Río Grande.- Oscar Suárez se refirió al debate generado en torno a la reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por el gobierno nacional y las propuestas ingresadas al Senado para defender los intereses de las provincias.
Fue secretario ejecutivo de la OFEPHI, asesora actualmente al senador Jorge Garramuño, y su vida profesional estuvo ligada a los hidrocarburos. “Empecé en YPF en el año ’75 y seguí siempre en hidrocarburos. Cuando el MPF es gobierno me convocan para hacerme cargo de la Dirección de Hidrocarburos en Río Grande y hasta hoy sigo en el tema. Fui representante de la provincia en la OFEPHI mucho tiempo, elegido secretario ejecutivo por las provincias y estuve desde 2004 a 2010 en ese cargo”, repasó en una entrevista con el programa televisivo El Espejo.
Respecto del debate por la reforma de la ley de hidrocarburos, que también se instaló en la agenda fueguina, recordó que al inicio “de parte de los gobernadores de la OFEPHI hubo una clara intención de parar esto o de rediscutirlo. Se han tomado su tiempo y ahora está demorado el tema”.
Explicó que se apunta a reformar la ley 17319, vigente en este momento, que data de 1967, aprobada en la presidencia de Onganía. “No fue una ley mala, pero ahora con la excusa de Vaca Muerta y los yacimientos no convencionales, están avanzando sobre las autonomías provinciales”, afirmó, asegurando que es “lo que veo en el proyecto que nos llegó como borrador”.
Particularmente ese borrador pretende avanzar sobre el sistema de acarreo o carrier, porque al gobierno central “no le gusta el sistema de empresas provinciales cuando es un sistema que funciona perfectamente”, dijo.
“Quieren que las empresas provinciales entren a competir con las empresas petroleras privadas, lo que es imposible porque no tienen espalda para competir con una multinacional”, indicó sobre las licitaciones “competitivas” que propone la reforma, priorizando al que más ofrezca.
“Es una especie de cepo para que la empresa provincial, que es la dueña del recurso, no pueda competir”, aseguró el ingeniero.
Indicó que casi todas las provincias salvo Tierra del Fuego tienen empresas provinciales de energía, como una forma de quedarse con parte de la renta petrolera como socias de los inversores.
“Nosotros tuvimos dos intentos y, por una cuestión política, por las mezquindades políticas del momento, los proyectos cayeron. El de HIFUSA era un buen proyecto y por la coyuntura política del momento se cayó. Hoy hay intención de reflotar la empresa provincial y yo siempre estuve de acuerdo”, sostuvo, precisamente “para que una empresa provincial capture parte de la renta petrolera”.
Lo cierto es que la reforma a la ley nacional “cuestiona el sistema de acarreo y quieren que las empresas provinciales compitamos con las multinacionales. A partir de la sanción de la ley corta y de la reforma del ’94, los recursos naturales son de dominio originario de las provincias. La ley corta reformó el artículo 1 de la 17.319, que decía que el dominio era federal, y fue sancionada en 2006, entonces las provincias tenemos hasta la milla 12 el dominio original y el resto es federal”, explicó.
El interés de YPF es evidente: “Hoy de la milla 12 a la 200, YPF prácticamente no tiene nada, por eso nos convocaron a las provincias a ser parte del capital accionario. No fue porque les caíamos bien al gobierno nacional sino porque nos necesitaban”, planteó el ingeniero.
Esta reforma sería un avance más al que ya dieron, dado que “la ley corta ya fue tocada con el dictado del decreto 1277 del año 2012, que reglamenta la ley 26741 de soberanía hidrocarburífera. Ese decreto pone tres personas de la Nación a manejar todo, cuando en el debate en Diputados en su momento lo que se veía positivo de la ley era la creación del consejo federal de hidrocarburos, algo que siempre quisimos desde la OFEPHI para que las provincias pudiésemos participar de la política energética nacional”, recordó.
“La ley corta dictamina que la política energética la maneja el estado nacional, y las provincias conseguimos ser autoridad de aplicación y autoridad concedente de las prórrogas. Hoy con el decreto 1.277 las provincias tienen que ir a preguntarle al gobierno nacional si está de acuerdo”, comparó.
Para Suárez con este decreto el gobierno nacional ya “tiró por el aire lo que dice la ley corta, que las provincias somos autoridad de aplicación, tenemos potestad sobre los recursos, pero cada vez que necesitamos algo tenemos que preguntar al gobierno nacional si está de acuerdo. Es volver a lo que estaba antes de la ley corta, cuando teníamos que ir por nota al gobierno nacional para que nos atendiera, por un reclamo por diferencias de regalías”, dijo.

Las propuestas

Para devolver facultades a la provincia y establecer otro tipo de garantías, el senador Garramuño ingresó dos proyectos trabajados por Suárez, hace un par de semanas. “Uno reforma el artículo 61 de la ley 17.319, que dice cómo se liquida el valor de la regalía en el caso del crudo, y por ese mismo artículo engancha al 62, para el gas. Hay dos programas, petróleo plus y gas plus, por los cuales el estado nacional por este triunvirato que funciona de manera autónoma, otorga beneficios a las empresas, como desgravación a las retenciones a la importación”, dijo.
Esta baja de impuestos se implementó para mejorar el precio y que los consumidores no pagaran más caro el insumo, y “funciona como un subsidio del punto de vista de las empresas, que no están dispuestos a volcarlo en regalías”.
Indicó que Vega Pléyade se empieza a explotar en 2015 y la mitad que está dentro de la milla 12, que corresponde a la provincia, es la que tiene mayores recursos, por lo cual será fundamental determinar un cálculo de regalías que beneficie a la provincia.
“En este momento estamos cobrando el gas a 2 dólares el MMBTU contra 7 ó 7 y medio que se paga el que se importa. Lo que ponemos en este proyecto de ley es que todo lo que dé el estado nacional como subsidio, tributos de manera directa o indirecta, se tiene que tomar en cuenta para el cálculo de regalías. Es un proyecto de ley que nos daría tranquilidad con respecto al valor del petróleo plus y gas plus que hoy no cobramos”, señaló.
El segundo proyecto “ataca este triunvirato con la conformación del consejo federal de hidrocarburos, que tiene que salir con dictámenes de carácter vinculante, o sea, tiene que haber un acuerdo entre nación y provincias en lo que hace a la política energética nacional”, remarcó.
Con mayoría oficialista, por ahora, en ambas Cámaras, se desconoce la suerte que puedan correr, pero son herramientas valiosas que podrán analizarse en el futuro.