Río Grande.- El legislador Pablo Blanco consideró “una expresión de deseo” el proyecto que ingresó el mopofista Jorge Lechman para destinar a pagar al IPAUSS y al área de Salud el canon de permanencia por la renegociación de contratos petroleros.
Explicó que tanto el canon de Roch como el de YSUR –la primera cuota- ya se gastaron: “El canon de Roch ya se gastó y el 50% del canon de YSUR también se gastó, porque estaban en el Presupuesto de 2013 y de 2014 respectivamente”, afirmó ayer a FM La Isla.
“El proyecto de Lechman a mi criterio es una expresión de deseo, porque si se analiza el presupuesto 2013 y el de 2014, en los ingresos están los cánones de renegociación de las áreas petroleras distribuidos en el presupuesto”, sostuvo.
Resta “la otra mitad” de YSUR, que “va a entrar entre febrero o marzo, de diez millones de dólares”, dijo, y sería incluida en el Presupuesto 2015, donde podría haber margen para alguna modificación.
Rechazo a la reforma
Con respecto al pronunciamiento del jueves pasado en contra de la modificación a la ley de hidrocarburos, explicó que “lo que buscamos desde la UCR es tener la opinión del cuerpo legislativo sobre esa modificación. Nadie cuestiona que era necesaria la modificación sino que cuestionamos la forma y haber dejado fuera de participación a las legislaturas provinciales”.
“En el caso de Tierra del Fuego la propia Constitución establece que con una mayoría agravada se puede disponer o no de los recursos naturales, entre los cuales están los hidrocarburíferos”, recordó, y señaló que “en esta ley están legislando sobre cuestiones propias de la provincia, como la fijación de impuestos y regalías”.
Agregó que después de la votación “se conoció que quien puso las condiciones del tope de regalías y de la carga impositiva fue la empresa Chevrón, con lo cual queda avasallada la autonomía no sólo de las provincias sino de la nación”.
“Esto se conoció con posterioridad al acuerdo entre Chevrón e YPF, y está calcado en la ley de hidrocarburos. No son coincidencias”, aseveró el radical.
Reconoció que no tiene incidencia el pronunciamiento sobre la ley nacional, y habrá que ver qué ocurre puertas adentro de la provincia. “Esta es una manifestación política de la Cámara, y no cuestionamos la legalidad de la norma que sancionó el Congreso, pero sí cuestionamos el momento político y la no participación de las legislaturas provinciales. Esto debió ser una ley-convenio, aprobada por la Legislatura, porque la gobernadora no puede decidir a gusto y placer sobre los recursos hidrocarburíferos”, sentenció.