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| Lunes 1 de agosto de 2011 |
| Raimbault calificó de “absolutamente oscura” la política del gobierno |
| Renegociación de contratos “en la línea de la ilegalidad” |
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El legislador Manuel Raimbault advirtió que la política del gobierno en materia de hidrocarburos roza la “línea de la ilegalidad”. Tras la apelación al fallo que obligaba al Ejecutivo a entregar documentación a los legisladores, el parlamentario reclamó transparencia y rechazó todo intento de negociación reservada. “La negociación en forma secreta es sencillamente una negociación a favor de las empresas”, manifestó. Además calificó de “aberrante” el plan de contingencia frente a la falta de agua en Ushuaia. |
Río Grande.- Mientras la Cámara de Apelaciones debe decidir si da la razón al gobierno o ratifica la sentencia que ordenó entregar documentación sobre contratos petroleros, el legislador Manuel Raimbault volvió a la carga sobre el tema y advirtió que con la política que se lleva adelante se está “rozando la ilegalidad”.
“Lamentablemente este es uno de los temas que no genera claridad en el gobierno, y lo digo desde una perspectiva de ayuda –aseguró el representante del bloque Encuentro Popular por FM Artika-. Me parece que debería revertirse y cambiar la política en materia de renegociación de contratos que está teniendo el gobierno, porque es absolutamente oscura, está en la línea de la ilegalidad y debiera ser revertida a tiempo”.
Recordó que la ley de hidrocarburos es de los años ’70 y “establece que las concesiones de exploración o explotación de yacimientos de hidrocarburos pueden ser renegociadas siempre y cuando se acredite, a su vencimiento, que se hayan cumplido debidamente las condiciones del pliego. Esto significa, primero que tiene que existir un contrato sujeto a término y después que ese contrato haya sido bien cumplido”, señaló y citó como ejemplos de cumplimiento el pago de impuestos, y la realización de las inversiones que correspondieran.
Subrayó que “la posibilidad de la renegociación está ligada a la existencia del contrato, y además a la exigencia de que haya sido debidamente cumplido”, al tiempo que dio cuenta de las gestiones de su par de bancada Verónica De María para obtener documentación: “Cuando se inicia el proceso de renegociación de los contratos, la legisladora De María, por todo el bloque y para empezar a evaluar estos puntos, solicita al Ejecutivo que manden una copia certificada de los contratos que intentan renegociar. La respuesta inicial fue ‘no se lo queremos dar porque no lo consideramos el momento oportuno’. Frente a esa respuesta, se recurrió a la justicia mediante la ley de acceso a la información, y se piden los contratos por intermedio de un juez”, dijo.
Observó que en ese momento el gobierno “cambia el eje del discurso, de ‘no se los queremos dar por ahora’ a ‘no están los contratos, no existen’. En el mismo momento el senador (José) Martínez pide al gobierno nacional la documentación, y en la Cámara de Senadores dicen que los contratos existen y los mandaron a Tierra del Fuego”.
Paralelamente y mientras en el Senado se hacían estas gestiones, la jueza civil de Ushuaia hizo lugar a la demanda y “le pidió al gobierno que nos dé los contratos. Es decir que hay ya una exigencia judicial de que nos den los contratos y sin embargo todavía seguimos sin verlos”, sostuvo.
Apelación y secreto
Raimbault cuestionó la decisión de apelar esa sentencia de primera instancia y que desde comienzos de año a la fecha todavía la Legislatura no pueda tener la documentación. El gobierno “le dice a la Cámara de Apelaciones sencillamente que los contratos no existen y no nos los van a dar por esa razón. Pero si no existieran esos contratos, lo que no podría hacerse es la renegociación, porque supone la existencia de contratos. Si no hay contratos, no hay nada que renegociar y no habría esa posibilidad”, planteó el parlamentario.
Para el legislador “lamentablemente el gobierno no logra sortear el primer escollo, que es que nos muestren el contrato que intentan renegociar. En este punto me parece que hay una discusión de fondo que es terrible: que lo que intenta hacer el gobierno es extender los beneficios que tienen las empresas petroleras aun sin contrato. Las concesiones actuales que se intentan renegociar, son las concesiones por las que se entregó YPF a algunas empresas muy concentradas con intereses petroleros por parte del menemismo. O sea que si lo que se intenta hacer es extender la vigencia de eso, lo que se intenta es extender la vigencia del menemismo, después del menemismo”, argumentó.
Consideró que la situación de las concesiones es “quizás el único aspecto que aun perdura de la política del menemismo en la Argentina, la privatización de los recursos naturales especialmente en lo que ha sido exploración y explotación de hidrocarburos”, y afirmó que “el gobierno está a tiempo de revertir esta situación, porque está claro que lo que está haciendo no lo puede hacer. Se evitaría una discusión que va a ser absolutamente infructuosa, y que tal como está planteada es solamente para beneficio de las empresas petroleras”.
