Río Grande.- El ministro de Energía, Alejandro Aguirre fue consultado por FM Del Pueblo sobre las declaraciones del gerente de relaciones institucionales de Camuzzi Gas del Sur, vinculadas con el cobro de las diferencias generadas a partir del amparo de la Dra. Borruto, como también sobre la posibilidad de apelar la medida de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. “Esto está dentro del ámbito legal. El gobierno de la provincia hizo una presentación contra los tarifazos, la jueza federal Mariel Borruto dictó una medida cautelar, pero luego tanto ENARGAS como Camuzzi apelaron esa cautelar y la Cámara de Apelaciones retrotrajo la medida vinculada con los cuadros tarifarios y dejó vigente la prohibición de realizar cortes del servicio”, recordó.
“La Cámara le dice a la jueza que debe dictar sentencia firme sobre los hechos, porque ya está la instancia de apelación y ahora resta que se dicte la medida definitiva, que todavía no se ha resuelto. Son cuestiones técnicas legales que tienen que ver con la legitimidad procesal y quiénes pueden accionar en representación de intereses ajenos. Sé que ha habido adhesiones al amparo de asociaciones de consumidores y está en el ámbito de la justicia, que está recabando toda la información para dictar la sentencia definitiva. Por lo que me han hecho entender desde la Fiscalía de Estado, no hay otra instancia de apelación”, indicó.
Sin aumento “provincial” de luz
Respecto de las críticas por el aumento de la tarifa de electricidad, explicó que la parte que le corresponde a la provincia no sufrió una variación de precios. “En el caso de la energía en la provincia lo que se ha aumentado es el componente que tienen las generadoras del valor del gas. Es una aplicación que se hace trimestralmente por parte de CAMMESA, que es la empresa estatal que tiene la potestad de venderle a las generadoras en todo el país y fija un precio estacional, de acuerdo a un promedio de los últimos tres meses, y esto se aplica directamente en la factura. Tanto la Cooperativa Eléctrica como la DPE no han aumentado su valor de distribución, que es el componente que percibe cada una de las generadoras. El mayor aumento en la factura de electricidad ha sido por el mismo precio del gas, por el incremento de lo que pagan las generadoras a CAMMESA para producir energía eléctrica. El último cuadro tarifario, tanto de la DPE como de la Cooperativa, fue aprobado en diciembre del año pasado y no ha tenido aumentos el componente provincial. Los aumentos están dentro del ámbito nacional, todo debido al aumento del precio del gas”, detalló.
“Esto pasa con el mismo petróleo, porque hace un par de años teníamos el barril criollo, que era un precio que fijaba el Estado nacional para darle equilibrio al tema de los combustibles, y este mes se ha equiparado el precio del barril en Argentina con el precio internacional. La tendencia es llevarlo a precios internacionales, que en el caso del gas tiene que ver con el componente de importación que tenemos, para fijar una balanza energética con superávit o por lo menos que no sea negativa. Ese es el pensamiento del gobierno nacional y lo ha trasladado a todos los precios de los consumidores. Uno de los reclamos de la provincia es que se había trasladado a los consumidores todo este precio de equilibrio, como le llaman. La provincia lo que hizo en este caso es retrasar el valor de distribución de la Cooperativa y la DPE, que tienen costos que van aumentando. En algún momento hay que actualizarlos, pero hemos retrasado esa actualización por el impacto que ha tenido el gas en la factura eléctrica”, dijo.
Petrolera británica en Tierra del Fuego
Por otra parte se lo consultó sobre las operaciones en Tierra del Fuego de una petrolera británica que también operó en Malvinas. Se trata de Harbour Energy, que adquirió el 80% del paquete accionario de Wintershall, que forma parte del consorcio con Total Austral y Panamerican. Aguirre aclaró que “una cosa es la operación y otra la titularidad de los derechos de la concesión. En toda concesión hay un concesionario, que puede estar conformado como consorcio o como UTE y ya desde los años ’80 están presentes Total Austral como socio de la concesión, junto con Wintershall y Panamerican. Son los tres socios y uno de ellos opera. Los socios distribuyen sus utilidades para que un operador haga las inversiones, pague los sueldos, y el operador en Tierra del Fuego es Total. La concesión tiene dos jurisdicciones, una es la parte provincial, como Cullen, Alfa y algunos yacimientos que están cerca de la costa; y luego vienen los yacimientos que están fuera de la jurisdicción provincial, como es el caso de Carina y Fénix. Si hubiera que hacerles una multa, se la hace el gobierno nacional y, si hay que sacar la concesión de Fénix, lo tiene que hacer el Estado nacional, porque no está dentro del ámbito de la provincia”, detalló.
“En este caso Wintershall, que es una empresa alemana, ha decidido retirarse del negocio de la actividad petrolera, y la componen dos accionistas: BASF en un 80%, que es alemana; y el resto es LetterOne, que es una empresa de origen ruso. Wintershall a través de BASF decidió retirarse y vendió sus activos de todo el mundo a Harbour Energy, que es una empresa de origen británico. En su momento estuvo operado en Malvinas, a través de otras empresas, y se retiró de Malvinas”, relató.
“El año pasado Wintershall anunció que iban a comenzar las negociaciones para la venta de activos en todo el mundo y hasta ahora no ha habido una comunicación formal hacia la provincia. Esto no quita que Fénix es un yacimiento relevante, tanto para el país como para la provincia. En este invierno que fue tan duro se consumieron casi tres millones de metros cúbicos por día y 2.9 millones provenían de estos yacimientos off shore. Es decir que el 90% del consumo de la isla viene de estos yacimientos. Por eso cobra relevancia lo de Fénix, porque le va a dar la posibilidad a la provincia de seguir teniendo gas y de seguir aportando a la nación”, señaló.
“En este esquema, por lo que vimos públicamente, la empresa se va a seguir llamando Wintershall, pero con el 80% de su composición accionaria en manos de Harbour Energy. Nosotros estamos analizando cuáles van a ser los pasos. Si se fuera a cambiar el nombre y Harbour pasara a ser parte de la UTE, tiene que pasar por la instancia provincial para su aprobación. El gobernador ha dicho que si el nombre de la empresa pasara a ser Harbour Energy, tiene que pasar por la provincia y nosotros no vamos a avalar esta situación. El componente accionario tiene otras implicancias y hay que ver cómo va a actuar el Estado nacional, porque en la mayoría de los casos son yacimientos nacionales”, aclaró.
Así las cosas, con cambio de nombre o no, buena parte de las concesiones quedó en manos de capitales británicos. “Tenemos entendido que se va a mantener el nombre de Wintershall, pero todavía no hemos tenido una comunicación oficial. Estamos analizando los pasos a seguir para hacer una intimación y comenzar con los procesos administrativos para ver en qué situación está tanto a nivel nacional como las acciones que podemos tomar a nivel provincial”, concluyó.