Ayer se concretó una reunión que fue impulsada por un grupo de madres y padres del CPET, luego que trascendiera el audio donde un alumno advertía: “no vengan el viernes, va a haber tiroteo y dependiendo de cuántas muertes haya, vemos si nos matamos o no”. Después de la reunión, los directivos dijeron que pretendían resolver el tema “puertas adentro”; los padres ratificaron una gran preocupación y las docentes advirtieron que no fueron notificadas fehacientemente por los directivos, de lo que estaba sucediendo. El Ministerio Público Fiscal y el Juzgado de Familia y Minoridad intervienen en el hecho.

El arquitecto Alberto Ibarra aseguró que los malos olores que se sintieron sobre todo en la zona céntrica y en la costa de Río Grande, se debieron a las condiciones climáticas y no a alguna anomalía en las instalaciones. Habló sobre diversos temas inherentes al área a su cargo, entre ellos la necesidad de financiamiento nacional para hacer el recambio de cañerías en el casco viejo. Destacó las óptimas condiciones en que se encuentra la provisión de agua, con un consumo pico en invierno de un millón seiscientos mil metros cúbicos por horas, ampliamente superados por la capacidad de producción de tres millones de litros por hora.

La presidente de la Dirección Provincial de Vialidad aseguró que la ruta 7 está en condiciones de habilitarse desde el 23 de mayo, pero el expediente se encuentra trabado en el área Legal y Técnica, donde se analiza el convenio firmado por el gobernador Melella con la estancia Cabo Peña. El peaje por el uso de la ruta es el punto de inflexión para definir la apertura y, de acuerdo al convenio, la provincia debería pagar cinco millones mensuales a la familia Paz. Fue suscripto cuando ya estaba vigente la ley de expropiación de esas tierras, por lo que se analiza la legalidad. La funcionaria habló además de la tarea que siguen llevando adelante para mantener las rutas, pese a la deuda de 350 millones de pesos que acumula Vialidad Nacional desde marzo del 2024.