Río Grande.- El legislador Pablo Blanco, presidente de la comisión 6 de seguridad, adelantó para hoy una reunión reservada con funcionarios de seguridad de la provincia, con los que ya tomó contacto ayer, tras los últimos acontecimientos.
Con pocas horas de diferencia, se conoció el atentado al juez de cámara Ernesto Löffler, que quedó filmado por las cámaras de seguridad de su vivienda; y el ataque brutal a un chofer de colectivos de la empresa Taikré, quien todavía se recupera de las puñaladas recibidas.
“Estuve hablando con el Secretario de Seguridad sobre este tema y seguramente mañana –por hoy- nos vamos a juntar en una reunión reservada de la comisión. Estuve hablando en horas de la tarde tanto con él como con el Ministro de Gobierno”, dijo anoche a FM La Isla.
Indicó que “lo que ocurrió con el juez Löffler no es distinto de lo que sucedió hace unos meses atrás con algunos autos particulares que fueron incendiados. Por supuesto tiene otra trascendencia al tratarse de un integrante del Poder Judicial de la provincia”, señaló sobre el atentado que quedó filmado y no pasó a mayores por la intervención de vecinos que sofocaron el fuego.

La casa de al lado

No obstante la gravedad de este hecho, quedó en evidencia otra realidad de la ciudad: la proliferación de prostíbulos clandestinos que la policía conoce, el fiscal federal también, y sin embargo siguen funcionando porque en apariencia faltan pruebas para tomar otro tipo de medidas.
Fue la misma policía provincial que atribuyó lo que luego se confirmó como atentado, a una gresca en el prostíbulo privado que funciona en la casa vecina del juez, situación que el propio Dr. Löffler denunció hace más de un mes.
“He estado hablando con gente entendida en la materia, con abogados, y no es tan fácil probar dónde funciona un privado. No es de fácil comprobación, independientemente de que esté al lado del domicilio del Dr. Löffler, que lo ha denunciado hace más de treinta días”, dijo Blanco.
“Seguramente tanto la justicia federal como la provincial están llevando adelante las investigaciones. Pero lo que sucede en un domicilio es parte de la privacidad de las personas y no es tan fácil probar lo que se dice a través de los medios de comunicación. No está prohibido que en una vivienda residan cinco o seis personas de sexo femenino”, observó sobre las mujeres que ejercen la prostitución en estos lugares.
“Es fácil decirlo pero difícil de probar. La policía no puede entrar en una casa a ver qué sucede. Nada me hace dudar que no sea cierto lo que dijo el Dr. Löffler”, admitió igualmente.
Reconoció que “de parte del Poder Legislativo, no sé qué otra cosa podemos llegar a hacer o qué herramienta debemos votar a efectos de evitar estas cosas. Muchos dicen que surgieron por el cierre de locales comerciales que facilitaban el ejercicio de la prostitución, por la ley que votó la Legislatura, pero seguramente existían con anterioridad y siguen existiendo ahora”, manifestó.

Inseguridad en ascenso

En cuanto al aumento de la inseguridad, con ataques brutales como el que sufrió el chofer de Taikré, opinó que “está dentro de lo que viene sucediendo estos últimos tiempos. Días pasados ocurrió con un chofer de remis, y son muchos hechos que se están dando, con repetición. Uno pretendería que no sucedieran, pero está dentro de lo que sucede como norma general de inseguridad”.
Aseguró que se está trabajando en el tema en el marco de la discusión del presupuesto 2015. “En la última reunión con el Ministerio de Gobierno y el Secretario de Seguridad quedó planteada la incorporación de 150 nuevos agentes de policía a la planta. En parte son vacantes que se producen por el retiro y jubilaciones, y otra parte la estamos viendo dentro del marco del presupuesto que tenemos. No hace veinte días atrás en la reunión se estuvo analizando esta situación y estamos viendo de qué manera optimizamos los recursos para cumplir con esta necesidad, porque 150 efectivos nuevos significan más recursos”, advirtió.
Para Blanco “hay otros mecanismos, como la videovigilancia, que a lo mejor al principio requieren mayor inversión pero con el tiempo dan mejores resultados”, y será tema de análisis con las autoridades.
El legislador aclaró que en el presupuesto “no está contemplada la compra de cámaras y esto hay que analizarlo. El Secretario de Seguridad dijo que estaban trabajando para mejorar el funcionamiento del centro de videovigilancia de la ciudad de Río Grande y también con el Municipio de Ushuaia, pero si hacen falta 200 cámaras no hay una partida para una adquisición específica”.
Recordó que “Río Grande tomó la iniciativa y al principio fue bastante resistida, después se venció esa resistencia y se ha avanzado bastante”, mientras que “con Ushuaia se avanza en el marco de un convenio para la oficina de videovigilancia”.
Tanto la compra de las cámaras como su manejo, “debe estar en el marco de una política de seguridad, controladas y analizadas por alguien que tenga que ver con la política de seguridad, porque no podemos poner a cualquier ciudadano a controlar”, subrayó.

Solidaridad

Finalmente expresó su solidaridad con el juez Löffler, con quien se puso en contacto de inmediato a través de su esposa. “Uno repudia cualquier hecho de violencia, hacia un juez o un ciudadano de a pie. Y lamentablemente estos hechos suceden a diario, algunos con mayor gravedad”, concluyó.