Por el contrario, para el legislador hay que “discutir otras alternativas” y desde el bloque “estamos planteando desde hace bastante tiempo que exista una empresa del Estado, y nos gustaría que eso pudiera avanzar también”, apuntó sobre la creación de una Sociedad del Estado para el manejo de hidrocarburos, proyecto reflotado de la gestión anterior del bloque ARI.
Consultado sobre la explicación que el secretario de Hidrocarburos Eduardo D’Andrea dio a la prensa sobre este tema, hace algunos meses atrás, cuando planteó el “secreto” que debía resguardarse respecto de ciertos datos, Raimbault expresó que “la negociación en forma secreta es sencillamente una negociación a favor de las empresas. Todos los países que han mejorado la posibilidad de negociación con sectores muy fuertes de la economía, es porque han abierto la negociación a su pueblo. El mejor ejemplo es Bolivia”, dijo, e insistió en que “la única manera es transparentar la negociación, además no hay posibilidad del secreto en una república y están equivocados si creen que la negociación de los intereses estatales tienen que ser reservados o secretos”.
Deudas con reclamo postergado
Finalmente se le preguntó sobre las deudas de las empresas petroleras, que hace varios meses fue certificada por el Dr. Christian Durrieu, a pedido de la gobernadora, pero que todavía no se reclaman formalmente. El legislador expuso sus sospechas en torno a esta demora, y la entendió como un intento de “negociar” esas deudas.
“El solo hecho de que los funcionarios de Hidrocarburos hablen de ‘presuntas deudas’ es una debilidad en la negociación, porque no tienen ‘presuntas deudas’, tienen ‘efectiva deuda’. Lo que debieran hacer es certificar inmediatamente la deuda. Si a pesar de que ya les dijeron de cuánto es la deuda, todavía está especulándose con la certificación, la conclusión que uno tiene que extraer, lamentablemente, es que también están negociando la deuda. Lo que hay que hacer es certificar la deuda, decir cuánto es y hacérsela pagar”, enfatizó.
“Si estoy renegociando, sabiendo que el contrato no está debidamente cumplido y pongo el incumplimiento en la mesa de negociación, por ejemplo la deuda, entonces estoy trabajando para las empresas”, reiteró en clara alusión a los responsables del área de Hidrocarburos, además convencido de que la deuda existe desde hace tiempo.
“Uno tiende a pensar que también están negociando la deuda, porque si hubiera deuda tampoco puede haber renegociación. Si hay deuda, uno de los aspectos del contrato no lo cumplieron y no pueden renegociar”, sentenció.
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Un “aberrante” plan de contingencia
Agua que no has de beber
La forma en que el gobierno intenta paliar la crisis desatada por la falta de agua fue considerada “aberrante” por el legislador Raimbault. Sobre todo llamó la atención a los funcionarios que responsabilizan al usuario y hasta le exigen la limpieza de los tachos que fueron repartidos, y tenían aceites.
“El lunes vamos a presentar una propuesta para intentar aportar y vemos si encontramos una solución a través de un proyecto de ley. Me parece que por parte del gobierno hay un déficit enorme en lo que es la consideración del servicio y la consideración del usuario”, dijo Raimbault sobre la crisis desatada en la capital fueguina y el cruce de acusaciones en las que resulta responsable, para el Estado, el propio usuario.
“He escuchado varias explicaciones y todas son bastante insuficientes, sobre todo aquellas que apuntan a que la responsabilidad en la falta de agua proviene de parte del usuario. No hay posibilidad nunca de que la responsabilidad de la falta de agua la tenga el usuario del servicio. Debería replantearse la concepción que se está teniendo respecto de lo que es una empresa pública de provisión de agua, que últimamente es una empresa de provisión de argumentos de por qué no tenemos agua”, manifestó.
Indicó que desde el gobierno “no hay una dimensión exacta de la importancia del agua, de que es un derecho humano esencial”, y subrayó que “el agua potable es la primera política sanitaria que tiene cualquier país”.
Se escandalizó por el panorama que encontró en las caminatas de campaña: “En los barrios donde no tienen agua incluso se están generando intimaciones de corte de servicio por falta de pago. Deberían revisar estas cuestiones administrativas además. Hay un gran malhumor en esto y no creo que ese malhumor tenga una respuesta por parte de los funcionarios. Puedo comprender que las soluciones puedan tardar en aparecer, pero el funcionario debe tener otra actitud, y esta no es la mejor. La decisión de poner una suerte de tachos o aguateros en distintos puntos de la ciudad, es verdaderamente aberrante”, aseveró.
Las críticas se debieron a que no sólo se observaron y fotografiaron aceites y otras sustancias en esos tachos, sino que además la medida no resultó efectiva porque el agua de los recipientes se congeló. Para terminar de acrecentar el malestar, los funcionarios del gobierno optaron por exigir a cada vecino la limpieza de esos recipientes. “La exigencia a los vecinos de que además amolden y adecuen los tachos, la verdad es una provocación. Deberían revisar el mecanismo de comunicación en la resolución de la crisis. No pueden responder con un plan aberrante, y además decirles que lo deben completar los usuarios”, concluyó Raimbault.
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