pedir explicaciones a los damnificados acerca de esas grabaciones es lo mismo que repudiar la tortura como método para averiguar cosas, y luego pedir explicaciones al torturado acerca de su confesión. Ésta no es ni más ni menos que la misma práctica de Massera y Videla que justificaban lo que llamaban posibles excesos del Estado (Estado dictatorial y totalitario, dicho sea de paso) en beneficio del pueblo argentino”; llegaron a decir los dirigentes del ARI.
Seguramente, es absolutamente repudiable la invasión de la privacidad con la grabación clandestina de conversaciones o la instalación de cámaras y micrófonos ocultos, tal como sucedió durante el régimen manfredotista.
Pero aquí vale preguntarse: ¿no es también avanzar sobre la privacidad de las personas la difusión de los movimientos de las cuentas bancarias de los dirigentes sindicales? Tal como sucedió tiempo atrás con el dirigente de ATE Marcelo Córdoba.
¿Cómo se debe catalogar la publicación en medios de comunicación de los sueldos que perciben los trabajadores estatales? Sobre todo cuando pertenecen a sectores que se encuentran en conflicto con el Gobierno. ¿No se está invadiendo también la vida privada de las personas en esos casos?
Hilando un poco más fino, o quizás no tanto, ¿no se invade la vida de la gente cuando se la condena a la indigencia, a la desocupación, a la falta de vivienda, de educación o de salud? ¿No se mete de prepo este Estado en nuestras vidas y las de nuestros hijos? A cada rato y sin pedir permiso nuestra privacidad es pisoteada, sin que nadie se asombre.
El documento que firman los dirigentes del partido del Gobierno termina reclamando por el “derecho a ser respetados como personas sin que ustedes intenten manipular nuestro destino”. Un reclamo que podría ser planteado desde y hacia varias direcciones, con idéntico derecho y legitimidad para todos, no sólo para los poderosos.