Río Grande.- Ayer se conocieron nuevos datos reveladores vinculados con abusos y posibles negociados detrás del ausentismo en el Estado, que deberá develar la justicia, a partir de la apertura de causas en el fuero provincial y federal.
La trama involucra a varios empleados públicos que apelaron a certificados por enfermedad de distinto tipo, varios con licencias prolongadas por algún problema de salud mental, cuando gozaban de buena salud. Pero además pone en la mira a los médicos cómplices que los firmaron y ya han recibido sanciones.
Entre licencias por enfermedad justificadas y no, el año pasado hubo un dispendio de 380 millones del presupuesto provincial a personal que no se presentó a cumplir funciones. A la fecha, de acuerdo al cierre de Río Grande al 31 de agosto, la cifra se reduce a 72 millones, un promedio de 9 millones mensuales contra los más de 30 millones de 2015; y aun cuando el monto presupuestado en salarios es mayor en 2016 por crecimiento vegetativo y pauta salarial.
El año pasado fueron 33.088 los certificados presentados, más de 2.700 por mes y, si se toma en cuenta que una consulta particular –como ha ocurrido con la mayoría de los casos irregulares investigados- en el caso de un especialista ronda los 500 pesos de no mediar algún ‘adicional’ por el favor concedido, el abuso del trabajador estatal con las licencias médicas también reportó un negocio multimillonario para el puñado de médicos que los extendieron, en algunos casos sin siquiera ver a los pacientes.

La caja de Pandora

El secretario de Planificación y Gestión Política de Salud de la provincia, farmacéutico Pedro Guillermo Seguí, explicó a Radio Fueguina la tarea desarrollada “desde el primer día de gestión”, previendo que el ausentismo era excesivamente alto en la provincia y las licencias demasiado extensas.
“Desde que asumimos, teníamos el mandato de la gobernadora de recolectar datos primero, porque no teníamos ningún dato de cómo era el ausentismo en Tierra del Fuego”, dijo.
“Lo único que teníamos era la percepción subjetiva de que era alto y había algunos datos numéricos de cuánto había perdido el Estado por jornales no trabajados en el año 2015, que eran alrededor de 380 millones de pesos. Ese era el único dato y no teníamos porcentajes”, expuso.
“Buscando en las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, dice que el ausentismo normal es de alrededor del 4,5% en la actividad pública y de un 3,5% en la actividad privada.
Empezamos con las licencias de largo tratamiento desde el primer día, con el mismo personal y los mismos directores de planta que venían de años. Y revisando las carpetas de largo tratamiento, una de las conclusiones a las que llegamos es que el 27% de las licencias por largo tratamiento eran carpetas por salud mental”, puntualizó sobre la punta del hilo de esta trama, que terminó exponiendo un verdadero escándalo.
Aclaró que estas carpetas no son “psiquiátricas” únicamente, dado que en ese caso estarían relacionadas con algún tipo de patología más severa, sino que “son licencias por salud mental y ahí tenemos estrés, depresión, ludopatía, cualquiera de los diagnósticos posibles de salud mental”.
“Sabemos que el estrés no es una patología crónica, sino que es aguda y se cura con descanso, con medicación para conciliar el sueño, además de algún tipo de tarea recreativa en un período no mayor de treinta días. Cuando veíamos con carpetas por estrés de varios meses, suponíamos que esto estaba escondiendo otro problema”, relató.
La documentación a verificar es profusa: “Actualmente recibimos unos 200 certificados por día como promedio. En lo que va del año, en Río Grande se han presentado a la fecha unos 10.500 certificados médicos, que son licencias por un día, por dos, por treinta días, de todo tipo. De ese total, el 27% son por salud mental”, indicó.

La pesquisa

Las irregularidades detectadas particularmente en este grupo fueron varias, dijo el funcionario: “Por patologías de salud mental encontramos algunas personas que estaban fuera de la provincia, con permiso de salida. Como primer paso, hemos pedido al médico o psicólogo tratante un resumen de historia clínica, es decir una ampliación de diagnóstico y que explique las razones por las cuales esa persona tiene que estar afuera de Tierra del Fuego. Cuando hemos encontrado algún tipo de inconsistencia, los hemos citado a junta médica en la provincia, es decir les hemos dicho que vuelvan”, manifestó.
Aseguró que “en muchos de esos casos la carpeta médica no se justificaba y, mediante junta médica, hemos levantado la licencia. Es decir que nosotros les hemos dado el alta, porque los médicos laborales consideraban que no era necesario que estuvieran con la carpeta, independientemente de lo que diga el médico tratante”.
No pudo precisar si los que estaban con esta licencia paga en Tierra del Fuego se encontraban trabajando en otro punto del país, como trascendió. “No tenemos esos datos, porque lo único que controlamos desde Salud son los certificados y si las carpetas médicas corresponden o no. Luego la decisión de tomar algún tipo de sanción, iniciar un sumario o una investigación, le corresponde a cada ministerio, según dónde trabaje la gente. Si es el Ministerio de Salud, por supuesto lo iniciamos nosotros”, dijo Seguí.
“Nosotros simplemente informamos a los Ministerios periódicamente, y les transmitimos los datos de ausentismo que tenemos”, sintetizó del rol que les compete.

