Ushuaia.- Del encuentro participaron la ministro de Obras Públicas, Gabriela Muñiz Sicardi y su equipo técnico; ministro Jefe de Gabinete, Sergio Araque; integrantes del Tribunal de Cuentas, encabezado por el contador Miguel Longhitano; trabajadores de servicios generales y referentes gremiales, además de los legisladores Jorge Lechman, Laura Rojo, Juan Rodríguez, Eduardo Barrientos, Juan Arcando, Amanda del Corro y Fabio Marinello.
Los trabajadores pidieron que se mantenga la actual estructura que los contiene dentro del ministerio; que no se tercerice el mantenimiento de edificios; se agilice la gestión de compras de insumos y se avance con el protocolo de acciones.
“Nosotros consideramos que debemos continuar con las tareas que realizamos, porque se manifestó que cuando se pase a la orbita del Ministerio de Educación, se va a tercerizar el mantenimiento de edificios”, dijeron los trabajadores.
Además afirmaron que “teniendo a los trabajadores y los medios, debe ser el Estado quien preste el servicio y no privatizarlo”, al tiempo que “criticaron la falta de recursos para enfrentar sus obligaciones”.
Integrantes del Tribunal de Cuentas afirmaron que las resoluciones 135, 169 y 175 “refieren a una auditoria para mejorar el sistema sobre la reparación de los establecimientos educativos, pero en ningún momento hemos recomendado ni podríamos hacerlo, la tercerización o no”, dijo Miguel Longhitano.
El funcionario afirmó que “eso queda a criterio del Gobierno y entendió que las auditorías hacen referencia a mejorar el sistema de cómo se están haciendo las reparaciones y facilitar el control”.
Ejemplificó con la “lectura de algunas recomendaciones propuestas e insistió en ningún momento se habla de tercerización”, cerró.
Por su parte, los parlamentarios consultaron por las partidas presupuestarias entre Ushuaia y Río Grande, los concursos para cubrir vacantes de profesionales y matriculados y la masa de trabajadores que dispone el área para cubrir los más de cien edificios de Ushuaia.
En tanto, la ministro Gabriela Muñiz Sicardi afirmó que el área continuará con el conocimiento y capacidad de los agentes que se desempeñan en servicios generales. “Ante la preocupación de los agentes de servicios generales, yo me reuní con ellos y les manifesté que no tenían porqué estar preocupados”, señaló.
La Ministro afirmó que desde la gestión de Gobierno y desde su ministerio en “ningún momento se ha pensado en dejarlos sin trabajo, reubicarlos o dejarlos en disponibilidad. Se han gestionado otras herramientas y ya está con el proyecto de decreto en la Secretaría Legal y Técnica”, detalló.
Se esperan destinar fondos de la Soja para “lo que son edificios públicos de Desarrollo Social y deportes”, a los cuales no se les han podido hacer tareas de mantenimiento. “Se continuará contando con el conocimiento y la capacidad que tiene los empleados y redistribuir el trabajo en otros edificios”, aclaró.
Respecto de las recomendaciones del TCP, Muñiz Sicardi dijo que “fueron respondidas en el tiempo solicitado por el organismo”.
Anunció que las recomendaciones se transformaron en un protocolo que “lo tiene el Tribunal de Cuentas para ver si se implementa. Lo ha redactado el Ministerio de Educación y refiere al mantenimiento y compras”, explicó.
“Hasta el día de hoy, seguimos nosotros con la responsabilidad del Ministerio” y dijo que no han resuelto nada y no han tenido la devolución del protocolo “para hacer el traspaso”.
“Las preocupaciones de los compañeros se las negué. Se trata de priorizar un sector, donde hay 100 edificios escolares que necesitan una eficacia y una eficiencia por parte del Estado de resolver problemas y se ha pensado que esta es la forma oportuna de hacerlo”.
Luego del encuentro, el titular de la Comisión N° 3, Jorge Lechman dijo que se busca sacar de la incertidumbre a los trabajadores que “pensaban que esto iba a terminar en la degradación de sus puestos de trabajo”.
Agregó que se demostró la preocupación del Poder Legislativo en que se corrija la situación y apuntó que “es responsabilidad del Estado provincial asegurarle al sector de servicios generales que van a seguir cumpliendo con su trabajo”.
Sobre las conclusiones, Lechman informó que los funcionarios se comprometieron a mantener una reunión con los sectores involucrados. Coincidió con Sergio Araque, ministro Jefe de Gabinete, en que “no se puede desatender las obligaciones que tiene el Estado” y comparó en que si el área no puede atender una problemática “alguien lo tiene que hacer”.

Arcando se retiró disconforme de la reunión

En tanto, desde el FPV el legislador Juan Arcando dijo que se retiró disconforme del encuentro, debido a que “hay una decisión política de tercerizar el servicio” y recordó que el Estado cuenta con el “personal capacitado para poder atender el mantenimiento de los edificios, por lo cual pidió diferenciar “mantenimiento de refacciones”.
“Ellos dicen que van a evaluar nuevamente, y lo que dice el Tribunal de Cuentas es que no hay una coordinación, comunicación entre los ministerios de Educación y Obras Públicas” dijo al tiempo que lo puso en ejemplo “una docente no sabe si tiene que llamar a Educación u Obras Pública para solucionar un problema en la escuela”.
Arcando reiteró que se fue de la reunión “no conforme” ya que los organismos de contralor “afirmaron falta de gestión y coordinación entre ministerios que afecta –en forma alarmante- el mantenimiento de los edificios públicos”, cerró.
La titular de la bancada oficialista, legisladora Amanda del Corro señaló que “una vez más, se dio garantías de que la medida que se ha sugerido, todavía no se ha tomado”. Se trata de la desafectación del área en la atención de 109 edificios afectados a Educación en Tierra del Fuego.
Del Corro insistió en que la intención de la gestión de Gobierno “es hacer más eficiente el servicio de mantenimiento diario que requieren las instituciones educativas” y afectar al personal del área, a la atención del resto de los edificios públicos.
La parlamentaria afirmó que, luego que el protocolo de acción sea devuelto a Obras Públicas por parte del TCP, se “volverá a reunir y ver aquellas cuestiones que se puedan mejorar”. Reiteró que la medida no se ha hecho efectiva y que el encuentro se dará a instancias del Ejecutivo y los trabajadores.
Finalmente, la legisladora aclaró que la medida no significa “la no valorización del trabajo del personal de servicios generales o poner en riesgo la estabilidad laboral de ninguno de ellos”, finalizó.
El legislador Eduardo Barrientos (PJ) señaló que “lo importante que es, que los trabajadores se vayan con un grado de tranquilidad, no ha quedado claro” y refirió a las pocas o carentes precisiones, sobre la tercerización de mantenimiento de edificios escolares.