Río Grande.- La concejal por Forja Verónica González se refirió al impuesto inmobiliario, luego de conocerse la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego que desestimó el reclamo de potestad sobre dichos tributos que históricamente ha cobrado el Municipio, y ante la posibilidad de que el AREF comience a cobrarlo.
Por Radio Provincia la edil manifestó que “lo hemos conversado con el intendente Gustavo Melella hace tiempo atrás, momento en el que nos sentábamos a redefinir toda aquella propuesta de aquel mentado pacto fiscal donde pedíamos que se obviara el impuesto inmobiliario porque había un proceso judicial de por medio, hoy la noticia es bastante oscura con respecto al federalismo que se pretende instaurar en una provincia como Tierra del Fuego, por lo cual vuelvo a señalar que tenemos un estado provincial con resabios burocráticos y centralistas, como así también bastante irrespetuosos”, criticó la edil de Forja.
En tal sentido manifestó que “la provincia judicializó la norma, y hoy todo el arco político está hablando de esta irrespetuosa normativa que irrumpe en las autonomías municipales, pero nosotros como concejales debemos avanzar y defender los recursos del municipio, esto es una obligación que tenemos dentro del ámbito legislativo, pero vemos como hoy la Justicia está lesionando cuestiones que atañen a la constitución provincial, a la constitución nacional, pero por cierto a las Cartas Orgánicas, tanto de la ciudad de Ushuaia, como de Río Grande”.
Tras el fallo de fines del año pasado del Superior Tribunal de Justicia, donde de manera unánime le dio la derecha al gobierno de la provincia, además de declarar inadmisible los recursos extraordinarios federales presentados por el Municipio de Río Grande, como de Ushuaia, para lo cual la edil indicó que las “municipalidades presentaran un recurso de queja”, dijo, al tiempo que agregó que “conjuntamente con el Ejecutivo vamos a trabajar desde el Concejo Deliberante en toda determinación que lleve adelante con respecto a este tema, teniendo en cuenta que hemos determinado que vamos a avanzar en cada una de las acciones que el intendente lleve adelante, judicializar ya se judicializó y avanzaremos en esa ruta”.
González recordó que “esto fue aprobado en aquella noche ‘trágica’ en la provincia, donde la Legislatura dio muestras claras de su accionar genuflexo en el marco de su adicción al gobierno provincial, esto no solamente dañó y deterioró institucionalmente el marco provincial, sino que avanzó, y lo más complejo es lograr entenderlo”, expuso la edil.
Al respecto sostuvo que desde el Concejo Deliberante nosotros “determinamos en aquel momento presentar el proyecto de ordenanza en interbloque por el cual decidimos no adherir a la sanción del impuesto inmobiliario urbano dispuesto por la ley 1075, la no adhesión permitió que hoy por hoy se lleven adelante todas estás acciones, y vamos a seguir insistiendo en esto porque hay un deterioro institucional muy importante, habiendo en ese momento otras herramientas como por ejemplo ir a reclamar el 15% que se les retiró a las provincias, que la Corte reconoció en el fallo del 2015, y que no se hizo, se avanzó en el pacto fiscal, hubo una entrega de parte de la provincia hacia la Nación, y esto deriva en ir por todo desde la provincia hacia los recursos municipales, lo cual esto es lo que fastidia, y es a lo que nos tienen acostumbrado desde el entorno provincial”, reprochó la edil.
Finalmente puntualizó que el “cliché de municipios ricos, provincia pobre, realmente está totalmente bastardeado, es algo absurdo, por lo cual acompañaré al Municipio en lo que decida”, dijo, al tiempo que agregó que esto también “tiene que ver con la campaña que ya comenzó porqué están detonando con varios temas como la municipalización de la margen sur, con la planta potabilizadora, y una seguidilla de cuestiones que nada se une al slogan de la provincia de ‘Tierra de Unión’, porque no hubo diálogo en todo este tiempo, y el diálogo es de sordo, y cuando hay diálogo de sordos, hay conflictos mediante, y esto es lo que sucedió, cuando esto se debería de haber dialogado, trabajado, y acordado políticamente, la provincia entrecruzó un pedido por este ente (AREF), que también es bastante cuestionado respecto de su constitucionalidad en relación a los fondos municipales”.