Río Grande.- El juez penal Javier De Gamas Soler resolvió este viernes el procesamiento de Ayelén Magali Golovca, ex directora general de Planificación Estratégica y Operativa del Ministerio de Desarrollo Social de la gestión Ríos, por considerarla parte de una red dedicada a cobrar planes sociales que se entregaban a los sectores más vulnerables, pero no llegaron a destino.
Se la acusa del delito de fraude contra el Estado, y se le trabó un embargo preventivo de 600 mil pesos, tras haber investigado la maniobra que realizaba como “parte de una red”, para cobrar beneficios sociales sin conocimiento ni consentimiento de los destinatarios.
La denuncia penal había sido presentada por la gestión Bertone, luego de que se detectara en el Banco Tierra del Fuego el cobro de ocho beneficios por parte de una sola persona, y se procediera a informar al área de Desarrollo Social, a cargo de María Paula Gargiulo.
Además de Golovca, la Justicia procesó a su tío, Héctor Segovia, como “partícipe necesario responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta, en perjuicio de la administración pública”, quien ya había sido embargado por la suma de 600 mil pesos.
También dictó el procesamiento de la pareja de Golovca, Eduardo Daniel Núñez, como “partícipe necesario”, trabando embargo por 187.500 pesos; y se le ordenó a Núñez la devolución al Ministerio de Desarrollo Social de una camioneta 4x4 marca Nissan, modelo NP300 Frontier, doble cabina. Finalmente dictó la falta de mérito a Rubén Máximo Cruz, uno de los nueve citados a indagatoria sobre fines del año pasado.
La hipótesis judicial, luego de la recolección de pruebas realizadas en allanamientos, la documentación requerida al gobierno y los testimonios brindados en la causa, planteaba que Golovca manejaba información acerca de los beneficiarios de planes que, por distintos motivos, dejaban de percibir el subsidio, y omitía darlos de baja del listado que después daba lugar a las liquidaciones mensuales del beneficio.
Bertone había ordenado la creación de una comisión investigadora a mediados de 2016, para analizar el pago de las ayudas económicas que otorgó el Ministerio de Desarrollo Social cuando estuvo a cargo de Marisa Montero.
En una conferencia de prensa brindada en septiembre de 2016 por el ministro jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, la ministra de Desarrollo Social Paula Gargiulo y la secretaria Legal y Técnica Gimena Vitali, se dio a conocer la denuncia formulada ante el Juzgado de Instrucción nro. 1, a cargo de Javier De Gamas Soler, para que investigara la maniobra, en principio, conociendo el cobro de ocho beneficios por parte de Segovia.
“Cuando asumió la gobernadora Rosana Bertone, aseguró que no se toleraría ningún caso de corrupción”, dijo Gorbacz por entonces, informando que el “trabajo de ordenamiento administrativo en todas las áreas, ante un desorden importante que dejó la gestión anterior, se traducía en muchos casos en ineficiencia en el uso de los recursos, que hacía que no llegaran a donde tenían que llegar”.
Confirmó las irregularidades detectadas en la aplicación del programa Red-Sol, y la apertura de un sumario por parte de la ministra Gargiulo, “para recabar la mayor información posible”.
Gorbacz planteó que “evidentemente, estábamos ante una situación de laxitud o falta de controles, que en muchos casos no sólo hacía ineficiente o lenta la aplicación de los programas que lleva adelante el gobierno, sino que podíamos estar frente a situaciones donde los recursos públicos no estaban llegando a quienes tenían que llegar”.
El Programa Red-Sol implica el otorgamiento de una ayuda económica de dos mil pesos mensuales a personas en situación de vulnerabilidad social. El 7 de septiembre, el Supervisor de Cajas de la Sucursal Ushuaia del BTF dirigió una nota al Ministerio de Desarrollo Social para solicitar “información relativa a determinadas autorizaciones de cobro de los planes citados y de cuyo tenor se inferirían nuevas irregularidades”.
Así es que se descubrió que una persona cobró ocho planes sociales con autorizaciones que no habrían sido libradas por los beneficiarios, y comenzó la investigación para deslindar si las autorizaciones habían sido falsificadas o entregadas por agentes del Ministerio de Desarrollo Social. Se sospechaba entonces de “una connivencia con algunos empleados de planta de Desarrollo Social”, que habían permitido la maniobra, según expuso la secretaria Legal y Técnica, Gimena Vitali, aclarando que muchos beneficiarios ya no vivían en la provincia, lo que alimentaba la sospecha de un fraude interno.
La comisión investigadora fue creada por Decreto Provincial N° 1883/16, y presentó a comienzos de este año el informe final al Ministro Gorbacz, quien destacó “el trabajo serio y detallado” que fue realizado.
“La transparencia es un eje fundamental de la gestión y el ordenamiento administrativo es fundamental para evitar hechos de corrupción, como el que se ha planteado”, sentenció.
El Informe reveló “un desorden administrativo importante, un exceso de beneficios que se cobraban por autorización a terceros sin controles, legajos incompletos, entre otras irregularidades”. Particularmente investigó la gestión del Programa Red Sol, mientras por cuerda separada avanzaba el proceso judicial, con nueve imputados citados a indagatoria a fines de 2016.
Personal de la División Delitos Complejos de la Policía había realizado allanamientos en viviendas particulares, con resultados positivos, como parte de las actuaciones; hasta que se llegó a la definición del juez de Gamas Soler, con el procesamiento de tres de los imputados y la detección de medio centenar de planes cobrados de manera fraudulenta.