Río Grande.- El ingeniero forestal Ricardo Vukasovic explicó por Radio Universidad 93.5 el marco legal existente y la necesidad de reformar la ley de bosques, pero no “a las apuradas” sino con el consenso de las partes involucradas.
Indicó que “en 2009 comenzó un proceso participativo de la ley 26.331, de ordenamiento territorial de los bosques nativos, para que todas las jurisdicciones adhieran y hagan su propia normativa. Se sanciona con el objetivo de parar los desmontes que se realizaban principalmente en el norte del país, porque no era un fenómeno de esta región y la Patagonia en general. Nosotros tenemos la ley 13.273 del año ’49, que es una excelente ley pero no se cumplió, y terminamos haciendo otra ley que tampoco se cumplió, porque no hay voluntad política de hacer cumplir las leyes”.
“En ese momento hubo muchos ingenieros forestales en el país, que somos contados, que criticamos a esta ley porque creíamos que las herramientas para detener los desmontes ya existían. Salió la ley Bonasso, que fue quien la impulsó, y tenía algunas características interesantes. El objetivo era clasificar a los bosques en tres categorías, amarillo, verde y rojo. En la zona verde se podían hacer desmontes, siempre autorizados aunque fueran privados. Acá no había desmontes y el objetivo era ampliar la superficie para la ganadería en los establecimientos donde tenían mucho monte”, dijo, reiterando que “en Tierra del Fuego no existe una tala descontrolada”.
“Cuando sale esa ley, la provincia tenía que ordenar sus bosques según estos colores. La categoría más estricta era la roja, para los bosques de alta conservación, que por criterios de sustentabilidad debían mantenerse. Esos bosques no se pueden cortar, se pueden hacer actividades de muy bajo impacto, hasta turismo de bajo impacto y no cualquier turismo, para preservar ese ambiente. Nosotros tenemos bosque fiscal y privado, y sobre el fiscal el Estado puede decidir qué hacer, pero sobre los bosques privados se planteaba el problema, porque aquella superficie que entra al rojo deja de tener un valor maderero. La ley dice que se los va a compensar a los propietarios, para cualquier categoría, sea amarillo, verde o rojo. Los fondos venían de nación, de un porcentaje de las exportaciones, que se reparten a las jurisdicciones provinciales en base a los porcentajes que tienen. El 70% va para compensar los servicios ecosistémicos que brindan estas categorías, y el 30% queda para el Estado, para fortalecimiento institucional”, detalló.
“Cuando comienzan las acciones participativas con los propietarios y las ONG todavía no había salido la ley provincial y solamente se decidió pintar los bosques de colores. El tema es cuáles eran los criterios y por qué se ponían de rojo determinadas hectáreas. Hay diez criterios que había establecido la normativa nacional y debían respetarse para determinar el tipo de color. En Tierra del Fuego había apuro porque veníamos atrasados y salió que el 50% de los bosques estaba en rojo. Esto fue en 2011. Salió a las apuradas porque había que recibir los fondos y, cuando se dicta la ley 869, que le da el sustento jurisdiccional a la ley nacional, se establece que cada cinco años se debe actualizar el ordenamiento territorial. Pasaron los cinco años y no pasó nada, pasaron otros cinco años y, cuando tendríamos que estar con la segunda actualización, recién vamos por la primera. Los propietarios nunca recibieron ningún tipo de compensación, porque la ley decía que se debía compensar a los propietarios y determinar un valor por hectárea y por año. Si yo soy un propietario, tengo 5 mil hectáreas y me ponen en rojo 500 sin dar explicaciones ni estudio que lo avale, no lo puedo tocar, no recibo nada y tampoco puedo venderlo. Mi balance patrimonial está en cero y estoy pagando un impuesto inmobiliario rural. Ahí vinieron los problemas y el enojo de un sector importante de propietarios”, manifestó.
El ingeniero estimó que “debe haber unas 600 mil hectáreas del Estado y es un bosque muy interesante. De bosques privados debemos tener unas 200 mil hectáreas. Lenga Patagonia solamente tiene 50 mil hectáreas y le sigue la comunidad aborigen con 30 mil”.
“Esto que pasó acá, pasó en todas las provincias, que vieron como muy interesante poder hacerse de ese dinero para poder mantener su estructura, pero el gobierno nacional no cumplió con los aportes. Se estima que se deben 250 mil millones de pesos a todas las provincias acumulados en los últimos diez años, porque la nación aportó muy poco”, afirmó.
