Río Grande.- El contador Ramón Gallardo dio detalles al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia del informe oficial sobre el fondo de ampliación de la matriz productiva, que lleva recaudados solamente 46 millones de dólares, cuando se había estimado una cifra superior a los 100 millones.
“Recibí un informe que dice que desde noviembre de 2022 a marzo de 2024, la recaudación que se tuvo fue de 46 millones de dólares. Se han presentado proyectos del gobierno, de los municipios y de privados, que son en total 41 proyectos, por un monto de 125 millones de dólares, casi tres veces de lo que se recaudó”, dijo.
“El informe habla de noviembre de 2022 y el aporte era retroactivo al 1° de enero de ese año, por lo cual no sé si la información es parcial, hubo un error de fecha, o hubo alguna modificación de la que no estoy al tanto. No es lo que se esperaba la recaudación, porque se habían estimado 100 millones de dólares en 2022, pero esa es la información oficial que tenemos”, expresó.
Dentro de los proyectos que se han presentado, indicó que “el 30% es del sector público y el 70% es del sector privado. En el sector público se ha apuntado mucho a la infraestructura, el gobierno apuntó a la energía; el municipio de Río Grande apuntó a la mejora del parque industrial, y hay una gran cantidad de proyectos. Los proyectos del sector privado tienen que estar orientados a la ampliación de la matriz productiva y los fondos tienen que estar destinados a agricultura, ganadería y pesca, silvicultura y actividades industriales conexas, actividades agroindustriales, turismo, actividades logísticas vinculadas con la Antártida, hidrocarburos y sus derivados y otros que sean aprobados por el comité. No he visto ningún proyecto que no esté relacionado con las empresas que están bajo el subrégimen industrial. En general muchos se han orientado al turismo, como inversiones en hoteles de lujo, viviendas, y otros a la agricultura y ganadería. El resto son actividades en bosques, explotación de turba y hay un solo proyecto sobre pesca. La mayoría están orientados a hoteles y viviendas para el turismo”, aseguró.
“Ante una recaudación de 46.150 millones de pesos, si restamos el 3% para el funcionamiento del comité ejecutivo, nos quedaría un neto de 46.011 millones. De eso, un 60% se destinaría a proyectos de agricultura y ganadería, que serían 27.607 millones; y un 40% al sector público, que recibe préstamos que no son reembolsables, por 18.404 millones de pesos”, detalló.
Recordó que el decreto de prórroga “dice que hay que destinar un tercio para el sector que no esté relacionado con empresas del subrégimen industrial, es decir que cualquier particular puede presentar proyectos, y son 5.372 millones de pesos, pero no existe ninguna persona física ni jurídica que no esté relacionada con el subrégimen industrial. Es muy posible que esto haya ocurrido como consecuencia de la falta de información y que tenían esto en una caja cerrada. El común de la gente, que no es una empresa industrial, no tuvo acceso a presentar un proyecto”, lamentó.
Lo cierto es que los fondos no alcanzan para los proyectos presentados tanto por el gobierno como por los municipios. Además “en el anexo hay errores porque figuran montos en pesos y entiendo que son en dólares, porque el centro logístico de Río Chico dice que cuesta 5.402 millones; la energía solar dice 1.200.000, que es un sueldo. Hay algo que no cierra”.
“Este informe menciona a las empresas que adhirieron a la prórroga del subrégimen industrial y pone el aporte realizada por cada una desde noviembre de 2022 hasta marzo de 2024. Hay nueve empresas que, si bien adhirieron, no hicieron ningún tipo de aporte, y ahí están Audivic y Renacer. Esto es consecuencia de que en el mismo decreto, cuando se solicitó la adhesión, pedía que las empresas hayan iniciado actividades antes del 23 de octubre de 2021. Estas empresas habían iniciado actividades antes de esa fecha, pero seguramente a partir de enero del 2022, cuando se tenía que hacer el aporte, esas empresas ya no estaban trabajando, con lo cual hay nueve empresas que no tienen ningún tipo de aporte a este fondo. Seguramente en este momento están suspendidas o están cerradas”, barajó.
En cuanto a las textiles, señaló que “el informe dice que hay once textiles que solicitaron la adhesión pero que todavía no la tienen, y es obligatorio el aporte, que no existe todavía. Las empresas textiles adhirieron todas y tenían que allanarse a no iniciar acciones judiciales o administrativas contra el Estado. Muchas renunciaron a eso y se adhirieron, lo que sucedió después es que empezaron a exigirles documentación que todavía están presentando, para que les den la adhesión. Mientras tanto las textiles están sacando los productos con un seguro de caución. De no aprobarse la adhesión a la prórroga, tendrían que devolver todos los beneficios”.

Aumento de tarifas

Respecto del aumento de la tarifa de gas, dijo que “hubo un incremento que va del 1.000 al 1.200%. Como presidente de la Cámara Fueguina de la Madera, tengo aserraderos en la ciudad de Tolhuin. Muchos aserraderos se mantenían con la fabricación de palets y fueron afectados por los cortes de luz de Ushuaia, que ha hecho que muchas empresas radicadas ahí no pudieran trabajar y no demandaran los palets. Hay muchos aserraderos en Tolhuin con actividad prácticamente nula y los que secan la madera y necesitan del gas, pasaron de pagar 50 mil pesos a pagar 510 mil. A otras empresas les resultó más conveniente darle licencia al personal, a la espera de que esto se reactive, porque les sale más barato que tener al personal en la empresa y darle alimento y vivienda. En el caso particular mío tuve un 1.180% de aumento en el gas”, precisó.
Ante la posibilidad de que el gobierno fueguino sume un recurso de amparo, como lo han hecho las provincias de Santa Cruz y Entre Ríos, además de algunos municipios del país, se le consultó si van a mantener contacto como Cámara. “Hasta ahora no hemos tenido contacto. Yo asesoro a la Cámara de Comercio y por el momento nos enteramos de las tarifas el fin de semana”, dijo.

