Río Grande.- Los legisladores Liliana Martínez Allende (UCR) y Eduardo Barrientos (PJ) participaron del programa El Espejo que se emite por Canal 11 de Ushuaia, para abordar las últimas novedades en torno a la renegociación del contrato con YSUR-YPF y la creación de la empresa provincial de hidrocarburos.
Son dos temas centrales en la agenda para después del receso, y estarían vinculados en función de una adenda que se propone al contrato de renegociación, a los fines de mejorar las condiciones actuales, con la incursión en otras actividades desde la empresa provincial, por ejemplo, para el tendido de redes de gas.
En principio los parlamentarios se refirieron a las dudas que planteó un medio de la ciudad de Río Grande sobre la reunión realizada en Buenos Aires con directivos de YSUR e YPF, y legisladores provinciales, respecto de posibles “favores” que habrían ido a buscar.
“Fuimos diez legisladores, cinco de los siete bloques que hay en la Legislatura, y sinceramente da bronca porque uno va con la expectativa de poder escuchar, porque tenemos la obligación luego de votar, sea por el sí o por el no”, dijo la legisladora de la UCR.
“Ellos invitaron a una reunión, la Legislatura se hizo cargo de nuestros pasajes, así que no hubo ningún tipo de favor especial”, aseguró, lamentando que “en vez de conversar sobre los beneficios que están ofreciendo, estemos discutiendo si los legisladores fuimos a buscar una dádiva a Buenos Aires”.
Confirmó que en agosto se prevé una reunión de la comisión 3, que preside el legislador Jorge Lechman, del MPF, bloque que estuvo ausente.
Martínez Allende destacó la transparencia de un encuentro que no se hizo a espaldas de nadie, sino “libremente, hemos salido en tapa de los diarios quiénes fuimos los que estuvimos y de qué se habló. Si hubiésemos recibido alguna dádiva, estaba el FPV, con quienes no coincidimos en algunos temas y serían hasta testigos de que la situación no tiene nada raro, sino que fue una reunión como cualquier otra en Buenos Aires”, remarcó.
Por su parte Barrientos observó que “muchas veces se habla de gestión y en este país que es federal pero muy unitario en determinadas cuestiones, la gestión se da en Buenos Aires. No es raro que alguien vaya a discutir cuestiones a Buenos Aires, como se hace para asignar las obras del Fideicomiso Austral. Para eso también se reúnen en Buenos Aires cuando podrían reunirse en Tierra del Fuego”, manifestó.

“Peras con manzanas”

Respecto de la renegociación en sí, el justicialista se refirió a la prórroga del contrato con YSUR YPF, en el marco de la ley corta que permite que las provincias rediscutan la renegociación de contratos en todo el país. “Esta debe ser una de las últimas concesiones que quedan por discutir”, sostuvo, y subrayó que comprarla con la de Roch “es comparar peras con manzanas”.
“La superficie de la concesión puede similar pero no es para nada similar el volumen de extracción en cada área y el tiempo de concisión que le queda, que eran siete años para Roch y son dos años para esta”, diferenció.
“No es que por haber votado el contrato de Roch tenemos que votar automáticamente YPF”, dijo.
“Ahora hay que empezar a evaluar si lo que ofrece YPF beneficia a la provincia, y el hecho de que esta concesión se termine en dos años cambia sustancialmente la situación”, expresó.
Si bien comparte “que en el marco de la soberanía hidrocarburífera tenemos que convenir con YPF para generar esta inversión”, priorizó su rol de representante de los fueguinos. “Lo tengo que ver desde la responsabilidad de legislar para los intereses de la provincia”, dijo.
Martínez Allende indicó que “por eso nosotros planteamos la empresa provincial. Yo le planteé a los representantes de YSUR que para nosotros es muy importante la soberanía de nuestros recursos naturales como provincia y ellos planteaban que, independientemente de la empresa provincial, esto se podía aprobar”.
No serían cuestiones incompatibles, todo lo contrario, podrían ser complementarias para mejorar las condiciones actuales de un contrato que no se puede modificar.
“Tenemos una responsabilidad muy grande, es el futuro de Tierra del Fuego y así lo debemos tomar, entender el compromiso que significa lo que vamos a votar”, remarcó, dado que “vivimos dependiendo de un gobierno nacional, cualquiera sea, que también ha dispuesto de estos recursos naturales y es imprescindible que nos pongamos los pantalones largos y seamos nosotros los responsables de nuestros recursos, más allá del gobierno de turno”, defendió la legisladora.
Mencionó que el gas que importan de otros países lo están pagando entre 7 y 8 dólares el millón de BTU y no llega a dos dólares lo que pagan a Tierra del Fuego.
“Debemos tener el manejo de esos recursos, no para ahogar a la Nación pero que tampoco vaya en desmedro de la provincia”, insistió.