“Acá hubo una suma de problemas. A nivel nacional se creó el COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente, que maneja la aplicación de la ley y cambió el mecanismo. La ley provincial solamente debía bajar al territorio lo que era la ley nacional, pero no cambiar el espíritu. Estábamos todos apurados y así salió. El Estado provincial dice que presenten proyectos y luego ven si les dan los fondos. Se creó la comisión consultiva de bosques nativos, no para evaluar los proyectos y distribuir los fondos, sino para conciliar los intereses del bosque. Participa el Estado, las cámaras, el colegio de ingenieros, las ONG, el área de Turismo y un montón de personas. Luego el Estado decide que esta comisión va a analizar los proyectos y va a dar los primeros fondos. Los proyectos se evaluaron, pero tenemos veinte personas vinculadas al manejo del bosque, productores, CADIC, colegio de ingenieros, que plantearon que el dinero se debe destinar al manejo del bosque, porque ese es el objetivo; otros dicen que el dinero va a ir para hacer el jardín botánico de Ushuaia, o para hacer un alambrado, y en la votación siempre quedamos para atrás, cuando tampoco se debía votar”, advirtió.
“Uno está vinculado al sector rural, principalmente al manejo del bosque, y encontramos un malestar en algunos propietarios, porque cuando empezó el proceso participativo les dijeron algo, luego les cambiaron las reglas de juego, ahora quieren volver a cambiarlas y no les preguntan. Nación hace una crítica y le hace un informe a la provincia donde pide presentar cuáles son los criterios de evaluación que han tenido para determinar la categoría, y por qué no aparecen los acuerdos que deben tener con los propietarios, y los propietarios piden mayor claridad sobre esto”, expresó.
Recordó que “el bosque no sólo es de lenga, también hay bosque de ñire y hay muchos propietarios, entre ellos la comunidad aborigen, que también están muy enfadados”.
Respecto de la franja amarilla, dijo que “es donde se puede realizar un manejo sustentable, siempre controlado. Sobre el verde podemos hacer desmonte, por ejemplo para urbanizaciones alrededor de la ciudad, para alguna obra que quiera hacer algún establecimiento. En la franja amarilla se puede cosechar y hacer actividades en el marco de un manejo sustentable del recurso. El rojo es conservación y no se puede tocar”, reiteró.
Normalmente el ingeniero forestal “hace un plan de manejo, una marcación, y establece los criterios silvícolas que se deben seguir. El técnico es el que materializa lo que está en el papel y lo lleva al bosque, marcando los árboles que tienen que quedar. La autoridad de aplicación aprueba el plan de manejo, ve la marcación, y si está bien empieza la cosecha”, dijo del circuito.
Aseguró que “desde hace más de cien años hay actividad forestal en Tierra del Fuego y nunca se dejó de cortar, y lo que estamos logrando es una conversión de un bosque virgen, primario, a un bosque manejado. El árbol de más edad que pudimos medir fue de 457 años, aunque es muy difícil saberlo porque la médula en general está podrida. La madurez de un árbol de lenga está en los 120 años. La madera óptima para cortar es la que determina la industria. Cuando hicimos los modelos de producción para los bosques de lenga pensamos en un diámetro objetivo de 40 centímetros”.
“El Estado tiene que trabajar más con herramientas para hacer los raleos y tratamientos intermedios, a eso se debe apostar y no todo el mundo lo hace. Por un lado la ley 869 no depende de la Dirección de Desarrollo Forestal, que se encarga de los aspectos productivos. La ley 869 de ordenamiento territorial de bosques nativos está bajo la jurisdicción de la Secretaría de Ambiente. Sé que el Ejecutivo elevó un proyecto a la Legislatura y muchas instituciones empezamos a plantear nuestras objeciones, también las planteó la Sociedad Rural, propietarios en forma independiente, el colegio de ingenieros, CAFUFAMA que está dentro de FAIMA, y los legisladores decidieron parar para ver qué está pasando. Tiene que hacerse una actualización de la ley y aprobarse porque es un instrumento que sirve, pero hay que hacerlo bien y respetar los acuerdos que se hicieron. Es muy interesante tener la palabra de los propietarios, de los productores forestales, de la comunidad aborigen que tiene 30 mil hectáreas, y después de Lenga Patagonia son los poseedores más grandes de bosques, en un lugar que es estratégico. Ahora se está llevando adelante un trabajo de evaluación y diagnóstico de parte de los ingenieros forestales para que el Estado tenga herramientas para planificar el recurso”, concluyó.