Mecanismo aceitado

Desde que asumió la nueva gestión, el mecanismo es claro: “El certificado médico se presenta en la sede de medicina del trabajo, de Río Grande y Ushuaia. Se les hace firmar una declaración jurada donde la gente hace constar a quién le avisó el motivo de inasistencia, para evitar que luego digan que no estaban enfermos sino de vacaciones, por ejemplo. Ese certificado, con la declaración jurada, se registra y va a la historia laboral del paciente. Las historias clínicas de los pacientes son revisadas todos los días por los médicos laborales –aseguró-, como también los certificados médicos que se presentaron en el día. Si están correctamente confeccionados y los diagnósticos corresponden, la licencia se justifica. Si hay alguna inconsistencia, se toma contacto con el agente o con el médico certificante, para pedirle la ampliación de diagnóstico y resumen de historia clínica. Esto se hace todos los días, con todos los certificados”, remarcó el secretario, respecto de la labor cotidiana de control.

Visita domiciliaria en estudio

Todavía falta completar el mecanismo con la visita domiciliaria a todos los que argumentan alguna enfermedad, y eso incluye a los que están fuera de la provincia. “Hoy no tenemos capacidad para visitarlos a todos, con un promedio de 200 certificados diarios para ir casa por casa a notificar y revisar a los pacientes. No hay personal para hacerlo y generalmente no se hace sobre la totalidad sino sobre un muestreo. Actualmente estamos visitando unos 15 ó 20 agentes por día”, sostuvo.
Dio a conocer una posibilidad en estudio, que implica tercerizar las visitas “para aumentar la capacidad de control. No es una privatización del control sino de la visita domiciliaria –aclaró-. Si tomáramos la decisión de ir por ese camino, uno de los requisitos que tendría que tener la empresa es poder hacer esos controles médicos en todo el país, porque hay gente que sale de la provincia con tratamiento médico, o que se enferma estando fuera de la provincia, de vacaciones, y hay que visitarlos en Córdoba, en Salta, en Buenos Aires, o donde sea”, planteó Seguí.

Enfermando en vacaciones

En una de las entrevistas concedidas en los últimos días, el Ministro de Educación reconoció que detectaron un docente con licencia médica atendiendo un comercio en Corrientes, otro de vacaciones fuera del país –gracias al Facebook-, pero en este caso el Secretario indicó que “hay patologías con las que se puede viajar y puede ser justificado que no pueda trabajar”.
Se centró en aquellos que, estando fuera de la provincia, enferman. Si se trata de un accidente automovilístico, que se da con frecuencia, es incuestionable y obviamente “el paciente no se puede movilizar y entonces no es necesaria mayor pesquisa”.
Pero se dieron casos de gente que “se estresa” cuando está de vacaciones y las extiende un poco más, certificado mediante extendido por algún profesional de la zona: “Se han dado casos de patologías de salud mental que se desencadenan en Buenos Aires. A esa gente ahora le pedimos que vengan, para que les podamos hacer la junta médica acá”, dijo.
“Si el médico tratante considera que no puede viajar porque le agarra un episodio de ataque de pánico o de claustrofobia y no se puede subir al avión, lo que pedimos es una ampliación y que justifique correctamente cada diagnóstico”, señaló.
Y dio cuenta de que hubo resistencia tanto del agente como del profesional para dar la información, que alimentó la sospecha, pero la ley los faculta como autoridad de aplicación a indagar en la historia clínica: “En caso de que el médico se niegue, porque nos ha pasado que se negaron, amparándose en la ley de protección de derechos del paciente, y en que las historias clínicas son secretas, hay un decreto reglamentario de la ley. Dice que la autoridad de aplicación, que somos nosotros, por razones de auditoría o estadística tenemos autoridad para acceder a la historia clínica. Esto tira por tierra el argumento de que no podemos acceder”, manifestó Seguí.

