Río Grande.- “A nadie se le puede escapar que las reformas constitucionales han sido para perpetrarse en el poder”, señaló al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia el Dr. Raúl Aciar, consultado sobre su postura frente al planteo del oficialismo, que tuvo eco en la conformación anterior de la Legislatura provincial. “Yo soy uno de los que están en contra. No hay por qué decir que tenemos una Constitución vieja y no cuadra la reforma de la ley fundamental, si se habla seriamente. A nadie se le puede escapar que las reformas constitucionales han sido para perpetrarse en el poder. Ahora dicen que quieren que los legisladores tengan el mismo período que el gobernador, pero eso no tiene nada que ver, no hay muchas constituciones donde los legisladores tienen el mismo plazo que los gobernadores. Son todos slogans para conseguir el segundo objetivo”, expresó.
“No sería propio que en una época de crisis como la que tenemos, con mucha gente que se ha quedado sin trabajo y no tiene para comer, se genere semejante gasto, como si fuera una cuestión de tratamiento urgente. Creo que primero hay que arreglar la cuestión económica, estabilizar el mercado de trabajo y, si hiciera falta, después dedicarse a modificar la Constitución”, planteó.
“Además, si la Constitución que tenemos se cumpliera, no debería haber ningún tipo de las necesidades que se postulan como coyunturales. Tenemos una Constitución que es joven y que además no se cumple en varias de sus partes, que son esenciales para el funcionamiento sano de la provincia. Soy consciente de que hay pocos que decimos esto, más allá de que hay una gran porción de los políticos provinciales que están en contra”, observó.
Dado que ya se utilizaron las cartas orgánicas para un tercer mandato, tanto de Jorge Garramuño, como de Walter Vuoto y de Jorge Martín, consideró que “eso exime de comentarios. Hay que ser muy tonto para pensar distinto y creo que ahora no es distinto. Así como vamos, podría ocurrir que se reforme alguna institución que después funcione distinto a lo que el constituyente ha querido”, dijo de la intención de reformar facultades del Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado, entre otras.

Crisis energética

En cuanto a la crisis energética en la capital fueguina, l atribuyó a “una gran negligencia en el mantenimiento de los aparatos productores de energía. Según lo que se supo, toda esta caída de energía tiene que ver con falta de mantenimiento y con no hacer las gestiones que tiene programada la turbina mayor. Esto es una cuestión de responsabilidades y tiene una gran afectación. Todos sabemos que Ushuaia es una ciudad turística y hoy no se concibe una ciudad turística sin energía eléctrica, esto es espantar a los turistas que están buscando una recreación. Además hay otra cuestión que tiene que ver con la ciudadanía, porque todos pagamos la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, y nadie nos va a devolver la porción correspondiente al alumbrado que no nos ha sido suministrado. No sabemos qué va a pasar con toda la pérdida que han tenido las industrias, los comerciantes y los demás operadores de la provincia con motivo de la falta de energía. Lo más absurdo en este contexto, es que todo el tarifario de energía eléctrica viene con un incremento considerable. Estas cosas demuestran una administración muy cuestionable”, dijo.
“Con respecto al gas, nuestra provincia es productora y no se entiende que a nosotros nos cueste más caro que al resto. La provincia es la dueña del petróleo y del gas, y toda la cuestión de intermediación que tienen las empresas que distribuyen, es un aparataje necesario para que el gas que sale del pozo llegue hasta el medidor de cada una de las casas. Esto no se concibe así, porque resulta que el distribuidor, que tiene un porcentaje mínimo del costo del gas, es el que se impone con los aumentos y con la tarifa. No hay una lógica en eso ni sentido común. Los dueños del sistema de producción y reparto llevan siempre mucho más dinero y ganancias”, cuestionó.
Anticipó un resultado favorable en la justicia, a partir de los amparos que se están presentando. “La Fiscalía de Estado va a hacer la presentación y estas son presentaciones que hay que hacerlas con la consistencia necesaria, y entiendo que va a haber un resultado positivo, porque la situación común que estamos planteando así lo impone”, manifestó.

Causa en Tolhuin

Finalmente se refirió a la decisión del Fiscal Mayor Martín Bramati de imputar a cuatro concejales de Tolhuin, Matías Rodríguez, Jeanette Alderete, Rosana Taberna y Marcelo Muñoz, por malversación de fondos y encubrimiento. “En realidad esto está empezando. La política del descrédito no sirve para nada, porque también puede ocurrir que si alguien desacredita a otro, y resulta que no es cierto lo que se pone como elemento de descrédito, lo que está haciendo es hacerle propaganda gratis al que ha desacreditado. La causa recién empieza y parece ser que ha habido una investigación del fiscal Bramati, que ha generado que el juez de la ciudad de Tolhuin notifique de derechos y garantías a los presuntos responsables. Esos presuntos responsables van a tener todo el derecho de defensa que la Constitución les provee, y todo lo demás que se ha dicho no sirve para nada. Leí también que el Dr. Bramati tenía una serie de antecedentes, que tenía investigaciones internas en la justicia y que yo sepa todo eso no existe. Me parece que es todo un invento, por eso digo que, si se saca a la luz todo esto y resulta que no es así, le están haciendo una propaganda gratis a Bramati fenomenal. El problema de todas estas idas y vueltas, es que todo esto hay que decirlo con hechos consumados. Hay que mostrar los papeles, si no, todo queda en veremos y se genera un descrédito de la persona de la cual se está hablando. Hoy en día no tiene mucho contenido y hay que esperar a ver qué surge de las investigaciones”, propició.
“Además hay otra cuestión para poner de relieve, y es por qué no se dijo antes lo que se está diciendo ahora del Dr. Bramati. Esto recién empieza y me parece que no es el momento de sacar conclusiones. Hay que tener una noción de tiempos judiciales y además toda persona imputada tiene siempre su derecho de defensa y sabrá ejercitarlo y conseguir sus resultados. No es momento de salir a adoptar una postura de víctima de una justicia injusta y no tiene mucho sentido ahora. Los concejales son los primeros que tendrían que salir a aclarar en lugar de señalar con el dedo apuntador. Todo aquel que tiene un cargo público tiene una responsabilidad mucho mayor que el ciudadano común, de modo tal que no es ofensa que sea criticado. Están para servir al ciudadano y por eso es mucho más responsable, como está dicho en varios fallos judiciales. Esto es lo que hay que poner en su lugar. El funcionario público está mucho más expuesto y es responsable porque ha querido ocupar el cargo. También hay una cuestión de amarillismo y se ponderan cuestiones que no son ponderables”, señaló.
“Yo conozco al Dr. Bramati desde hace mucho tiempo y los abogados sabemos el detalle de los funcionarios públicos. Tengo que decir que no hay nada que observarle, ha hecho siempre su tarea y es una persona confiable. No soy un tipo de regalar elogios, lo que estoy diciendo es lo que conozco de su trabajo”, concluyó.