Los detalles de los abusos con los certificados médicos presentados por trabajadores estatales son escandalosos, como también la complicidad de los profesionales que participaron de la estafa al erario público. Ayer el Secretario de Planificación y Gestión Política de Salud reveló que un psicólogo prescribía “tareas recreativas” para un supuesto problema de salud mental, y que encontraron dos falsos médicos, uno de los cuales ejercía hace tiempo como cardiólogo y es parte de la lista de los que firmaban licencias “truchas” prolongadas. Otros emitían certificados “a distancia”, sin revisar a los pacientes, que gozaban de buena salud fuera de la provincia. Sólo en el último año de la gestión Ríos hubo 380 millones de pesos pagados a empleados que no fueron a trabajar por algún problema de salud, justificado o no. Este año y a la fecha, la cifra se redujo a 72 millones, con un promedio de 200 certificados diarios presentados en Río Grande. La mayoría de los profesionales involucrados son del sector privado y, a razón de una consulta promedio de 500 pesos para la atención particular de un especialista, los certificados médicos podrían ocultar un importante negocio detrás. Ahora la investigación está en manos de la justicia.