Río Grande.- La legisladora del FPV Myriam Martínez sorprendió anoche con su lectura de la reunión de comisión en la cual el Fiscal de Estado, según su versión, habría condicionado la creación de la empresa provincial de hidrocarburos a la previa reforma de la ley nacional de hidrocarburos que discute la Nación con las provincias que integran la OFEPHI.
Fue en una entrevista con Radio Fueguina, donde dio cuenta de la reunión que comenzó a las 10:30, con participación “del intendente de Ushuaia: el representante de Claudio Queno, Daniel Harrington; ministro Araque; el secretario de hidrocarburos; representantes de los sindicatos de petroleros jerárquicos y petroleros privados; el Fiscal de Estado con su equipo de trabajo; y personal de la IGJ”, de acuerdo a su detalle.
Dijo que “el Fiscal de Estado tenía conocimiento de los dos proyectos presentados, de la UCR y el PJ”, y agregó que “el FPV a través del legislador Arcando había acercado un borrador a la comisión para aportar al debate. Vamos a presentar un proyecto, que no finalizamos aún”, observó, a más de un año del ingreso de la iniciativa del radicalismo.
Recordó que “en la reunión anterior al receso, el FPV había solicitado que se convoque al Fiscal de Estado, porque cumple un rol importante en la defensa de los intereses de la provincia, para que pudiera intervenir de forma directa en el tema de hidrocarburos”.
Apuntó que “no hay un proyecto unificado aún, son conversaciones y es una cuestión muy prematura a tratar, porque la política de hidrocarburos se está manejando en el Congreso nacional”, remarcó.
“Sabemos que la gobernadora integra la OFEPHI y se presentó desde el Ejecutivo –nacional- un borrador que no fue aceptado, se efectuaron algunas modificaciones y se está analizando todo”, dijo.
Aseguró que “el Fiscal plantea que se está trabajando en una norma y que hay que ver que no se interponga con la cuestión nacional, porque la provincia va a tener perjuicios judiciales importantes y vamos a perder todo. Sería importante dejar que la Nación vea qué quiere hacer y, una vez que el convenio se rubrique con los gobernadores de la OFEPHI, tiene que ser ratificado por los legisladores”, dijo de la reforma a la ley nacional de hidrocarburos que todavía no ingresó como proyecto y pretende regular sobre yacimientos no convencionales.
Advirtió que la Legislatura, así como “se está tomando todo el tiempo para tratar la renegociación con YSUR, seguramente se van a tomar tiempo para esta rúbrica”, por lo cual la creación de la empresa se dilataría por tiempo indeterminado.
Aclaró que en este tema vinculado con la reforma de la ley nacional que discute la OFEPHI “la Legislatura no ha tomado intervención en nada. Solamente lo está trabajando la gobernadora con la OFEPHI”, dijo, y recordó que la Cámara “tampoco participó en las negociaciones con Roch antes, ni con YSYR ahora. Lo que hace es evaluar cuando llegan al ámbito legislativo, para ver si es favorable o no para la provincia”.

Una mezcla confusa

Esta alusión al contrato con YSUR, la ley nacional que debate la OFEPHI y la creación de la empresa provincial no quedó clara, y se le preguntó a la legisladora cuál es la relación, dado que no se entiende en qué medida puede condicionar el marco nacional el avance de la discusión que motivó el encuentro. “Son cuestiones que hay que respetar porque todos los gobernadores de las provincias que integran la OFEPHI en materia de políticas hidrocarburíferas llevan adelante estas cuestiones que uno tiene que respetar (sic) –respondió-. Así como nosotros recibimos plata de la soja cuando no producimos soja, y nadie dice nada. Y no la ocupan para lo que la tienen que ocupar, sino para pagar sueldos”, comparó en otro vínculo incomprensible con la materia de debate.
“Las cuestiones se manejan de esa manera: si están por hacer una ley que va a pasar por la Cámara de Diputados, por la de Senadores, no es que no se puede crear una empresa. Obviamente se puede crear, pero no se puede crear una norma que después se contraponga con la nacional”, insistió.
“Hay que ver cómo sale la normativa nacional para poder regular en el territorio y que no haya ningún perjuicio”, consideró la parlamentaria provincial.