Empresa provincial

Sobre la creación de la empresa provincial, Barrientos sostuvo que “primero hay que agotar la discusión de la renegociación del contrato para definir si vamos a avanzar o no. La visión de YPF es que no va a haber empresas interesadas en venir a invertir a Tierra del Fuego por varias razones, por la falta de infraestructura de empresas petroleras de servicio, que hacen que la producción en la provincia sea más cara que en otro lugares del país. Pero esta es la visión de YPF, la campana de YPF. Son argumentos y uno tiene que atenderlos, antes de decir si revertimos el área, o que no realizamos la renegociación y esperamos los dos años. Tal vez en dos años se empieza a caer la producción, y vamos a tener menos ingresos para la provincia porque va a mermar. Tenemos que ser cuidadosos”, manifestó.
La legisladora radical apuntó que desde YPF plantearon que “ellos no van a traer nuevo equipamiento si no accedemos a la renegociación del contrato”, por lo cual se prevé una baja de producción en los pocos años que quedan en caso de no extenderse.
No obstante Barrientos se mostró “contento con cómo se viene trabajando para crear la empresa provincial de energía. Estamos conjugando ambos proyectos, de la UCR y el PJ, e independientemente de la suerte de la concesión de YPF hay que trabajar en la conformación de esta empresa, porque quedan otras áreas, como la CA 12. Este gobierno no ha tenido en siete años la capacidad de licitarla, tenemos necesidad urgente de dinero y tenemos un área durmiendo el sueño de los justos. Hay pequeñas áreas donde se van terminando los permisos de exploración, y vuelven a ser revertidas a la provincia. Esto formaría parte del patrimonio de la empresa provincial”, dijo.
“Pensamos en la empresa provincial porque en el contrato con YSUR, cuando hablamos de la Responsabilidad Social Empresaria ellos plantearon que con una inversión de 700 millones de dólares van a hacer un asilo de ancianos en Río Grande. Creo que la oferta debió ser un poco más generosa”, opinó.
“El asilo de ancianos es muy necesario en Río Grande pero nos parece muy poca cosa para semejante inversión. Ellos tienen que estar muy interesados porque son 720 millones de dólares y con posibilidad de 120 millones más, y no creo que si no tuviesen muchísimas expectativas en esta inversión hicieran esta oferta”, sostuvo la legisladora.
La empresa provincial es central porque “este contrato se discutió entre la empresa y la provincia, y no podemos modificar nada de lo escrito –dijo Barrientos-. Por eso consultamos sobre la posibilidad de una adenda, para incluir algunas cuestiones: nos interesa saber cosas concretas, como por qué seguimos teniendo planta Orión en medio de Ushuaia, por qué no se habilitan más estaciones de servicio para que haya mas posibilidad de cargar nafta, y esto se lo dije al presidente de YSUR y a la abogada, para que busquemos alternativas”, señaló sobre aspectos que serían parte de un compromiso a plasmarse en la adenda.

Dueños de todo

Barrientos recordó que “YPF tiene el 100% del gas domiciliario y de garrafa, y los vecinos que consumen garrafa dicen que es poca la producción de gas. Son ellos quienes proveen el gas y esto lo necesitamos modificar. Los que consumen gas de garrafa pagan un 1000% más de la gente que tiene red de gas. La empresa provincial que planteamos también puede hacerse cargo de las redes y podemos generar redes domiciliarias de gas, ver de qué manera generamos fondos para que las familias de Tierra del Fuego tengan la red de gas. Estas cosas intentamos discutir, las planteamos en Buenos Aires y en principio tomaron nota”, dijo el legislador a la espera de la respuesta en el próximo encuentro.
“Ellos plantean que en el esquema de la renegociación nacional, Tierra del Fuego tiene uno de los mejores contratos que han discutido en todo el país. Dicen que si algún gobernador de otra provincia ve este contrato, va a llamar a su Secretario de Hidrocarburos y lo va a echar por lo que no planteó en su momento. Pero es la campana de la empresa”, reiteró sobre beneficios que supuestamente ofrecen a los fueguinos y no le dieron a ninguna otra provincia.
“Nosotros estamos ofreciendo alternativas, les decimos que estamos generando una empresa provincial donde podemos tomar otros compromisos que no están dentro de este contrato, y que lo podemos hacer fácilmente, porque cualquier contrato puede tener una adenda. Podemos aprobar este contrato con el compromiso de una adenda que garantice los mejores intereses para nuestros habitantes”, planteó.

Sociedad Anónima o del Estado

Consultados sobre la figura societaria, habría vuelto a fojas cero lo que parecía el primer punto de consenso que se había logrado. La UCR proponía una sociedad anónima y el PJ una sociedad del estado, y los radicales estaban dispuestos a ceder su posición.
Pero “todavía no se logró consensuar. Además de las discusiones en los despachos hemos hecho dos reuniones de comisión donde discutimos esto. Habíamos llegado a una primera instancia donde analizamos los proyectos de RENASA y de HIFUSA y planteamos una empresa absolutamente estatal. El proyecto del peronismo es de una empresa estatal. Como tal puede generar una UTE con otra empresa y otro tipo de asociaciones, para conseguir inversores. Pero surgió una duda, que marca nuestra Constitución provincial sobre la subsidiariedad del estado, por la cual el estado no puede intervenir en negocios privados. Surgió la posibilidad de que alguno de los actores del negocio petrolero planteara la inconstitucionalidad de una empresa de este tipo”, dijo Barrientos.
Más que diferencias políticas entonces habría un planteo técnico a resolver con los organismos que entienden en la materia. “Acordamos que en la próxima reunión se convocará al Fiscal de Estado, a la IGJ y otros actores para discutir este tema”, adelantó el justicialista, para luego tomar una definición sobre este punto.
También esperan tener la opinión de los intendentes. “Hubo una reunión suspendida porque se había invitado a los intendentes para que participen de la discusión con respecto a este tema. No pudieron concurrir y por eso quedó pautada la reunión para después del receso”, informó Martínez Allende, garantizando que “se los convocará para saber qué opinan con respecto a esta situación”.