Río Grande.- La legisladora Liliana Martínez Allende expuso su resignación frente a un gobierno que “hace siete años que está, no es que recién empiezan”, y adelantó que “esto va a ser así hasta el final de mandato. No va a haber un cambio”, pese a la promesa de inversión de 700 millones en obra pública que presentó la ministra Gabriela Muñiz Siccardi ante los legisladores.
Por Radio Provincia, adelantó incluso que el edificio del José Martí pasará como herencia al próximo gobierno porque la licitación del IPV –luego de una fallida del gobierno- está prevista para 2015-2016.
“El año que viene no vamos a tener ese edificio en condiciones para ser utilizado por la escuela”, advirtió, junto con el temor de que corran suertes parecidas otras obras anunciadas.
“Uno ve un presupuesto muy ambicioso”, dijo, a partir de los “700 millones de dinero en obras” que presentó el Ministerio.
“Sabemos que va a ser un año complicado y la Nación pasa por un momento complejo. Ojalá que los dineros del Fideicomiso Austral estén y también la plata de la soja, porque ha bajado muchísimo la cotización en el exterior y el ingreso se va a ver reducido”, observó con dudas de que, en caso de que lleguen los fondos, sea en los niveles presupuestados.
Indicó que de esos 700 millones “el 60% está destinado a obras de educación, el 25% a salud y el resto a seguridad. La distribución está bastante bien hecha”, pero del dicho al hecho hay siete años de gestión de dilaciones y promesas.
Con respecto al colegio José Martí, que involucra una comunidad educativa hace dos años sometida a espacios provisorios que no reúnen las condiciones para un correcto dictado de clases, dijo que “el IPV está haciendo la refuncionalización pero va a llevar tiempo, porque se tiene que llamar a licitación, ver quién la gana, y está planteada para 2015 y 2016. Así que el año que viene no vamos a tener ese edificio en condiciones para ser utilizado por la escuela”, confirmó.
Insistió en que con un “presupuesto muy ambicioso”, dependerá por un lado que “los fondos lleguen a la provincia y el tema electoral lo permita”, además de que “también desde la provincia se hagan las obras que se han comprometido y esté la voluntad política, porque la verdad que esta gestión deja bastante que desear”.
En el caso del José Martí, discutirán la propuesta en la comisión 3 y en la comisión de presupuesto “para ver si el proyecto se va a llevar adelante o no. Por lo menos se ha tomado la decisión política de poner en actividad el José Martí. La gobernadora ha mostrado los pasos que se siguieron, no es que se durmieron, pero la administración pública tiene sus tiempos, tal vez un poco dilatados para el gusto de uno”, expuso.
Se refirió a “la falta de experiencia que hace tal vez que se tarde más”, recordando que ya se llamó “a una licitación que quedó desierta, cuando el IPV podía tomar las riendas de este tema”.
Ahora “se ha encaminado bien” la obra, pero hasta que se sorteen los procesos administrativos, se terminará la gestión Ríos y la refuncionalización la ejecutará otro gobierno.

Sin salida

Se le preguntó si no se puede hacer nada de parte de la Legislatura, porque el gobierno acumula una sucesión de licitaciones fallidas en todas las áreas, que han paralizado obras y respuestas que demanda la sociedad.
“Nosotros les hemos dado todas las herramientas necesarias”, afirmó, y también quitó responsabilidad al Tribunal de Cuentas, al que a veces se responsabiliza de las demoras. “Ellos dicen que en 48 horas están los expedientes del control previo, salvo algunos casos, por las observaciones”, dado que otra característica es la mala tramitación de los expedientes.
“Esto es un problema estrictamente de gestión de este gobierno y lo vemos en todos lados. En el hospital de Río Grande, donde faltan alimentos para la gente internada, y los enfermos crónicos comen puré desde hace una semana. Es una desidia total”, calificó.
Y subrayó que “no tiene que ver con la falta de fondos porque hay 25 millones de pesos en las cuentas del hospital”.
“No sé ya qué herramientas les podemos otorgar para que las cosas sean más rápidas. No veo una salida y hay una cuestión de gestión”, lamentó.
Este gobierno “hace siete años que está, no es que recién empiezan. Hay que pensar que esto va a ser así hasta el final de mandato. No va a haber un cambio. La gobernadora misma lo ha dicho, que ella pone las personas y ella fija las políticas”, manifestó.

Educación, el gran agujero

Consultada sobre el caos en la cartera educativa, con las horas cátedra y una megaestructura de 150 cargos, a lo que se suma el ausentismo de más de la mitad del personal, dijo que pidió que se cite a la ministra Sandra Molina a una reunión conjunta con el Tribunal de Cuentas.
Ayer tenía previsto analizar en detalle el informe que dio origen a la denuncia penal de la legisladora Laura Rojo, y se sumó a una previa por malversación de fondos radicada por el gremio SUTEF.
“Si hay algo que modificar, lo deben hacer inmediatamente –reclamó-. Si hay irregularidades o están mal hechas las cosas, se tienen que corregir, por eso he propuesto una reunión con el Tribunal y la Ministra lo antes posible para que se pueda aclarar la situación. No se puede hablar así, alegremente, de este nivel de ausentismo docente porque no es normal”, fustigó.
Apuntó que el gremio asegura que en ese ausentismo hay un gran porcentaje de cargos y favores políticos involucrados. “En esto sí puede intervenir la Legislatura, sentando a las partes en una misma mesa para ver estos temas. Los maestros están reclamando mejor salario y lo que se invierte en educación realmente es importante. Si tenemos optimizado el gasto, va a ser mucho mejor porque se va a poder mejorar el salario. Si pagan cargos duplicados o triplicados, esto va en desmedro del docente que trabaja”, sentenció.