Río Grande.- El ministro de Finanzas Públicas Federico Zapata García, dio detalles de la reforma de la ley tarifaria que aprobó la Legislatura en la sesión del viernes, con la que esperan aumentar la recaudación provincial un 10% y compensar en parte la merma de coparticipación nacional.
“Hace algunos meses habíamos manifestado la necesidad de efectuar una actualización de tasas que cobran los diferentes ministerios y secretarías del gobierno provincial, que tienen que ver con servicios prestados y estaban congeladas desde el año ’94. Muchas de ellas tenían un monto fijo que era irrisorio, algunas otras se habían ido actualizando poniendo un valor variable. Lo que hicimos fue unificar la forma de actualización. Fue un trabajo que hicimos con todos los ministerios involucrados y nos llevó bastante tiempo, pero pudimos actualizar la gran mayoría de las tasas como la que cobra la policía por algún cambio de domicilio o una certificación, que tenían montos irrisorios en pesos”, dijo.
“Establecimos el UAPES, que es la unidad de ajuste de acuerdo a los sueldos estatales y algunas tasas ya tenían esa forma de actualización. Ahora unificamos todo para que se vaya actualizando de la misma forma”, explicó, con la aclaración de que “no hubo modificación de alícuotas de Ingresos Brutos, sino que hubo modificación de base imponible. Nos había llamado la atención que en el sistema bancario no se paguen Ingresos Brutos por las operaciones en la provincia. A la hora de declarar base imponible, solamente declaraban algunas cuestiones en la provincia y otras en la sede central, que por lo general es en Buenos Aires. En este sentido se corrigió la base imponible y lo que se hace es que tributen totalmente en la provincia por las operaciones de acá”, agregó sobre la reforma.
Negó que se trate de un “impuestazo”, porque “esto no tiene que ver con impuestos sino con tasas. Lo mínimo que se busca es que, por los servicios que presta la provincia, se cobre un valor racional. Si dejábamos los valores como estaban no había una coherencia. Las áreas que prestan servicios tienen que tener los fondos necesarios para hacerlo. Un caso bastante ejemplar es el de la Policía, porque uno tiene que ir a hacer muchos trámites y se cobraban montos irrisorios. Lo que se busca es que por lo menos tengan ese recurso propio. Por un certificado de antecedentes ahora se van a cobrar 1.500 pesos, lo que no es un monto tan significativo”, consideró.
Deuda flotante por 16 mil millones
Con respecto a la deuda del gobierno, estimada en 16 mil millones de pesos según trascendidos, dijo que “es un monto aproximado y uno tiene que tratar de ser más eficiente en el gasto para no seguir generando deuda de acá en adelante, además ir buscando fuentes de recursos. El año pasado cerramos el ejercicio con una deuda flotante de 12 mil millones. Si se tiene en cuenta la inflación, en realidad no aumentó la deuda sino que en términos reales hasta se disminuyó”, aseguró.
Teniendo en cuenta la proyección de la recaudación, la deuda podría o no disminuir. “Tenemos estimaciones que se han hecho y va a haber un incremento de un 10% de lo que se viene recaudando. La recaudación de impuestos provinciales es bastante buena, está por encima de la inflación en términos reales, pero tenemos el gran problema de que la coparticipación no ha crecido en términos reales, manteniendo la misma línea que la propia inflación. En ese sentido nos vemos con esta situación de tener deudas y no tener mayor acercamiento respecto de los plazos de pago. Se va a mejorar mucho la performance teniendo en cuenta que en el sector bancario la parte de hidrocarburos y la parte de las industrias son la mayor proporción de la recaudación propia de la provincia. En ese sentido va a haber un incremento que creemos que va a estar por encima del 10%”, estimó.
Donde habrá incrementos será en la recaudación del inmobiliario rural. “El inmobiliario rural sigue a cargo de la provincia y se hizo una actualización de la base imponible, porque también estaba fija desde los años ’90. En los sucesivos consensos fiscales que se han firmado con todas las provincias, la nación se había comprometido a la creación de un área para homogeneizar los criterios en todas las jurisdicciones. Como no hubo muchos avances, tomamos la decisión de proceder a hacer una actualización en Catastro rural de la provincia. Se venían recaudando 5 millones de pesos anuales y lo que se hizo ahora es que el 70% de las partidas inmobiliarias rurales van a empezar a pagar 5 mil pesos bimestrales. También va a tener que ver con la extensión propia de cada estancia. Se va a actualizar de una forma razonable y a valores más parecidos a los del mercado”, sostuvo.