Nada claro

Para Martínez hay demasiada indefinición en este tema. “Por ejemplo, el radicalismo propone una empresa de hidrocarburos donde el estado provincial va a tener el 90% de las acciones y el 10% los municipios. El PJ dice que el objeto de la empresa es la explotación de hidrocarburos y minerales, y queda ahí. La cuestión eléctrica no está. Hay muchas cuestiones que no se están hablando”, dijo.
Si es una empresa de hidrocarburos o de energía, “ese es el tema no se sabe”, manifestó.
Consultada sobre el borrador de Arcando, previo a un proyecto que van a presentar en un futuro, explicó que “en principio nosotros no teníamos pensado tratarlo en este momento, por cómo está la provincia, en un estado lamentable, con problemas en salud, educación, seguridad, donde la plata no alcanza para nada. Realmente no pensamos que se iba a dar un pronto despacho a este tema de la creación de la empresa de hidrocarburos”.
“Esto se reflotó de repente por el tema de la renegociación de YSUR. Lo que se planteó en la comisión fue que uno de los temas podría ser crear la empresa de hidrocarburos y volver a renegociar las áreas, porque faltan dos años y medio para el vencimiento de Apache, pero no hay nada claro”, dijo, esta vez en referencia a la extensión del contrato, no a la creación de la empresa.
“Vamos a saber lo que se propone una vez que esté el proyecto, el estatuto y la presentación que quieren llevar adelante”, acotó, en referencia a la empresa provincial.
“Nosotros no formamos parte del trabajo que está realizando el PJ y la UCR en esto. Nosotros aportamos desde nuestro lugar y, llegado el momento, se presentará un proyecto para poner en debate”, indicó.
Sostuvo que “no es un pequeño borrador” el que presentó Arcando, aunque reconoció que “se trabajó en el apuro porque realmente no teníamos pensado darle curso a la empresa de hidrocarburos. Tenemos otras prioridades”.

YSUR ante todo

La prioridad de Martínez es la ratificación del contrato, y dijo que al menos se fijó fecha de tratamiento con los representantes de YPF. “La empresa YSUR hace tiempo que quiere venir a contarnos a todos de qué se trata la renegociación. El 5 (de agosto) van a estar en la Casa de la Cultura para poder explicarlo a la sociedad. Uno puede estar de acuerdo o no, pero la posibilidad de escuchar al otro hay que darla. La fecha (en Legislatura) la dieron recién para el 29 de agosto a las 11 de la mañana, en comisión, no en sesión”, informó sobre la agenda de la comisión 3, que preside Jorge Lechman.
Para Martínez deberían haber aprovechado la presencia de la empresa el 5 de agosto para fijar reunión en la Legislatura, dado que no hay ‘otros temas’ de importancia. “Alguien quiere venir a invertir en la provincia más de mil millones de dólares y para ellos es un tema más. Yo tengo la agenda de comisiones y por ahora no tengo nada que sea más importante”, aseveró.
Reiteró que “esta comisión se dio porque yo pedí que se invite al Fiscal de Estado y los intendentes para debatir esta cuestión. Pero estaban diciendo que ya se había trabajado no sé cuántas veces”, sostuvo sobre el trámite acelerado que se le venía dando al proyecto.

El “descontrol”

Por otra parte, dijo que a las 16 volvieron a reunirse con los sindicatos, tanto de petroleros jerárquicos como privados, y se habría producido un incidente con el legislador Jorge Lechman.
“El sindicato de petroleros jerárquicos se decidió retirar porque había cuestiones que no estaban entendiendo. Entre las idas y las palabras, al legislador Lechman le agarró un exabrupto, golpeó la mesa y partió un vaso. Se armó un descontrol en ese momento, fue muy feo, y lo que estoy contando está en versión taquigráfica”, aseguró.
Se le pidió que ampliara un poco esta información para aclarar el origen del supuesto descontrol: “El exabrupto fue porque de alguna manera petroleros jerárquicos estudiaron los dos proyectos y acercaron una carpeta para que lo tengamos en cuenta en el momento que se defina el proyecto. Decían si era vinculante o no vinculante, y se les explicaba que no era vinculante. Cuando trabajamos lo de Roch el Fiscal dio una opinión en contra y tampoco fue vinculante”, comparó Martínez.
“Se generó la discusión por si el aporte lo iban a tomar o no. El legislador Lechman se alteró, levantó la voz, yo le dije ‘usted no es un patrón de estancia’, porque si ellos no entendían lo que se les explicaba, nosotros tenemos una responsabilidad diferente y hay que contestarle diez veces lo que preguntan sin enojarse ni alterarse”, consideró.
Y cuestionó a Lechman porque “si un dirigente sindical pregunta cosas, no les quieren responder y se hacen los ofendidos”, cerró la parlamentaria.