Seguinos en estas redes sociales

Edición Nº 8,831
Miércoles 27 de marzo de 2024
Jueves 28 de marzo de 2024 - Río Grande, Tierra del Fuego - Argentina

   
24-04-2014
Se presentó en la Fiscalía, tras el incendio del Pequeño Hogar
Montero y Chekerdemian denunciados penalmente
Montero y Chekerdemian denunciados penalmente
El Dr. José Luis Álvarez confirmó ayer la radicación de la denuncia penal contra dos ministros de la gestión Ríos, luego del incendio del Pequeño Hogar que alojaba menores en riesgo. (Foto Gentileza ElFueguino.com)
El abogado de ATE confirmó la radicación de la denuncia penal pasado el mediodía de ayer. Se acusa a los ministros de Trabajo Gerardo Chekerdemian y de Desarrollo Social Marisa Montero de “violación de sus deberes de funcionario” y de “omisión de deberes de oficio”. Pidieron ser tomados como querellantes para acceder a las actuaciones en torno al incendio del Pequeño Hogar. Su representación alcanza a los empleados que representa el gremio, y esperan que el ministerio pupilar accione por los menores damnificados.
Imprimir esta nota
Enviar por mail
Río Grande.- El Dr. José Luis Álvarez confirmó ayer a Radio Fueguina la radicación de la denuncia penal contra dos ministros de la gestión Ríos, luego del incendio del Pequeño Hogar que alojaba menores en riesgo.
“Alrededor de las 13:30 se presentó el secretario general de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, acompañado por Carlos Córdoba de Ushuaia. Hicimos la denuncia penal en la Fiscalía, que le dará curso al juzgado de instrucción de turno, que es el nro. 2”, precisó, a cargo del Dr. Héctor Ochoa.
“La denuncia penal se ha realizado contra el Ministro de Trabajo y contra la Ministro de Desarrollo Social, por los hechos ocurridos en el Pequeño Hogar”, agregó y detalló que “describimos los hechos que son de público conocimiento, que es el incendio del edificio, con la falta de condiciones de seguridad, como son las puertas de emergencia que estaban bloqueadas, las ventanas que tenían rejas, y la declaración testimonial de la ex directora –Soledad Moreno López- que había pedido el cierre de ese edificio porque no cumplía con las condiciones de seguridad”.
“Hemos presentado además una larga cantidad de notas elevadas por ATE al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo, a los fines de que realicen inspecciones de las condiciones de higiene y seguridad del edificio, las cuales nunca fueron contestadas ni tomadas en cuenta por ninguna de las autoridades máximas del ministerio”, apuntó el letrado.
A su criterio se produjo “una omisión en el control y el ejercicio de la función de los distintos ministros, tanto de Desarrollo como de Trabajo. En Trabajo tenemos presentadas casi 25 notas desde el año 2009, pasando por el 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014, denunciando estas circunstancias ante los distintos organismos competentes, sin que se hayan tomado cartas en el asunto ni se haya invertido fondos para infraestructura en materia de seguridad, ni en ese edificio ni en ninguno de los otros”, aseveró.

Mentira expuesta

Consultado sobre las declaraciones del ministro de Trabajo Gerardo Chekerdemian, quien negó tener denuncias por estos temas, el abogado replicó que “las denuncias están presentadas ante el Ministerio y tienen sello de entrada del Ministerio, de los años 2009 al 2014. Adjuntamos la documental que avala lo que estamos denunciando”, subrayó.
Acerca de si puede haber responsables en alguna cadena intermedia, por lo cual no llegaron a destino esas presentaciones, dijo que “nosotros apuntamos a los dos ministros, que son los responsables del funcionamiento de sus respectivas áreas. Las notas están dirigidas a los ministros. Si cada ministro no logra que la mesa de entradas le pase la nota de lo que está sucediendo en sus propias áreas, o no se toman los recaudos desde las áreas de fiscalización, es responsabilidad de los ministros de cada área”, indicó.
“El fiscal y el juez de instrucción deberá determinar si existen otros funcionarios responsables, pero dada la ley de ministerios, es el ministro el que debe velar para que su cartera funcione y le den curso a todas las notas sobre falta de seguridad”, expuso Álvarez.

