Río Grande.- El concejal de Ushuaia Hugo Romero (FPV) se refirió a la sesión de ayer del Concejo Deliberante de Ushuaia, que rechazó la suspensión de la tarifaria municipal aprobada pocos días atrás por no tener los votos necesario.
La propuesta tampoco contó con el acompañamiento para ser girada a la comisión, en cambio fue aprobada la creación de una comisión de monitoreo de la aplicación de la normativa que estará integrada por los concejales, representantes de las cámaras empresariales y del municipio.
Por FM Aire Libre, Romero recordó que en la reunión del pasado viernes las cámaras empresariales “pretendían saber cómo habíamos sacado la tarifaria, y tenían dudas con respecto a la forma. Estaban interesados en cómo tomamos las tasas del impuesto inmobiliario, del automotor, y se estipuló darles la documentación correspondiente”.
Más allá de brindar información, no cedieron al pedido de suspensión. “Dentro del espíritu de la ordenanza, le dimos para adelante. Esto lo vinimos charlando con todos los concejales y cada uno mantuvo una posición, pero se hizo una presentación con tres concejales para la suspensión, por parte de (Tomás) Bertotto (PRO), Juan Manuel Romano (UCR) y (Ricardo) Garramuño (MPF). Obviamente la norma no se iba a echar atrás y no se dio quórum a su pedido”, sentenció.
“Esta tarifaria desde el año 2009 no se actualizaba, se buscó por todos los medios que la población entienda que los que más tienen, más pagan”, subrayó el edil.
Respecto de la suspensión, destacó que “tuvimos el consenso de la mayoría de los concejales para que no prosperara. Esta tarifaria era fundamental para seguir brindando los servicios que corresponden en la ciudad”, aseveró.
Romero remarcó que “no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano”, recordando que la ordenanza tarifaria se había aprobado “por Unanimidad en la cuarta sesión”.

Creación de una Comisión Especial de Monitoreo

Por unanimidad, se aprobó la propuesta del concejal Silvio Bocchicchio (PSP) de crear una comisión especial de monitoreo, que analizará el destino de los fondos recaudados y algunos aspectos de la reglamentación.
El objetivo de la misma será “recibir, atender y estudiar los reclamos y planteos propositivos que surjan por parte de vecinos, instituciones y empresas respecto de la implementación de la ordenanza tarifaria; evaluar correcciones a toda posible distorsión y /o efecto indeseado para los objetivos trazados por la política tributaria de la gestión municipal y que han sido volcados en dicha norma; sugerir a la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas las modificaciones normativas o reglamentarias que se consideren necesarias, trabajar en nuevas formulaciones para la polinómica que sirve de base de cálculo de la tasa por servicios generales, entre otras consideraciones; solicitar informes, estadísticas, proyecciones y otra información que sirva a los objetivos de la comisión, de manera escrita o mediante presencia de funcionarios municipales en las reuniones convocadas al efecto”.
La comisión estará conformada por la totalidad de los concejales que la integrarán, por un representante de cada una de las cámaras de actividades comerciales e industriales radicadas en la ciudad y tres funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal.

“No voy a hacer demagogia”

Por su parte el concejal y Presidente del Concejo Deliberante Juan Caros Pino (FPV) centró su postura “en los aspectos técnicos que nos imposibilitaría aprobar este proyecto”.
Al respecto sostuvo que la suspensión de la ordenanza tarifaria “no reunió los votos necesarios” y declaró que “hubiera sido muy fácil para mí votar el acompañamiento pero eso significaría generarle a los vecinos interesados expectativas por cinco minutos, porque no reúne los requisitos para prosperar”, dijo, al tiempo que agregó que “precisamos mayoría agravada para suspender la tarifaria y esos votos no estaban, yo podría haber quedar bien votando la suspensión pero lo cierto es que no podría aprobarse”.
En tanto el concejal Gastón Ayala (MPF) sostuvo que “me hubiera gustado haber tenido hace 20 días este debate y no ahora con una ordenanza ya promulgada, y junto al edil Hugo Romero (FPV), quien propuso el giro a comisión del asunto, tampoco acompañaron la propuesta”.

“Falta de diálogo”

Al no avanzar la propuesta de los concejales Juan Manuel Romano (UCR), Ricardo Garramuño (MPF) y Tomás Bertotto (PRO), los tres ediles coincidieron en que el objetivo era abrir canales de diálogo entre el municipio y los vecinos.
En ese sentido, el concejal Juan Manuel Romano aclaró que “no estoy arrepentido de haber votado la ordenanza, la voté y la volvería a votar pero considero que es primordial abrir la puerta, saber escuchar, tener humildad y corregir aspectos en el marco y lugar que corresponde. No recibí presiones ni del gobierno provincial, ni del Ejecutivo, ni de las cámaras ni empresarios, solo que no veo peligro en la suspensión de la ordenanza en función de las correcciones que el propio Ejecutivo admitió que deben hacerse. Voté convencido de que la ciudad necesita una ordenanza actualizada, se entiende el espíritu y esfuerzo que puso el Ejecutivo en la elaboración de la norma, pero también entendemos que somos un canal en la relación entre vecinos y el Ejecutivo”.
El concejal Ricardo Garramuño compartió lo expuesto por el edil radical y dijo que “con este tema en particular debemos escuchar todas las voces, las del Ejecutivo y la de las cámaras. Todos tenemos en claro que la ciudad está destruida y sabemos que la municipalidad precisa los recursos, todos queremos vivir en una ciudad mejor pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias y debatir este asunto con todos los actores”, dijo el mopofista.
En tanto el concejal Bertotto entendió que el propósito “era otorgar una alternativa antes de la entrada en vigencia de la norma, y rechazó las opiniones que adjudican alta de seriedad a la propuesta presentada”.