Río Grande.- María Adela Calchaquí, se negó a prestar declaración ante el Tribunal de Juicio Oral, compuesto por los Dres. Eugenio Sarrabayrrouse, Juan José Varela y Daniel Borrone.
Acto seguido, se llamó a la única testigo en este proceso oral, quien ocupó el cargo de Directora de Recursos Humanos entre 2010 y 2011, previo a su jubilación; Estela Maris González.
La exagente de la Administración Pública, no sólo confirmó que se había percatado de la irregularidad en el legajo de Calchaquí, sino que además, había recibido el llamado telefónico de una mujer que le solicitaba en buenos términos “perder” el certificado de título secundario en trámite, situación que González, luego denunciara en sede policial.
La testigo fue requerida por el fiscal Mayor Guillermo Quadrini, quien impulsa la acusación en el proceso contra Calchaquí, al haber percibido durante más de 22 años el adicional por Título Secundario, sin contar con esos estudios terminados.

Llamado telefónico intimidatorio

González aseguró ante el Tribunal, que en oportunidad en que el caso de “Mariel” Calchaquí ya había tomado estado público, recibió un llamado telefónico, el cual provenía de un número que no pudo identificar. Al otro lado de la línea, se encontraba una mujer, quien le solicitó “perder” del legajo de Calchaquí la documentación que perjudicaba su imagen.
Una vez concluida la comunicación telefónica, González radicó una exposición en sede policial, lugar en que quedó asentado el número telefónico, que con posterioridad, y a raíz de la sábana de llamadas recibidas por González, que obran en las fojas judiciales, se pudo determinar que la línea figuraba a nombre de Calchaquí.

Pedido de condena

Durante los alegatos, el Fiscal Mayor, Guillermo Quadrini, solicitó para Calchaquí, una pena de 3 años de prisión de cumplimiento en suspenso, al haber encontrado elementos suficientes que acreditan la conducta reprochable de la imputada, y se le aplique una condena por el delito de falsificación de documento público en concurso real con el de defraudación a la administración pública. Asimismo, el fiscal pidió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la realización de trabajos no remunerados en su lugar de residencia.
Por su parte, la abogada particular Nora Lía Franchini, solicitó que su defendida sea absuelta, con la atenuante de la devolución de más de 67 mil pesos y el hecho de haber admitido que no contaba con el Título Secundario. La abogada dijo en su alegato que la exdiputada ya sufrió una condena social que, a su entender, es mucho más grave que la pena solicitada por el Fiscal en su alegato.
Este viernes a las 9 de la mañana se reanuda el debate y en la misma jornada podría conocerse el veredicto.