Río Grande.- El secretario General Adjunto de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego y ex dirigente de ATE Roberto Camacho, apuntó contra el gremio estatal luego de que el secretario general de la seccional Río Grande revelara el pedido de despido de 3.500 trabajadores formulado por Nación a la Provincia, para después de las elecciones de octubre.
En principio cuestionó la “complicidad” de Marcelo Córdoba, que guardó silencio hasta ahora “sabiendo todo esto que está por suceder con los trabajadores estatales. Ahora mete ese miedo y es vocero del gobierno como lo está siendo, cumpliendo el rol que tiene desde hace tiempo, porque lo mismo hizo con la mesa técnica, con el levantamiento de la carpa. No ha sabido defender desde la conducción del sindicato de ATE los derechos de los trabajadores”, dijo.
“Siento vergüenza ajena y es indignante, porque uno pertenece a ATE y tiene que escuchar a este dirigente que sale a defender tan abiertamente al gobierno provincial como al nacional, como lo hizo días atrás cuando respaldó al gobierno de Rosana Bertone. Decía que estaba bien lo que hace con el gobierno nacional porque es la única forma de sacar la provincia adelante. Es insoportable tener esta clase de dirigentes hoy”, subrayó por Radio Provincia.
Ante el enojo con la prensa de parte de Córdoba, por la publicación de sus declaraciones y el revuelo que causaron, Camacho le recomendó que “se enoje con el gobierno”, por el riesgo de un ajuste brutal antes de fin de año.
“Me preocupa la complicidad de la dirigencia sindical, porque es quien tiene que defender a los trabajadores y decir la verdad. Nos tienen que defender a nosotros, porque el gobierno de Rosana Bertone nos ha mentido, y no ha hecho nada de lo que prometió en campaña. Nos encontramos con que este ministro ad honorem de Rosana Bertone, Marcelo Córdoba, sale a reflejar lo que nos va a suceder en el futuro y, sabiendo la verdad de este ajuste, ni siquiera dice qué plan de lucha hay desde el sindicato”, cuestionó.
“Dice que se va a juntar la semana que viene con el gobierno, pero son mentiras, porque la realidad es la que viene. Nos pasó con el aumento al escalafón seco, que fue un aumento venido a menos, porque los compañeros cobran menos de lo que estaban cobrando. Con esta complicidad entre el gobierno provincial y el sindicato es muy difícil defender los derechos de los trabajadores. Uno recorre los sectores y recibe las quejas”, aseguró.

De primera fuente

Camacho le dio credibilidad a las afirmaciones de Córdoba sobre el pedido de despidos, por la relación estrecha con el gobierno, que integran ex colaboradores de la seccional sindical. “Para mí se torna intolerable escuchar a este personaje y todo lo que sale a decir. Encima se enoja, cuando va de rodillas a negociar con el gobierno provincial. Uno no se olvida que el ministro Álvarez fue abogado de ATE Río Grande y tiene la información de primera mano”, remarcó.
Informó que ayer se comunicó con Carlos Córdoba “para ver qué va a hacer con esto, y qué hay de cierto, porque es preocupante. Realmente me preocupa lo que está por suceder y me da miedo, más allá de las persecuciones: me da miedo porque esto hace que el trabajador no diga nada, no reclame, que se mande a guardar, porque puede ser uno de los 3.500”, advirtió.
“Es preocupante que desde el sindicalismo como ATE no haya un plan de lucha. Se ha incrementado la planta política, hay acomodos en el gobierno provincial y de eso no dice nada, cuando también va al presupuesto tanto del escalafón seco y húmedo. Después dicen que el 90% se va en pagar sueldos, pero habría que separar lo que se gasta en asesores, ministros, y toda la gente que compone el arco político de Rosana Bertone, como también lo hizo el gobierno de Fabiana Ríos”, fustigó.

Reclamo a los partidos

Asimismo reclamó una reacción de los partidos políticos, que “tampoco hicieron nada cuando sucedió lo que sucedió con la obra social y la caja de jubilación. Ahora preguntaría si no van a preguntar a sus legisladores o al gobierno provincial qué hay de cierto con respecto al despido de 3.500 trabajadores, que son 3.500 familias que van a la calle”, planteó.
“Vienen a pedir el voto, ahora andan peregrinando todos los políticos en diferentes sindicatos y asociaciones, se hacen los simpáticos, pero al momento de tomar una decisión no lo hacen. No llaman al diálogo y hay un autoritarismo total. El gobierno se ha cerrado, no escucha a ningún legislador, y los gremios no se ponen al frente para ver cómo resolver esta situación. No hay que olvidarse de la situación en las fábricas, en los comercios”, enumeró.
“Por eso la Unión de Gremios tomó la opción de hacer un frente político”, concluyó Camacho.