Río Grande.- La armonización está hecha, fue la sentencia del Dr. Félix Santamaría ayer por FM Del Sur, consultado sobre el alerta que se encendió a partir del artículo incluido en el megaproyecto de blanqueo de capitales.
Santamaría es abogado patrocinante de varios jubilados que presentaron amparos ante el IPAUSS, y cuenta con una vasta trayectoria en materia previsional, por lo cual con la armonización cumplida, no dejó mucho margen de modificaciones dentro de la mesa técnica de la que participan los gremios.
En principio aclaró “algunos conceptos, porque los sindicatos o los interesados mezclan lo que es armonización con la transferencia de la caja. De por sí hay una obligación constitucional que asume la provincia de sostener el sistema previsional. Es el Estado provincial el que sostiene el sistema y en la reforma del ’94 muchos de nuestros constituyentes sostuvieron la autonomía de las cajas provinciales, que está plasmada en la Constitución Nacional”, dijo.
Destacó que “se ha hecho un esfuerzo legislativo muy importante y casi se ha adecuado al régimen nacional”, en referencia al paquete de leyes de enero.
Explicó que “la armonización es equiparar las normas nacionales del régimen jubilatorio argentino a las normas locales. No significa bajo ningún aspecto transferir la caja. Esto trae beneficios y también genera obligaciones”.
“Primero, técnicamente lo que se hace es una auditoría de la situación de la caja”, dijo y, con las reformas de enero, el abogado ve “poca diferencia” con la ley nacional.
“El régimen nacional está muy parecido al régimen fueguino. La única diferencia es la edad jubilatoria de los varones, que en el 2035 va a llegar a 60 años, igual que las mujeres, y habría una diferencia de cinco años. El resto está todo igual. No habría una modificación sustancial”, aseguró.

Transferencia descartada

Agregó que a su criterio “las cajas más importantes del país, como la de YPF o Santa Fe, ni de casualidad van a transferir a Nación, porque se hace política social a través de las cajas previsionales”, y reiteró que “con las normas que se dieron, que se están analizando en este momento en la mesa técnica, la provincia ya hizo la adecuación normativa, que es lo que está saliendo ahora del Senado”, luego de la aprobación en Diputados.
Pidió “llevar tranquilidad a la gente, porque en ningún momento puede haber una transferencia de la caja; y aparte la caja técnicamente con estas normas relativamente está en una situación muy distinta de lo que estaba en el pasado”, insistió, marcando diferencias con Santa Cruz, donde ve “una situación de mucho riesgo”.
“El gobierno nacional no va a mandar una auditoría al IPS de Córdoba. Son acuerdos políticos y acá no hay necesidad de transferir, porque aparte habría que modificar la Constitución provincial”, apuntó.
“Confundir armonización con una transferencia son dos conceptos totalmente distintos”, insistió Santamaría.

Tarde, pero llegó

En otro tramo de la entrevista, recordó que “en el año ’91 se hizo un convenio con Nación donde las primeras autoridades provinciales a través del IPPS se comprometían a armonizar el régimen; es decir, equiparar las normas a las condiciones nacionales. A pesar de ese compromiso, salió la ley de jubilación anticipada, la jubilación de los 25 inviernos, el régimen especial para radiólogos, excombatientes, y un montón de normas que no tienen nada que ver con el régimen general”.
Con las reformas de enero, esta situación “ahora más o menos se encauza y el régimen es más parecido al nacional. La adecuación ya la hizo la provincia en enero de este año, con mucha resistencia, muchos planteos, y se está analizando en una mesa técnica”, reiteró.
Admitió que estos días ha recibido muchas consultas de afiliados, en especial sobre expedientes iniciados, y volvió a decir que “no hay riesgo de una transferencia. La armonización está bien y a lo sumo se modificará, si es necesario, porque eso surgirá de los estudios actuariales que se están realizando en la mesa técnica. Pero la caja, por ley, tiene que quedar dentro de la provincia”.
“Es una caja de cinco mil jubilados, no es un botín, y además es una cuestión política: los políticos no se suicidan, salvo que tiren bolsos al Monasterio”, ironizó.
Deslizó así que ya considera que la gestión Bertone pagó el costo político de la reforma y no irá más allá. “No se puede hablar de una transferencia cuando todo el arco político fue muy claro: no se va a transferir, y la armonización ya se hizo. En los hechos está resuelto y quedan expedientes en trámite, que se rigen por las leyes del trámite iniciado”, concluyó.