En cuanto al impuesto inmobiliario urbano, indicó que “fue una decisión del gobernador suspender la ley 1075 hasta el 31 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta que ya se han presentado los presupuestos de la provincia y de los municipios. Entendimos que en este contexto es necesario mantener la situación actual y abrir el proceso de trabajo el año que viene”.
Aumento con bonos
Por otra parte se lo consultó sobre el aumento rechazado por los gremios, por tratarse de sumas fijas no remunerativas, y la posibilidad de que lleguen a los jubilados. “La propuesta que hemos efectuado para todos los escalafones es que el bono también vaya para los jubilados. Lo que habíamos planteado era un bono de 24 mil pesos pagaderos a octubre, de 32 mil en noviembre, 40 mil en diciembre y 48 mil en enero, siempre a cuenta de futuros aumentos. Esto se va a ir incorporando al básico en las paritarias del año que viene, pero todos los sectores lo rechazaron y ahora estamos trabajando en una propuesta que sube un poco más el bono, siempre con el compromiso de que llegue a los jubilados, como se hizo durante el mes de julio, que se dio un monto al básico y un bono a los que menos ganan, que se pagó también a los jubilados”, detalló.
“El bono es para aquellos que ganen menos de 600 mil pesos y abarca más del 70% de los empleados del escalafón seco y húmedo. En el caso de los jubilados el porcentaje es bastante parecido. Si bien no es lo ideal dar una suma fija, uno busca un impacto directo en el bolsillo de los trabajadores que menos tienen”, dijo.
Consultado sobre los motivos para no incorporar ahora los aumentos al básico, respondió que lo que complica es la coparticipación. “Durante el primer cuatrimestre dimos aumentos cercanos al 40% y no hubo ese incremento en los recursos. Durante los meses de julio y agosto dimos casi un 17% y lo dimos porque veníamos acompañando el salario de los trabajadores para que no pierdan poder adquisitivo, pero cuando la coparticipación no tiene el mismo impacto ni un crecimiento de esos niveles, no tenemos posibilidad de comprometer fondos que no sabemos si vamos a tener. Por eso llegamos a esta instancia y no tenemos posibilidad de volcar un aumento al básico, porque tiene un impacto mucho mayor en las cuentas provinciales. Pensamos en esta herramienta de las sumas fijas para tratar de llegar a los que menos tienen y dar una mejora en el bolsillo. Vamos a tratar de mejorar los montos y es posible que el primer bono sea de 30 mil y no de 24 mil pesos. La idea es que se perciba durante el mes de octubre y seguramente será por boleta complementaria. Esas son las posibilidades que tenemos ahora”, expresó.
Posible refuerzo de coparticipación
El ministro dejó abierta la posibilidad de un incremento de la coparticipación federal antes de que termine el año. “En la comisión federal de impuestos, de la que todas las provincias formamos parte, se va viendo la evolución de los recursos y también está trabajando en un pedido de anticipo extraordinario de Ganancias para los grandes contribuyentes. Entendemos que eso podría tener un impacto positivo. El no pago del impuesto a las Ganancias va a tener un impacto importante y también se está trabajando en la posibilidad de coparticipar el impuesto País. En la medida que eso nos permita tener un horizonte más positivo sobre el cierre del año, también nos va a permitir ofrecer algo en el básico. Tiene que ver con cómo va evolucionando el contexto nacional en lo que queda del año”, señaló.
“Uno tiene que mirar un poco para atrás, porque en estos últimos tres años hemos ido recuperado mucho de lo que se ha perdido antes. El año pasado se cerraron paritarias por arriba del 120% cuando la inflación no llegó al 100%. Cuando uno tiene los fondos no tiene problemas en recomponer el salario, pero cuando no los tiene, hay que buscar alternativas como la que estamos planteando, con una suma fija transitoria y a cuenta de futuros aumentos, para paliar esta situación. Son las posibilidades concretas que uno tiene”, reiteró.
