Río Grande.- La legisladora Myriam Martínez adelantó ayer a Radio Universidad una ampliación del pedido de informes, con la salvedad de que la Legislatura está limitada para provocar cambios en los establecimientos donde se alojan los menores, si no lo decide el gobierno.
Recordó que el año pasado, cuando se discutió el presupuesto del área en comisión, no resultó de su agrado “la idea de la ministro Marisa Montero de unificar chicos de todas las edades en la residencia del CAP, mezclándolos con menores judicializados”. Aseguró que la ministra, “en ese momento dijo que habían hecho consultas a profesionales y juzgados de familia y la repuesta era que estaba todo bien”, cuando luego se supo de la orden judicial de separar el grupo más conflictivo.
“Nosotros hicimos un pedido de informes, no nos cerró lo que nos habían contestado y volvimos a hacer la solicitud, porque la ministro se dedicó a corregirme, que el término ‘menores’ no correspondía y que se debe hablar de ‘niños, niñas y adolescentes’, con el argumento de que ‘la terminología mal utilizada construye realidades’, decía”.
“Yo digo que el incendio y todo lo que nos está pasando es lo que construye realidades, y es el resultado de la mala gestión de la ministro Montero. Y se lo dije en comisión”, remarcó.
Prácticamente descartó la posibilidad de una interpelación, a la luz de la experiencia que tuvieron con la ex ministra de Salud María Grieco. Con el cambio de funcionario, no aparecieron las soluciones, y tampoco espera que ocurra ahora.
Aseguró que “en comisión Montero dijo lo mismo que venía declarando en los medios, ni una palabra más ni una menos. Después de lo que nos dijo, le planteamos que ahora estamos convencidos de que es la única responsable de todo lo que está pasando”.
“Cuando le pedíamos información por escrito, no tenía nada, era todo una cuestión verbal. Nos dice que cuando hace el traslado de los chicos al pequeño hogar había una persona de 37 años con un retraso madurativo. En los medios declaró que ella no sabía por qué estaba ahí, pero ahora dijo que era por una orden judicial y tenía que darle contención. Me preocupa que haya tenido desconocimiento y haya trasladado a los chicos sin ningún informe de las áreas técnicas acerca de si podía convivir con los menores”, expresó.
Para la legisladora del FPV “la decisión de cambio debe venir desde el gobierno, porque los legisladores, más que pedir informes, o hablar por los medios, no podemos hacer”.
Apuntó que “el informe presentado el año pasado recién ingresó ahora. Yo dije que me voy a ocupar y me estoy ocupando, pero acá hay una decisión del gobierno de llevar adelante esta política de Desarrollo Social”, insistió.
“Nosotros no somos parte de este Ejecutivo y no tomamos parte de las decisiones. No estamos para gobernar ni tomar las decisiones del Ejecutivo, aunque el mismo Ejecutivo pretenda trasladar la responsabilidad a la Legislatura”, expuso la parlamentaria.
Respecto de la sesión de hoy, adelantó que en su mayoría son pedidos de informe y se espera “una sesión tranquila”, aunque “entre esos pedidos hay una ampliación respecto de los hogares de Desarrollo Social”.
“Estoy preocupada, le expresé a la ministro que estoy totalmente en desacuerdo con la gestión que viene realizando. Ya se lo dije el año pasado y lo dije en todos los medios. Para mí la responsable máxima es la gobernadora, que pone a sus funcionarios, los sostiene o no, y dice cuál es la política”, concluyó.