Río Grande.- El secretario general de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, afirmó a FM La Isla que después de las elecciones de octubre el gobierno fueguino debería avanzar con una reducción de la planta de empleados públicos de 3.500 trabajadores, y de 9.000 en el caso de Santa Cruz, de acatar el pedido que estaría realizando “desde hace meses” el gobierno nacional, en base a un estudio realizado en las provincias.
Córdoba participó el martes de un congreso provincial en Tolhuin con unos 150 trabajadores, donde estuvieron presentes “dirigentes nacionales”, aunque no aclaró quiénes, y dijo que “los trabajadores debemos estar alerta porque el ámbito estatal va a ser uno de los ejes de la política ortodoxa”.
Subrayó la preocupación porque no hay lugar donde reinsertarse, dado que “en la actividad privada no vemos ningún repunte. Hay una incertidumbre profunda, porque por los propios dichos de los funcionarios públicos, esto se va a profundizar después de las elecciones”, confirmó.
Dio cuenta del pedido de reunión con la gobernadora que solicitará el sindicato, en función de que “la información que hemos podido tener en estos días es que el gobierno nacional pide despedir 9.000 empleados estatales en Santa Cruz y 3.500 en Tierra del Fuego, en todos los ámbitos”, dijo, con lo que habría alcance a nivel provincial y municipal.
Aseguró que este pedido “no es nuevo, porque nosotros teníamos el dato hace un par de meses atrás de que se había solicitado esto a Santa Cruz, donde hay 9.000 agentes en exceso; y según el estudio que había hecho el gobierno nacional, en Tierra del Fuego sobraban 3.500”, dijo.
“Si las políticas se van a profundizar a partir de las elecciones, nos preocupa que puedan alcanzar al ámbito provincial y estamos buscando algún encuentro con el Ejecutivo, y precisamente con la gobernadora”, indicó el dirigente.
Para Córdoba “no es casual” que se hayan visto publicaciones en medios nacionales con datos del empleo público en las provincias, donde Santa Cruz y Tierra del Fuego son las que más excedidas estarían en proporción con sus habitantes.
El pedido de ajuste es una información “que tenemos hace seis meses, pero tampoco uno puede poner a los trabajadores en una situación de incertidumbre permanente”, explicó, para no haber iniciado antes un reclamo, y agregó que “hoy ya lo dicen abiertamente, por eso lo ponemos como agenda con el gobierno provincial, donde creemos que vamos a tener el mayor problema”.
“Queremos saber qué piensa el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que muchas veces no dice nada, pero son parte de la política de la provincia y deben interesarse por esta situación”, sentenció.