Río Grande.– Desde la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma, aseguraron que el Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, “ordenó a los funcionarios del Poder Ejecutivo que no concurran a la reunión con Personas con Discapacidad en la Legislatura”.
Dijeron que “Así lo confirmó la presidenta de la Comisión 5 de la Legislatura (Liliana Martínez Allende), quien nos comunicó que fue el propio Ministro Gorbacz quien desarticuló la reunión comunicándose con el Secretario de Coordinación de Políticas para las Personan con Discapacidad, con Castiglione de Educación, con el Secretario Lomberg y el personal de fiscalización sanitaria para ordenarles que no asistan a la convocatoria”.
Luego expresaron desde la Comisión de Discapacidad que preside Diana Román: “Repudiamos esta actitud del Gobierno de (Rosana) Bertone. Las personas con discapacidad (PCD) y sus familias no podemos soportar más destrato e indiferencia por parte del Gobierno de la Provincia”, advirtieron.
Para pasar después a relatar que “Luego de la reunión mantenida la semana pasada en el marco de la Comisión N°5 en la Legislatura Provincial, se convocó a una nueva reunión para el día de hoy (miércoles 22 de mayo). A la misma fueron convocadas las organizaciones vinculadas a los derechos de las PCD integrantes del Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial, el Ministro Jefe de Gabinete, el Secretario de Políticas de Discapacidad, la Secretaria de de Planificación educativa provincial y personal de Fiscalización Sanitaria, quienes son los encargados de las evaluaciones y confección de los CMO (Certificado Médico Oficial)”.
“En relación a los integrantes del Poder Judicial, agradecemos la presencia y predisposición de los Sres. Defensores del Distrito Sur que tuvieron la amabilidad de asistir, pero la realidad es que ellos no representan las decisiones del Superior Tribunal de Justicia, y la sentencia del pedido de inconstitucionalidad de la nefasta ley 1072 sigue pendiente”, señalaron desde la CTA Autónoma.
Manifestando que “Por otro lado solicitamos que la modalidad y criterio de atención debería ser la misma para todas las PCD de la provincia, que puedan establecerse reglas claras e inclusivas, ya que muchos de los problemas y los retrasos en el acceso a justicia para las PCD se deben a las trabas burocráticas con las que deben lidiar en cada trámite, ante cada presentación, frente a cada reclamo de incumplimiento de los deberes del Estado que afectan directamente los derechos de las PCD, su salud, su integridad, su bienestar y calidad de vida”.
Finalmente comentaron que “También solicitamos la atención del Defensor Oficial a fin de realizar el reclamo por el desfasaje en el monto de la pensión RUPE”. Indicando por último que “Las disculpas realizadas por una legisladora oficialista no son suficientes y de hecho suman a la falta de respeto y conocimiento que se tiene de la problemática de las PCD en la provincia. De hecho ha votado la ley 1072 que es una quita derechos a las Personas con Discapacidad”.