Río Grande.- El contador Ramón Gallardo fue consultado en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia sobre la aprobación de la ley bases y la reforma impositiva, y cuestionó la votación del diputado Santiago Pauli por Tierra del Fuego y de la diputada Ana Clara Romero de Chubut, que acompañaron al oficialismo en contra de los intereses patagónicos.
“Cuando se estaba hablando del paquete fiscal, se tocó el monotributo social buscando la eliminación, hubo una interrupción y Nicolás Massot incorporó el artículo 111, que se aprobó, donde instan al Poder Ejecutivo nacional a que en el término de 60 días presente un proyecto tendiente a incrementar los recursos corrientes en hasta el 1% del producto interno; y específicamente habla de la separata que en su momento elaboró Massa. En la separata se habla de exenciones y beneficios que en total son el 4,72% del PBI; dentro de esto nosotros solamente representamos el 0,33%. Esto está dado por la liberación del IVA, la exención de Ganancias, de los derechos de importación y una tasa reducida de impuestos internos. Eso es lo que ellos llaman gasto tributario. Todos apuntaron al régimen de Tierra del Fuego y lo más lamentable es que nuestro representante Santiago Pauli votó a favor. No lo hizo así el diputado Stefani”, sostuvo.
“El oficialismo con todos sus aliados le dieron el visto bueno y fue aprobado por 134 votos. Esto permite que el Ejecutivo presente un proyecto que elimine determinados beneficios del subrégimen industrial. Me molesta porque no funcionó el famoso pacto patagónico, por ejemplo Ana Clara Romero, que es del PRO de Chubut, también votó a favor. En ese 4,72% hay un montón de exenciones y beneficios que no son solamente el subrégimen industrial, como los jueces que no pagan Ganancias, lo mismo que las asociaciones civiles, mutuales, fundaciones y cooperativas, y está la alícuota diferencial de IVA para la medicina prepaga, para las verduras y frutas, o la construcción de viviendas. No somos los únicos que recibimos beneficios y yo estoy molesto con nuestro representante Santiago Pauli. Los de Unión por la Patria votaron en contra pero por el verticalismo que tienen no votaron la moratoria que necesitamos en Tierra del Fuego. Desde las cámaras hemos planteado la necesidad que tienen muchos comercios y empresas que necesitan una moratoria y molesta esa doble vara”, indicó.
“Lo que nos queda ahora es poder revertir esto en el Senado, donde tenemos dos representantes. Uno es Pablo Blanco, que va a votar en contra del artículo 111. El gobernador Melella tiene que hacer hincapié en el pacto patagónico, para que todos en el Senado voten que no se toque el subrégimen industrial, porque por algo firmaron el pacto”, subrayó.

Reforma laboral

En cuanto a la reforma laboral, cuestionó que la CGT no pusiera palabra porque ya había negociado que “no tocaran su caja”. “La CGT hizo un acto el 1° de mayo y no dijeron nada de la reforma laboral, porque lograron que no les toquen la caja, que son las cuotas sociales. Esto lamentablemente es una negociación, y en esa negociación nosotros no tenemos acompañamiento. La ley laboral fue tocada, el período de prueba se extiende a seis meses y puede llegar a ocho o a un año, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Hay cosas positivas pero la CGT negoció bien que la cuota social no se tocara. Con las indemnizaciones, se va a crear un fondo de cese laboral, parecido al que tiene la construcción, pero tiene que estar dentro del convenio colectivo. También se hablaba del pago en hasta doce cuotas de la indemnización. Lo más importante de la reforma laboral es que eliminó sanciones y multas, lo cual es muy bueno”, señaló.

Quita de beneficios

De no rechazarse el artículo 111, Gallardó barajó la posibilidad de una quita progresiva de beneficios, similar a lo que se hizo con las textiles. “Ya pusieron el artículo 111 que busca eliminar los beneficios. Las textiles todavía no tienen la resolución que les otorga los beneficios y están sacando sus productos con seguro de caución, y en la prórroga les pusieron que les van a reducir los beneficios que tienen en un 2,3% anual. En diez años van a perder un 25% y eso son los derechos de importación. En la separata del 2023 las industrias perdieron el mayor beneficio que tenían con respecto a los impuestos internos y se bajó a un 50%. Con este artículo 111 es muy probable que haya una medida similar a la que se tomó con las textiles y que se quiera aplicar progresivamente una quita de beneficios a las empresas promocionadas. No es necesario eliminar el subrégimen, porque con el solo hecho de empezar a poner impuestos, a las empresas no les va a cerrar la ecuación y se van a ir sin necesidad de que les tengan que eliminar el subrégimen”, advirtió

Compra de insumos

Por otra parte, se lo consultó sobre las dificultades de las empresas para acceder a los insumos, pero planteó que el principal problema que origina la pérdida de puestos laborales es la recesión. “El gobierno anterior dejó una deuda de 58 mil millones de dólares para el ingreso de insumos importados. Se arregló a través de un título y la compra de insumos se puso en cuatro cuotas, a 30, 60, 90 y 120 días. Hace muy poco salió una resolución que permite a determinados insumos acortar los plazos a 30 y 60 días. Hoy no creo que sea un problema de falta de insumos, sino que el principal problema que tienen las empresas es la recesión que existe, porque hoy no hay ventas”, dijo.

Demora del FAMPF

También se refirió al perjuicio que está ocasionando la demora en la aplicación del fondo de la matriz productiva fueguina. “Se tendría que haber empezado a aplicar hace rato, pero no pasó nada. La empresa que creó el Estado Terra Ignis ni siquiera se puso en funcionamiento. Tierra del Fuego es rica, porque tenemos todos los recursos, pero hoy no tenemos la infraestructura. No tenemos un puerto ni la energía suficiente. La prórroga del subrégimen fue para las empresas que ya estaban instaladas, y en Tierra del Fuego no se puede instalar nadie bajo la ley de promoción, por eso el RIGI –Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones- también nos va a perjudicar, porque del Estrecho de Magallanes para arriba pueden traer inversiones y acá nosotros tenemos que ver cómo calzar con esas grandes inversiones que van a tener beneficios. Eso fue aprobado en la ley bases. Muchos dicen por qué no se libera el cepo, pero el principal problema que tiene el gobierno es que, si libera el cepo, muchas de las grandes empresas multinacionales que están en Argentina y otras que tienen filiales en el extranjero, serían las principales compradoras de las divisas y la misma se dispararía, porque devolverían a sus casas matrices los préstamos, regalías o utilidades que no pudieron mandar al extranjero. Este es el principal peligro por el cual hoy no se libera el cepo”, concluyó.