Falencias varias

En la lista de elementos deficientes que atentan contra la seguridad, incluyeron la “falta de matafuegos, el hacinamiento de cinco personas en una oficina pequeña, la falta de espacio para las personas alojadas, falta de elementos de electricidad, de gas, porque hay lugares donde no funcionan las calderas y son cosas que tienen que ver con las condiciones mínimas de habitabilidad. Hubo edificios cerrados por estas circunstancias”, recordó.
Agregó que el Pequeño Hogar se había cerrado por disposición de la ex directora, “y cuando volvió se encontró sin el cargo y con el lugar reabierto”.

Tipificación penal

Respecto del delito que se imputa a los funcionarios, precisó que “es violación de los deberes de funcionario público y omisión de los deberes de oficio, tipificados en los artículos 248 y 249 del Código Penal. Tienen que ver con la violación de las normas legales correspondientes, que son competencia de los ministerios, y no haber ejercido su función o haber tomado algún tipo de acción”, explicó.
“Lo que más nos preocupa es el Ministerio de Trabajo, porque es el área que tiene personal para fiscalizar todas estas circunstancias”, destacó, dando cuenta de que es frecuente encontrar reticencia cuando se denuncia algún área de la administración pública: “Las inspecciones para comercios de industrias privadas funcionan, pero cuando se trata del propio estado hay como un dicho dentro del propio ministerio, de que no van a poder inspeccionar al propio gobierno, del que forman parte”.

Ministerio pupilar

En cuanto a los derechos de las víctimas alojadas en esas condiciones, el abogado aclaró que será tarea del Ministerio Pupilar. “No tenemos ningún tipo de representación de esas personas. Será el ministerio pupilar, la defensoría pública de menores, el área que tendrá que hacer las acciones correspondientes. En los distintos expedientes que obran en los juzgados de familia 1 y 2, el ministerio popular ha estado, porque yo he formado parte de reuniones en las que se ha citado a ministros por falta de alimentos, de elementos de limpieza, de capacitación para manejar menores judicializados”, aseguró.
“Los menores que están ahí adentro no tienen la contención suficiente para que se cumpla el rol tutelar que tiene el estado, y el ministerio pupilar debe ser garante de las condiciones de seguridad, para que sean las adecuadas”, dijo sobre el rol que compete a cada uno.
“En los últimos siete años es una de las quejas constantes en los juzgados de familia”, añadió el letrado.
“Estamos hablando de derechos individuales, porque son los menores que están bajo la tutela del ministerio pupilar y es el que tendría la acción específica. Acá no hay un interés difuso, sino un interés específico, y el estado debe garantizar la seguridad de los edificios donde se alojan tanto los menores como los adultos en situaciones de internación”, enfatizó.

A la querella

Finalmente informó el pedido para “ser tomados como parte querellante en la causa” porque “hasta que esto no se habilite no hay acceso a las actuaciones realizadas por el juzgado de instrucción y las pericias”.
“Ahora estamos esperando que nos autoricen ser parte querellante, tomar las actuaciones y proponer las medidas de prueba que sean conducentes a lograr esclarecer las responsabilidades del hecho puntual, y de los funcionarios en la omisión del cumplimiento de sus deberes”, manifestó.

La “inclusión” de este socialismo

En un párrafo aparte, el abogado reflexionó sobre el nivel de “inclusión” que como política de gobierno quedó expuesto, a los sectores más sensibles. A priori planteó “una prestación deficiente del servicio, donde se utilizan operadores con apenas un título secundario completo y sin capacitación para estar a cargo de los menores. Eso llama la atención poderosamente. Tampoco hay un reconocimiento hacia los trabajadores de que están tratando con problemáticas que los exceden en cuanto a sus incumbencias profesionales”, dijo.
“Esta situación no es propia de esta gestión, sino del estado fueguino, que debiera establecer otros estándares de profesionalización en un área tan delicada, como es desarrollo e inclusión social. Hablamos de menores judicializados, adultos en situaciones de adicción, en situación de riesgo social. Lo que pone de manifiesto el estado es un desinterés en una prestación social acorde a estas necesidades, teniendo en cuenta el consumo de drogas que estamos teniendo en la provincia, que cada vez va teniendo más injerencia y va tornando más peligrosa la situación de los menores”, concluyó.


 

Mark3ting - Diseño de Página web - marketing online - hosting en Rio Grande - Ushuaia - Tolhuin - Tierra del Fuego
MARK3TING Diseño Web: 011 3886 4230


 Este sitio utiliza tecnología Surio. Argentina