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Edición Nº 7,175
Lunes 11 de diciembre de 2017
Lunes 11 de diciembre de 2017 - Río Grande, Tierra del Fuego - Argentina

07-12-2017
Finalizó la intervención del cuartel de zona norte y ahora buscan los fondos
Bomberos reclaman alrededor de 25 millones en subsidios, con destino desconocido
Bomberos reclaman alrededor de 25 millones en subsidios, con destino desconocido
El cuartel de bomberos de zona norte finalmente podrá elegir sus autoridades, con la finalización de la intervención que, por seis años, estuvo a cargo de Ramón López. Ahora quieren conocer el destino de unos 25 millones de pesos ingresados desde 2011 a la actualidad, y afirman que no hubo inversiones en el cuartel de ninguna índole.
Con la intervención a cargo de Ramón López concluida y el llamado a asamblea para el próximo 13 de diciembre, los bomberos voluntarios de zona norte quieren saber ahora el destino de alrededor de 25 millones cobrados en subsidios que aportan el gobierno, el municipio y la Dirección Provincial de Energía. Según información recabada de la Inspección General de Justicia, en los seis años de intervención no se presentó ningún balance, por lo que no podrían haber cobrado. Afirmaron que en todo este tiempo no hubo ninguna inversión. El aporte de fondos atraviesa parte de la gestión Ríos, desde 2011 a 2015, y parte de la actual de Rosana Bertone. El responsable del control además de la IGJ es Defensa Civil de la provincia, que depende de la Secretaría de Seguridad.
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Río Grande.- El cuartel de bomberos de zona norte finalmente podrá elegir sus autoridades, con la finalización de la intervención que, por seis años, estuvo a cargo de Ramón López. Ahora quieren conocer el destino de unos 25 millones de pesos ingresados desde 2011 a la actualidad, y afirman que no hubo inversiones en el cuartel de ninguna índole.
Por Radio Provincia, el bombero voluntario Gastón Porfirio dijo que cuenta con la documentación de la Inspección General de Justicia, donde consta que en los seis años de intervención “no se presentó ningún balance”, por lo que no habría podido cobrarse el subsidio.
Porfirio recordó que fue el primer expulsado del cuartel luego del arribo del interventor, “por pedir documentación a la IGJ”: “Estamos contentos porque se levantó una intervención después de seis eternos años. Hasta a nivel nacional venían a ver esto, porque las intervenciones tardan desde seis meses a dos años como mucho”, expresó.
“Estamos contentos pero también preocupados, porque el interventor quiere volver a formar parte de la comisión y ser la cabeza, cuando está a las claras su desempeño a lo largo de seis años. El 2 de octubre de 2011 se intervino el cuartel, pasaron seis años y él no presentó un solo balance. Nosotros empezamos a presentar notas a la IGJ, firmadas por toda la tropa del cuartel y empezaron a intimarlo. Pedimos los expedientes, que son documentos públicos, y pudimos ver que nunca presentó balances, cuando debía hacerlo para regularizar la situación”, explicó.
Afirmó que “la IGJ lo está intimando desde 2013 para que los presente y llame a asamblea. Quiere decir que este levantamiento de la intervención ya debió ocurrir en 2013, pero por distintos motivos decía que no era aconsejable. No sabemos por qué quería seguir como interventor”, sostuvo.
El monto anual del subsidio ronda los cinco millones, pero “no tuvimos mejoras edilicias, no se hizo nada en el cuartel, no hay unidades nuevas y no se renovó la ropa, que tiene vencimiento. Con toda la plata que destina la provincia a los cuarteles, no hizo nada, y es un monto importante”, subrayó, asegurando que desde hace seis años vienen utilizando el mismo equipo de trabajo.
En principio Ramón López “tenía que organizar todo en un mes, porque la IGJ lo designó interventor por treinta días. Después de ese tiempo consideró que no había hecho lo suficiente y le dieron una prórroga por 60 días. Así llegamos a los seis años”, planteó, sin información del interventor sobre el destino del dinero: “En el cuartel lo vemos poco y él está encargado de la faz administrativa, porque el cuartel es operativo por sí solo, y lo lleva todo el comandante”, dijo.
Reiteró que, para cobrar el subsidio, es requisito tener los balances presentados. “Eso se maneja con Defensa Civil provincial -que depende de la Secretaría de Seguridad-, y por mes está destinado un monto tanto de la municipalidad como de la provincia y de la Dirección Provincial de Energía. Esto tiene que ver con los impuestos que pagamos en la provincia, además la municipalidad aporta el equivalente a cinco mil litros de nafta super cada mes, y cuando sube el combustible también sube la plata de bomberos. Hay subsidios de la provincia y solamente en 2013 entraron cinco millones. Luego los impuestos aumentaron y como mínimo estimamos que han entrado 25 millones”, dijo.
“Al no presentar los balances, no se sabe dónde está esa plata y en qué fue ocupada. Lamentablemente no fue invertida en el cuartel, porque estamos con la ropa vieja; la gente del parque automotor hace guardias, a la noche trabaja en las unidades para que puedan salir”, observó de una labor a pulmón, habiendo fondos millonarios disponibles.
Se le volvió a preguntar cómo pudo ingresar dinero sin presentar balances, y señaló que “la verdad no lo sabemos, porque nos acercamos a varias dependencias del gobierno a consultar y no nos dan la información, y dicen que no estamos autorizados. Le dieron la responsabilidad absoluta a Ramón López para la administración y solamente pudimos acceder a los expedientes de la IGJ, pero de Defensa Civil provincial no tenemos información, no sabemos cómo le dan la plata y por qué. Ramón López dice que no tiene que darnos explicaciones a nosotros y que solamente le da explicaciones a la IGJ”, aseveró.
“Nosotros le hemos dicho que arriesgamos la vida constantemente y tenemos más de una emergencia por día en el cuartel. Dejamos todo por ir a esa emergencia y por lo menos merecemos respeto. El comandante tiene más de veinte años y se merece ese respeto, que nos digan cómo estamos y por qué”, reclamó.

Expulsado por averiguar

Porfirio recordó que fue expulsado por el interventor, cuando pidió información oficial: “Luego de acceder al expediente de IGJ, Ramón López decidió echar a algunos bomberos. Yo fui el primero y fuimos cinco, sin ningún fundamento. La decisión es incorrecta porque esto lo decide el comandante, que se ocupa de la faz operativa. No tuvo fundamentos para echarnos, y por eso se va a tocar el tema en el orden del día de la asamblea”, adelantó, dado que ya está fijada la fecha para el 13 de diciembre a las 18 horas.
Apuntó que cuando sus compañeros “presentaron notas para quejarse y pedir que me reincorporen, López echó a otros cuatro. No le gusta que esto salga a la luz”, cuestionó.
“Somos una institución sin fines de lucro, el cuartel incide en la seguridad pública y debe haber seriedad en estos temas, pero a López no le gusta cuando planteamos esto y pareciera que estamos en la dictadura”, expuso.
Ahora esperarán la asamblea, de la cual deben participar el ex interventor, autoridades de la IGJ y todos los empadronados. Ahí se hablará de los balances, de las personas que echaron, de la gente que López dejó afuera del padrón, porque hubo bomberos que quisieron reempadronarse para colaborar con el cuartel y él los dejó afuera”, concluyó.
 

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