Si algo faltaba, saltaron dos médicos truchos

A los centenares de certificados apócrifos detectados en los controles se le sumó el descubrimiento de que un profesional especialista en cardiología que hace años ejercía en la provincia, no lo era.
Había trabajado como auditor en una obra social y en el último año y medio trabajaba como cardiólogo en una clínica privada que alquila consultorios en la ciudad de Río Grande. La impunidad lo perdió: se descubrió la falsa matrícula por la investigación de los certificados que venía expidiendo a sus pacientes. Cuando se radicó la denuncia, desapareció de la provincia y hoy lo busca la justicia.
“Tenemos dos profesionales denunciados en la justicia penal de la provincia por falsedad ideológica, por certificar una enfermedad inexistente o sin haber hecho la consulta”, dijo el secretario de las causas iniciadas.
Una de ellas involucra a un médico que, efectivamente siéndolo, se prestó a maniobras delictivas en complicidad con sus pacientes empleados del Estado. Precisó que emitía certificados de licencia “a pacientes que estaban fuera de la provincia, sin revisarlos. Eso lo hemos comprobado y hemos enviado todas las pruebas que teníamos a la justicia. Es un médico del sector privado”, dijo.
El segundo caso es el más escabroso, porque deja la incógnita sobre los años de mala praxis que pudieron haber afectado a enfermos desprevenidos, que jamás sospecharon que el cardiólogo que los atendía no tenía título como tal: “La otra persona que detectamos es un supuesto médico cardiólogo que no lo es. Por su número de matrícula tendría que tener 105 años de vida, es decir que estaba usando un número de matrícula de alguien fallecido hace tiempo”, aseguró el funcionario.
Relató que “estaba ejerciendo en la parte privada y, cuando detectamos la irregularidad en el número de matrícula, efectivamente era un médico trucho. Estaba en Río Grande y, cuando lo citamos para que trajera toda la documentación, desapareció de la isla”.
El secretario no quiso dar su nombre ni más precisiones “porque el tema está en la justicia. Lo denunciamos inmediatamente”, remarcó.
Lejos de ser un médico itinerante, estaba radicado hace años en la ciudad. “No puedo dar mayor información pero ya no está más. Lo tenemos detectado, se le ha dado aviso al lugar donde trabajaba, que era un policonsultorio, donde esta persona alquilaba uno. Sabemos que hace un año, o un año y medio, venía trabajando ahí”, estimó.
Indudablemente lo perdió la impunidad y el negocio que le reportaba la emisión de certificados médicos tan truchos como él, dado que la consulta privada de un especialista lejos está de ser gratuita: “Esto salta cuando empezamos a revisar los certificados que emitía y el sello que utilizaba, que no era el que había declarado en Fiscalización. Todos los papeles estaban en regla, pero cuando vimos los certificados con los cuales justificaba inasistencias, ahí detectamos que ese número de matrícula era inconsistente con una persona viva”, reiteró.
Apuntó que este falso cardiólogo llevaba años trabajando como médico en otro lugar y desconocen si alguna vez se recibió. “Esto forma parte de la investigación. Estuvo haciendo auditoría médica en una obra social y después se dedicó a la actividad privada. Ahí detectamos la inconsistencia en el número de matrícula”, reiteró Seguí.

Casi una Rímolo propia

El segundo médico trucho, por suerte quedó en grado de tentativa, porque no llegó a ejercer en la provincia. “Tuvimos el caso de una supuesta médica que intentó matricularse aquí y, con la documentación que presentó, detectamos que la copia del título que presentaba era apócrifa. Esto lo denunciamos a la justicia federal. En este caso lo detectamos antes”, señaló con alivio el funcionario, en función de controles que evidentemente no hubo para el caso anterior.
Volvió sobre el falso cardiólogo, para expresar casi con impavidez que podría haber seguido ejerciendo por años sin que nadie supiera la verdad, de no prestarse a emitir los famosos certificados por falsas enfermedades: “En ese caso la documentación no tenía inconsistencia, salvo el número de matrícula nacional que presentaba y correspondía a una persona de más de cien años”, sostuvo.
A fin de no generalizar las irregularidades cometidas por un grupo reducido, Seguí remarcó que “de más de mil médicos que tenemos en la provincia, hemos detectado dos casos. Alguien tenía que hacerlo y empezamos nosotros”.

La terapia de recreación

Como colofón de este detallado informe del funcionario, dio cuenta del punto al que llegaron algunos profesionales para justificar las vacaciones de algunos agentes, como parte del tratamiento médico de alguna enfermedad mental. “Encontramos el caso de un profesional que prescribía tarea recreativa como tratamiento”, afirmó Seguí.
En consecuencia, planteó que “de encontrar a gente que tiene prescripta tarea recreativa en el casino, estaría bajo prescripción médica. Todo ese tipo de cosas estamos tratando de contrarrestarlas pidiendo estos informes y las historias clínicas”, expresó.

Las cifras del descontrol

A modo de resumen, el costo de los ausentes –muchos de ellos con justificación, en 2015 trepó a los 380 millones. Como para tener un parámetro coyuntural de comparación, hoy la gobernadora Rosana Bertone y el presidente del IPAUSS hacen esfuerzos denodados para que Legislatura no derogue la ley de emergencia previsional, hasta ver si pueden lograr 250 millones de financiamiento de ANSES y paliar el déficit de la caja en 2017.
La cifra ya no será igual: “En Río Grande, transcurridos ocho meses con el cierre a agosto, estamos en 72 millones”, dijo Seguí.
El promedio da nueve millones por mes y proyecta 108 millones para todo el año, menos de una tercera parte del último ejercicio de Ríos.
Respecto del ausentismo, “no tenemos la estadística fina del porcentaje, porque hay gente que no tiene dedicación exclusiva y tiene más de un cargo, por lo que una inasistencia equivale a dos o tres. Hoy estimamos que el nivel de ausentismo está alrededor del 6 y el 8 por ciento, por causas médicas, pero hay que tener un año completo para medirlo. Los que no van por causas que no son médicas están fuera de nuestro control”, concluyó.