Río Grande.- El legislador Eduardo Barrientos analizó ayer “con preocupación” el proceso de aceleración que se ve en el deterioro de la gestión Ríos, ya en retirada, aunque consideró que era “un final anunciado”.
Alertó sobre la herencia que tendrá quien deba tomar el gobierno, con un desequilibrio en las cuentas que no se corrigió, irregularidades de todo tipo y un presupuesto que se destina a sueldos.
“Lo vemos con preocupación pero como el lógico resultado de la falta de gestión y de un proyecto político que acomode la provincia”, dijo ayer el legislador justicialista tras la denuncia por presuntos delitos en el uso de fondos de Educación, cuando hace poco se conoció la condena por corrupción contra el ex presidente del IPRA.
“Lo que está pasando era un final absolutamente anunciado. Es preocupante en ese sentido y, a partir de lo que estamos viendo en el presupuesto, luego de siete años de gobierno van a dejar una herencia absolutamente pesada al próximo”, sostuvo.
Recordó que “cuando eran oposición denunciaban, planteaban falta de gestión y de proyecto político a los demás gobiernos, y no han hecho nada para mejorar esta situación. Una de las mayores críticas que hacían era al Megapase, que era el ingreso de planes de empleo a gobierno. Si no lo igualaron, lo están superando ahora”, afirmó.
Indicó que desde el gobierno usan “una excusa” para justificar que no ingresa gente, “pero van cubriendo las vacantes que se generan, además hay un aumento de la planta docente, de las plantas de seguridad, y no se ha respetado el ingreso de personas de planes que hacían la limpieza en el hospital para el ingreso en Salud”.
Desde su rol en la Legislatura, aclaró que acompañó “todas las herramientas, no por este gobierno, sino porque tenemos que velar por los intereses del conjunto. En el marco del juicio político a la gobernadora, quien pidió el enjuiciamiento político fue este legislador y no he tenido intenciones de salvar este gobierno. Claramente estoy en las antípodas y cada cosa que uno va denunciando muestra dónde estamos posicionados”, remarcó.
Pero observó que, de no haber colaborado con las herramientas, hubiera sido incontrolable la situación. “Si no acudíamos durante el conflicto en la Casa de Gobierno cuando estaba tomada, no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Las cosas que hacemos muchas veces terminan siendo inútiles, porque se arregla una cosa y surge otra. Y parece que se mantiene un conflicto permanente como forma de gobernar”, cuestionó.

Horas cátedra, documentadas

Respecto de la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto educativo y las más de cien mil horas cátedra que aparecen sin autorización, Barrientos ante todo destacó “el buen trabajo que está llevando adelante el Tribunal de Cuentas, que dio origen a la denuncia de una legisladora ante la justicia. Ya el gremio había impulsado una denuncia porque estaban advirtiendo esta situación. En los últimos años, cada vez que hablábamos de horas cátedra, muchas veces faltaba fundamentación técnica. Muchos lo veíamos como uno de los lugares donde no se estaba invirtiendo correctamente el dinero de Educación. A partir de esta auditoría se ve claramente la situación y va a ser la justicia quien va a determinar cómo se sigue adelante”, confió.
“Ahora se va a poder poner blanco sobre negro y esperemos que la justicia tenga el tiempo necesario para avanzar en esta situación”, dijo, reclamando “celeridad” para determinar las responsabilidades.
Consultado acerca de si prevén citar a la ministro Sandra Molina, dijo que no pudo participar de la reunión de comisión de presupuesto por no estar en la provincia y todavía “no hubo una charla entre los legisladores para consensuar si se la va a convocar”.
No lo cree pertinente tampoco, porque “la situación ahora está en el marco de la justicia y uno debería esperar cuál es la resolución”.

Salud desmantelada

Por otra parte, tras la reunión con la nueva ministro de Salud Adriana Chapperón en la Legislatura, Barrientos expresó sus reservas frente a “este último presupuesto que va a ejecutar este gobierno, que representa la herencia que va a dejar en 2015. Estuvo en los últimos siete años ejerciendo el poder y casi la totalidad del presupuesto se va a pagar salarios. La única reflexión que a uno le queda es que no han tenido la capacidad de modificar la realidad que tenemos, que no han tenido un proyecto sino un esquema de supervivencia. El deterioro en toda la infraestructura de Salud no hace falta que lo cuente porque se ve en el día a día”, dijo.
Consideró a Chapperón como “una profesional comprometida” pero agregó que “después de las palabras de la gobernadora muy poco margen debe tener, porque Ríos dijo que la que establece la política de salud es ella. Teniendo en cuenta esas mismas palabras de la gobernadora y viendo cómo deja nuestra provincia, la verdad uno de los mayores fracasos de este gobierno ha sido la salud pública”.
“La infraestructura los recursos humanos y los insumos se han ido deteriorando, mientras fueron creciendo los efectores privados. Esto es consecuencia de este gobierno: han borrado todo el codo lo que escribieron con la mano cada vez que ocuparon un lugar de poder”, fustigó.

Fondos YSUR

En cuanto al ingreso de diez millones de dólares como primera cuota del canon de permanencia, tras la extensión del contrato con YSUR, el legislador aseguró que se le intentará dar un destino específico.
“Hay intenciones de trabajar de parte de varios legisladores en esto y esperamos hacerlo en la próxima sesión, porque nos parece que a ese dinero extraordinario hay que buscarle un destino que no sean gastos corrientes, sino que sirva para avanzar en algo. No puede ser que solamente sea para salarios. Es una buena oportunidad para saldar parte de la deuda que se tiene con el IPAUSS”, manifestó.
Recordó que la deuda previsional “es una deuda extraordinaria y este es un ingreso extraordinario, que se puede usar para cancelarla en parte. Estamos trabajando en varios proyectos, uno de ellos es para reacondicionar el colegio José Martí”, apuntó.

Cerro Castor

Finalmente se le consultó sobre la situación de la concesión del Cerro Castor, que había motivado un pedido de informes. Tras la renuncia de Marcelo Echazú a la presidencia del INFUETUR, todavía esperan conocer datos esenciales que no pudo responder sobre esta concesión.
“Estoy esperando que tome estado parlamentario la profundización del primer pedido de informes que hice, donde pido una aclaración más específica y contundente de estos temas. Apenas los tenga en manos voy a poder emitir mi opinión. A uno como primera visión no le queda muy claro que el promedio de pago del Cerro Castor no pase de 120 ó 130 mil pesos por mes. Nos parece exiguo por el tamaño del negocio del que estamos hablando”, sostuvo.
Indicó que “hubo un primer pedido de informes y las respuestas no quedaron claras, por eso solicitamos un segundo informe y vamos a seguir adelante con estas cuestiones, porque es la mayor concesión turística de la provincia y no puede ser que no se sepa lo que se cobra ni el tiempo de concesión”, concluyó.