Atraso con proveedores
Respecto de los proveedores del Estado, que supuestamente reclaman deudas de enero y febrero, negó que sea tan largo el plazo. “No tengo conocimiento de que se deba con tan larga data. Estamos dentro de los 90 días y siempre tiene prioridad todo lo que tiene que ver con salud, alimentos y educación. En la sesión del viernes se presentó un plan de fortalecimiento que tiene que ver con la búsqueda de nuevas fuentes financieras para los servicios que tienen prioridad y no se pueden ver interrumpidos por atrasos en los pagos”, dijo.
Cabe señalar que, por ejemplo la empresa Celentano reclama una deuda superior a los 100 millones de pesos. “Hay proveedores que facturan más que ese monto por mes pero tienen que ver con los servicios que prestan en alimentación. La cuantía de los montos puede ser esa, pero no es que se deba desde febrero o marzo. Se están buscando nuevas fuentes de financiamiento para estos temas clave para nosotros. La deuda con los proveedores está dentro de los 60 ó 90 días”, insistió.
Reducción de planta política
Ante el aumento del 20% que se dieron los funcionarios al básico, contrapuso que “se ha venido trabajando desde hace varios meses en una reducción de las estructuras de cada ministerio, buscando la optimización de los servicios que prestan. Ya se han achicado las estructuras y ya hay varios cargos políticos que han quedado vacantes. Se viene trabajando y reduciendo en gastos de combustible, adicional por vivienda, desarraigo y también se viene reduciendo bastante el uso de las horas guardia, que en muchas áreas se utilizaban con frecuencia. Hemos pedido que se ajusten a lo estrictamente necesario”.
En este punto hizo referencia a la decisión del gobernador de cobrar menos de lo que fija la ley y aclaró que “no es un congelamiento sino que es una no percepción de aumentos que establece el gobernador sobre su sueldo, que ya ha superado el 50%. Solamente implica su salario. Con los funcionarios el año pasado se trabajó en una nueva escala de porcentuales respecto del sueldo del gobernador y determinamos de acuerdo al sueldo de ley del gobernador qué porcentaje tenía el ministro, el secretario, el subsecretario y el director provincial. Hoy solamente el gobernador optó por la no percepción de aumentos, en un porcentaje que cada vez va subiendo más. El sueldo del gobernador está fijado por ley pero él determina la no percepción de una parte. No es un congelamiento que después le permite cobrar todo junto. Él renuncia a esa percepción del sueldo, y lo que sí se hacen son los aportes y contribuciones por el sueldo que dice la ley. Esto se analizó jurídicamente y se le dio viabilidad”, aseveró.
Qué pasa si gana Milei
En otro orden de cosas, se le preguntó qué panorama avizora en caso de que gane las elecciones Javier Milei, en función de sus declaraciones sobre el régimen fueguino. “Es muy complejo pronosticar una situación en caso de que Milei gane la presidencia. Es muy difícil saber qué puede suceder de todo lo que viene diciendo. Preferimos estar más abocados a terminar este año de la mejor manera posible, pero la verdad es muy complejo saber qué podría suceder si ganara Milei. En lo personal creo que las cosas que viene prometiendo en campaña van a ser de difícil aplicación. Hay provincias que tienen mucha más injerencia o peso específico e igual les generaría un perjuicio bastante grande. No entiendo cómo puede llegar a aplicar todo lo que viene prometiendo”, manifestó.
A su criterio “Massa es la mejor opción”, aun a pesar de Separata. “Sobre la Separata venimos hablando desde el año pasado y es un pedido que hizo el FMI para cuantificar de dónde viene el déficit. El ministro lo presentó por segundo año consecutivo y no se ha tocado lo que tiene que ver con la provincia. Nosotros entendemos que lo mejor para la provincia es que gane Massa y cuando él toca este tema hace mucho hincapié en los empresarios que hacen mal uso del régimen, pero no entendemos que sea un ataque directo a la provincia en sí, sino a determinado grupo de empresarios que no reinvierten y se llevan las ganancias”, interpretó.
Finalmente expresó que “estamos preocupados y abocados a terminar el año lo mejor posible y luego habrá que ver las medidas que toma el nuevo presidente para ir acomodándonos a nivel provincial en el contexto nacional”.