El secretario de Gestión y Participación Ciudadana desechó la posibilidad de un acatamiento del fallo del Superior Tribunal de Justicia, y confirmó la elevación de un recurso de queja a la Corte Suprema. Hasta que no haya una resolución, se seguirá emitiendo y cobrando normalmente el impuesto inmobiliario. Por su parte el subsecretario legal y técnico del Municipio de Ushuaia Molina Holguín confirmó la presentación del recurso de queja. Además recomendó públicamente al gobierno esperar a que la Corte Suprema se expida. Si se revirtiera en la Corte el fallo del Superior Tribunal, obligaría a la provincia a devolver los impuestos retenidos, en caso de avanzar de lleno con la aplicación de la ley 1075.

El vicepresidente de la institución Gabriel Clementino anunció que esta semana se lanzarán “créditos de corto plazo para Pymes, y comercios a una tasa del 26% de manera de dar una herramienta más al sector productivo”. También resaltó que estamos “trabajando en varios productos que tienen que ver con la banca de consumo como por ejemplo lo son las tarjetas de crédito, convenios con la secretaría de Comercio, entre otros”. Además destacó que “es un banco competitivo en lo que respecta a créditos hipotecarios, como en lo productivo”.

El ministro de Gobierno José Luis Álvarez ratificó la vigencia de la ley que otorga la facultad de cobro del impuesto al gobierno, y aseguró que “no están en guerra con nadie”, confiando en un acuerdo “maduro” con los municipios. En breve el Ministerio de Economía haría una convocatoria para acordar la forma de cobro y la coparticipación que prevé la misma norma. Descartó que pueda tener eco un recurso de queja en la Corte Suprema, por antecedentes en los que ha definido que “no le corresponde intervenir en cuestiones de derecho público local” y recordó que la ley contempla un revalúo inmobiliario, abriendo la posibilidad de un aumento.

La ex candidata a Presidenta de la Nación y Diputada de la Nación (mc) fue recibida por el intendente Gustavo Melella y parte de su Gabinete. Dialogaron acerca de la situación económica y social que vive el país y de las políticas que lleva adelante el Municipio de Río Grande para hacer frente a la crisis. Educación, salud y empleo fueron los temas centrales del encuentro.

El concejal radical Paulino Rossi aseguró que la provincia pretende avanzar con el revalúo inmobiliario previsto en la ley 1075, que aumentaría la presión fiscal sobre los vecinos de Río Grande. Cuestionó la “falta de razonabilidad”, al complicar la situación de los vecinos en la coyuntura económica actual y recordó que esos fondos no vuelven en obras de la ciudad, sino que van a la caja de jubilaciones. Desde el Ejecutivo, el secretario Federico Runín descartó la posibilidad de reconocer al inmobiliario como un impuesto provincial y confirmó la presentación del recurso de queja a la Corte Suprema.

La concejal por FORJA criticó el accionar del gobierno provincial con respecto a la judicialización del cobro del Impuesto Inmobiliario aseverando que tenemos un Estado “provincial con resabios burocráticos y centralistas, como así también bastante irrespetuosos”. Resaltó que hoy todo el “arco político está hablando de esta irrespetuosa normativa que irrumpe en las autonomías municipales, pero nosotros como concejales debemos avanzar y defender los recursos del municipio”. Recordó que “esto fue aprobado en aquella noche ‘trágica’ en la provincia, donde la Legislatura dio muestras claras de su accionar genuflexo en el marco de su adicción al gobierno provincial”. Remarcó que el “Concejo Deliberante determinó en aquel momento presentar un proyecto de ordenanza en interbloque por el cual decidió no adherir a la sanción del impuesto inmobiliario urbano dispuesto por la ley 1075”. Preponderó que con todo esto “nada se une al slogan de la provincia ‘Tierra de Unión’ porque no hubo dialogo en todo este tiempo, y cuando hay diálogo de sordo, hay conflictos mediante”.

El subsecretario legal y técnico del Municipio de Ushuaia recomendó públicamente al gobierno esperar a que la Corte Suprema se expida. Si se revirtiera en la Corte el fallo del Superior Tribunal, obligaría a la provincia a devolver los impuestos retenidos, en caso de avanzar de lleno con la aplicación de la ley 1075. Mientras tanto, se daría una “doble imposición” de parte de los municipios que prevén seguir cobrando el impuesto inmobiliario, y de parte de la provincia. El martes la administración Vuoto ingresó el recurso de queja.