Reducción de tasas

Por otra parte, como integrante del sector pymes de la UIA, dijo que “desde la Unión Industrial Argentina se le dio apoyo a la reforma laboral y se está pidiendo que existan algunas medidas ante el freno de la actividad de todos los sectores. Una de las cosas que puede favorecer es la baja de la tasas en los bancos, ya se están viendo créditos hipotecarios y, si bien la tasa del plazo fijo es de un 4%, ha bajado muchísimo y es muy probable que siga bajando. Esperemos que eso se estabilice y se logre una recuperación del crédito para el sector industrial”.
“Cuando asumió este gobierno la tasa de las Leliq era del 133%, que es un título que tiene el Banco Central, y con eso absorbía toda la plata que andaba en exceso para no generar inflación. Los bancos captaban la plata de los plazos fijos y de las SIRA y se la prestaban al Central, con una tasa del 133%. Con el nuevo gobierno los bancos en general cambiaron esas operaciones de Leliq, achicaron los plazos y pusieron la plata en otro tipo de operaciones, que se llaman operaciones de pase, a 24 y 48 horas. El gobierno vio esta situación y sacó una circular donde dice que a partir de determinada fecha no van a renovar más las operaciones de pase, con lo cual las entidades financieras quedaron haciendo señas. Fue así que el Banco Central empezó a bajar la tasa, de 133% bajó a 110%, luego al 70% y ahora la tiene al 50%. Todo está orientado a meter el déficit en caja, porque el Estado estaba pagando por un dinero que no estaba usando, lo tenía guardado y se lo pagaba a los bancos. Lo que se hizo con esto fue una licuación del pasivo que tenía, pagando el 50% con una inflación que supera el 100%. En ese camino cayeron los plazos fijos de toda la ciudadanía. Hoy los bancos tienen que competir y ya no se ve una unificación de tasas, sino que algunos pagan más y otros menos, no solamente a los plazos fijos sino también para los préstamos”, agregó.
“Siempre se dijo que había que poner el déficit en caja y fue lo que se hizo. Lamentablemente eso lo pagamos todos, porque como consecuencia estamos pagando las tarifas que pagamos y se han tenido que achicar una serie de gastos, pero también este gobierno no contó con las herramientas necesarias que podrían haber suavizado esto, como la ley bases. Los mayores ingresos estaban contemplados en la ley bases, en base a un blanqueo de capitales. Hay más de 361 mil millones de dólares que tenemos los argentinos bajo el colchón y se planteaba una alícuota del 0,05% para operaciones de más de 100 mil dólares. Esto mejoraría los ingresos del Estado y no tendríamos que pagar los platos rotos la clase media. Otra herramienta era la moratoria, otra el impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales. Era una batería de herramientas que permitían suavizar el impacto. Siempre se dijo que, de lograr un superávit, iba a haber una baja de los impuestos, una reforma laboral y a posterior se iba a abrir el comercio exterior. Lamentablemente hay sectores donde se abrió la importación para bajar los precios colocados a un dólar que realmente era excesivo”, opinó.
“Todas las pymes están sintiendo una recesión y acá no hay sector que se escape de esta situación, pero muchos son conscientes de que era un mal necesario y ojalá podamos lograr el famoso crecimiento y se puedan recuperar”, deseó.

Recuperar confianza

También planteó “un tema común en los empresarios que producen, y es que todos están vendiendo a 30 días, y están esperando que se recupere la confianza para que les vendan a 30, 60, 90 y 120 días. Hoy eso no existe y es uno de los principales problemas, pero creen que esto se va a lograr”.

Pocos proyectos de desarrollo

Por otra parte fue consultado sobre las declaraciones del legislador de Somos Fueguinos Raúl Von der Thusen, que le reclamó al gobierno fueguino la presentación de proyectos que apunten a la ampliación de la matriz productiva. “Yo presenté un proyecto al gobierno de cómo mejorar la matriz productiva y justamente en este informe sobre el FAMPF los proyectos fueron al turismo, a hoteles de lujo y viviendas para turistas; y hay otros proyectos apuntados a la cría de ganado bovino y toda su cadena. El resto no está orientado a la agricultura, la silvicultura, los bosques, la turba, y no hay proyectos en ese sentido. Todos los proyectos están relacionados con empresas que están promovidas, y no existen otros sectores, ni hablar de inversiones en hidrocarburos y otras actividades agroindustriales. Esto se hizo de una manera muy cerrada, nadie lo conoce, salvo las empresas que están bajo el subrégimen industrial”, cuestionó.
“El comité ejecutivo –que cuenta con un representante de Tierra del Fuego- dice que va a dar prioridad a aquellas empresas que presenten proyectos para la producción que no requieran de ningún beneficio adicional, es decir que sean autosustentables, y que puedan competir en igualdad de condiciones con el continente, es decir que no requieran de las 19640. El 40% debe estar orientado a obras de infraestructura que tengan que ver con el desarrollo productivo de la provincia, esos fondos no son reembolsables y son para el sector público. Es decir que los proyectos del gobierno y las municipalidades tienen que estar orientados al desarrollo productivo, a la reducción de costos logísticos, a la competitividad, y a la infraestructura productiva. En su momento le agregaron el ordenamiento territorial, donde pueden meter hasta pavimento. Deben ser proyectos que ayuden al desarrollo productivo de la provincia, como por ejemplo, el parque industrial de Tierra del Fuego y la energía. El municipio de Río Grande pidió un nuevo frigorífico y ese proyecto está aprobado”, concluyó.