Trabajadores del Puerto de Ushuaia exigieron el fin de la intervención nacional que rige desde hace más de ocho meses y cuestionaron la postura neutral, asumida por diversos sectores locales. Tras convocar formalmente a mesas de diálogo a las cámaras de comercio y turismo sin obtener respuesta directa, advirtieron sobre la gravedad de la fuga de recursos económicos y las irregularidades ambientales en el predio. Ante la falta de avances en obras y la proximidad de la temporada alta, no descartaron profundizar las medidas de fuerza en defensa del principal recurso de Tierra del Fuego.

En el marco de la intervención del puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), la legisladora por el Partido Verde, Laura Colazo, presentó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Producción y Ambiente para conocer la situación real del control de las normativas vigentes. La parlamentaria sostuvo que el Poder Ejecutivo no ha recibido precisiones sobre el ingreso de los inspectores provinciales y criticó la postura del Gobierno nacional. Asimismo, repasó las diferentes iniciativas vinculadas con la agenda ambiental en la provincia, la situación de las áreas protegidas y destacó los proyectos comunitarios de producción agroecológica que lleva adelante en Río Grande.

El Tribunal de Juicio otorgó la libertad condicional al imputado Enoc Perpetto Silva tras convalidarse una omisión de debate que incluyó una reparación económica en dólares hacia la víctima y su actual pareja, quien también habría sido amenazado. El polémico fallo de las juezas Verónica Marchisio y Natalia Buitrago (subrogante), con el voto en disidencia de Eduardo López, contó con la llamativa convalidación del fiscal Ariel Pino —en reemplazo de la fiscal original, Mónica Macri—, la defensa de los abogados Maximiliano Palladino y Francisco Ibarra, y el consentimiento del abogado querellante Francisco Giménez.