Río Grande.- El senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco fue crítico de la política educativa del gobierno nacional y aseguró que “desprecian la educación pública”.
La UBA se declaró en emergencia presupuestaria y adhirió a la Marcha Nacional Federal Universitaria que se realizará el día 23 de abril de 2024, dado que la situación es transversal a toda las casas de altos estudios. “La UBA acaba de ser reconocida entre las mejores universidades del país y está pasando por estas dificultades. No solamente la UBA sino que un montón de universidades más están en esta situación”, dijo por FM Del Pueblo.
“Estas medidas no pueden ser una mecánica general para todas las universidades del país. Si hay irregularidades en algunas, hay que solucionarlo. Pero no porque haya irregularidades en una universidad tienen que pagar las consecuencias todas las del país. Hay una postura muy crítica por parte del gobierno nacional que desprecia la educación pública. Cree que el sector privado es el que soluciona todos los problemas y hay un marcado desprecio por las universidades públicas. Hay algunos integrantes muy conspicuos del partido del gobierno que tienen una visión repulsiva de la educación”, aseguró.
Por otra parte, dio a conocer que pidió citar a la canciller Diana Mondino y al ministro de Defensa Luis Petri al Senado, “entre otras cosas producto del viaje que realizó el presidente de la Nación de forma intempestiva a la provincia de Tierra del Fuego, para encontrarse con la generala norteamericana Laura Richardson. Me parece que el presidente de la nación no respeta su investidura. Si la generala necesitaba saludar al presidente, era ella la que debería haber viajado. Sin embargo él dice que, como el gobernador no atendía a la funcionaria estadounidense, tomó la decisión de venir con parte de su gabinete a una reunión en la ciudad de Ushuaia. Esto desmerece bajo todo punto de vista su jerarquía en la institución presidencial”, consideró el senador.
“Por otro lado está el anuncio que hizo de la constitución de una base compartida con Estados Unidos en la ciudad de Ushuaia. Independientemente de que sea el presidente de la nación, no tiene la facultad para esto y tiene que tener una autorización expresa del Congreso nacional. Mínimamente al tomar una decisión de este tipo deberían estar en conocimiento quienes tienen la facultad de autorizarlo o no”, sostuvo.
Respecto de su postura crítica de la actual gestión, recordó que “yo lo he criticado al gobierno anterior y lo critico a este. Lamento tener que vivir de la crítica, pero no son muchas las cosas positivas, más allá de una aparente mejora de la macroeconomía. Creo que cuando se sepa la verdad nos vamos a llevar una sorpresa. Parece ser que cuando uno critica está de un lado o está del otro. Si la crítica mía coincide con opiniones del kirchnerismo, dicen que yo estoy trabajando con el kirchnerismo y no es así. Yo sostengo la misma política de crítica y de objetividad que tenía cuando el gobierno era kirchnerista”, expresó.
Consultado sobre la sorpresa que se llevaría la ciudadanía con respecto al superávit fiscal, señaló que “los grandes números pareciera que están bien, se habla de un superávit fiscal en el mes de febrero, pero no es así cuando uno se lo pone a analizar. El Ministro de Economía pretendía la emisión de un título público de 2.200 millones de dólares para hacer frente a la deuda con las productoras de energía, porque no había pagado ni diciembre, ni enero ni febrero. El supuesto superávit fiscal es un disfraz, porque hay una deuda de 2.200 millones de dólares que no se pagaron. Si uno cobra el sueldo y no le paga a nadie, le sobra plata, pero hay deuda por todos lados. Creo que en algún momento se va a saber la verdad, que tarde o temprano llega”.
También se lo consultó sobre la ley de bases, y si le llegó el proyecto. “Me mandaron de la Cámara de Diputados un borrador, que no sabemos si es el definitivo porque todos los días lo están cambiando. Son borradores de la nueva ley ómnibus y la ley fiscal. No sé si es la versión definitiva que oficialmente va a ingresar a la Cámara de Diputados”, aclaró.
Dado que el gobernador Melella dijo que no le llegó el proyecto, consideró que “el gobierno debería mandar el proyecto a todos. Si está en conversación con los gobernadores, independientemente de que puedan coincidir o no con el espacio político, la obligación es tratar a todos los gobernadores por igual para entregarles la documentación. Después cada gobernador tomará la decisión que crea oportuna, pero el gobierno nacional le debe pasar la información a todas las provincias, no solamente a algunas con las que se reunió”.
“Por lo que uno lee a través de algunos medios periodísticos, al gobernador de Tierra del Fuego lo sindican como uno de los gobernadores más rebeldes, junto con el gobernador de Buenos Aires y el de Formosa, pero el gobierno tiene que gobernar con los rebeldes, con los no tan rebeldes, y con los que no son rebeldes. El país es uno solo y tiene que gobernar para todos, le guste o no la opinión”, sentenció.