Río Grande.- El pedido de juicio político contra la gobernadora Fabiana Ríos sería presentado por el abogado Alejandro de la Riva luego de algunas pericias judiciales que requirió. Intenta que se identifique el ingreso de dinero de la empresa de capitales chinos a la cuenta única del tesoro y su presunto uso para pagos que se realizaron ese día.
En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, aclaró que las nuevas medidas judiciales no son tales, puesto que las había requerido “en el mes de marzo”, cuando ingresó la denuncia penal.
“En aquella oportunidad solicité que la justicia requiera de una vez por todas la información que nunca aportó el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado”, dijo, privilegiando conocer la pericia que certifique “el extremo del depósito de un contrato que no está firmado”.
Se mostró seguro de que pueda comprobarse tras una actuación contable en qué momento ingresó el dinero y cuál era el estado de la cuenta corriente única del tesoro, y sostuvo que se basa en información que le brindaron: “Las cuestiones no las invento, es información que recibo y hay gente que confía más en mí que en las autoridades legalmente constituidas, por eso me da la información para que la haga valer en los ámbitos que corresponde”.
De esos datos, indicó que “en principio es cierto ya lo del depósito del dinero”, por lo que falta certificar “si el día que se depositó ese dinero sirvió para cubrir una situación financiera de la cuenta única del tesoro. En ese caso estamos en presencia de la más clara malversación de fondos, es decir que donde termina la actuación notarial, empezará el pedido de juicio político“, afirmó.
No obstante resaltó que el solo hecho de que el gobierno haya aceptado los fondos es irregular, que se agrega a “una operación absolutamente perjudicial para la provincia. Es una negociación incompatible con la función pública, porque por esta misma radio D’Andrea ha dicho que es una decisión política y seguirán adelante, pero las decisiones políticas no pueden ir a contramano de la Constitución. D’Andrea tiene que comprender que las decisiones políticas tienen que estar atadas a la legalidad“, subrayó.
Apuntó que “no hay instrumento jurídico válido para justificar el depósito, y mucho menos este intento de justificar el ‘contrato entre ausentes‘. No es que no exista la figura, pero no es este caso. Para que haya contrato entre ausentes tendría que haber una oferta pública de gas, pero no direccionada hacia Tierra del Fuego Energía y Química: se hace una oferta pública de venta de gas y cualquiera que quiere comprar puede hacer un depósito para asegurarse una opción del producto que está a la venta, pero no es el caso”, reiteró.
Para el abogado “existen elementos más que sobrados para pedir un juicio político a la gobernadora” y las pruebas serán “contundentes”.
Además, observó que el presidente de la empresa Fernando Lin “no pudo inventar dónde depositar el dinero. El CBU es una clave que tiene más de 16 dígitos, y él tenía no sólo el CBU sino el número de la cuenta y nombre“, dijo, invitando a ver el facsímil del depósito publicado en Provincia 23.
“Esos datos no los tiene un ciudadano común, lo que quiere decir que el gobierno le dijo que deposite en esa cuenta, y no en la cuenta especial creada por ley 774. A partir de ahí se advierte la mala intención por parte de las autoridades del gobierno”, manifestó.
De la Riva agregó que la gobernadora faltó a la verdad cuando afirmó en la jura de funcionarios que iban a levantar las observaciones del Tribunal. “Las observaciones no fueron levantadas y por eso pido también la intervención de la justicia. Por eso cuando me presento a la Fiscalía de Estado le pido si considera procedente que se constituya en querellante en la causa, porque es la única manera de evitar males mayores. No nos olvidemos que los chinos quieren manejarse en funcion del memorando de entendimiento que fue aprobado por la Legislatura”, alertó.
Asimismo previó que de parte de la empresa privada van a intentar hacer valer los derechos que genera la aceptación de ese depósito, y aseguró que los chinos tienen abogados que “se deben estar relamiendo con relación a la actuación de la provincia, porque la misma Legislatura prorroga la jurisdicción en perjuicio de una jurisdicción nacional, cuando esta es una sociedad anónima argentina. Resulta que prorrogamos la jurisdicción al Uruguay para que debatamos las diferencias del contrato en inglés. Dónde se ha visto esto”, reclamó.
El abogado aseveró que cuanto más tiempo pase, más perjudicial va a ser para la provincia esta negociación, y que en consecuencia la Justicia debe actuar con celeridad para “poner fin a esta discusión mediática. Que la justicia diga, o tiene razón De la Riva o la tiene el gobierno, porque mientras debatimos por los medios, esto sigue avanzando. Lo mejor sería que se le ponga fin a esto”, enfatizó.
Respecto de los plazos, estimó que sería “lógico que lleven adelante algunos procedimientos esta semana, una vez que la justicia se compenetre de los detalles de un plenario del TCP más el dictamen del Fiscal de Estado, más la verificación de este pago improcedente, más no se puede esperar. También hay que tener en cuenta que cualquier acto que lleve adelante la justicia tiene consecuencias políticas, y sería importante que actúe con celeridad”, recomendó.
Frente a la escasa reacción en el ámbito de la Legislatura, el abogado explicó que “ellos están involucrados, también están denunciados. Si no hubiera sido por los legisladores no estaríamos en esta situación. El Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Estado dicen que la información que no está ahora, tampoco estaba en diciembre, de modo que los legisladores le dan el visto bueno a una negociación que a todas luces no era conveniente. Los legisladores modificaron en perjuicio de los argentinos, y no se dan cuenta que estamos perdiendo dinero, en beneficio de particulares. Por suerte ya no estoy solo y hay dos organismos que dicen lo mismo”, celebró.
Para finalizar, De la Riva sintetizó la situación planteando que “acá hay uno que miente y otro que no miente. El único que puede determinar dónde está la vedad y la mentira en este tema puntual es el poder judicial, y se terminó el cuento chino”.
Hechas estas determinaciones y “una actuación que se tiene que hacer a través de un perito, del preciso instante en que se incorpora el dinero a la cuenta única del tesoro, ahí podemos decir qué se hizo con el direccionamiento de la cuenta, pero donde no hay error fue en recibir el dinero. Nunca se tuvo que recibir el dinero”, concluyó.