Río Grande.- El incendio del Pequeño Hogar hizo visible una situación que acumula denuncias en distintos ámbitos, tanto el laboral por las condiciones edilicias, como el judicial por la situación de los menores que están a cargo del Estado.
La situación de las instalaciones había llevado a la ministra Marisa Montero a decidir unificar a los menores en la residencia del barrio CAP, que aloja a hijos de trabajadores rurales que viven en la ciudad durante la semana para ir a la escuela. Y lo hizo desoyendo las opiniones de profesionales sobre la inconveniencia de alojar allí a menores judicializados con serios problemas de conducta.
Cuando llegó la orden del juez de separar a un grupo, Montero reabrió el Pequeño Hogar, y allí alojó a cinco de ellos, que convivían con un mayor de 37 años, con una discapacidad. Colocó a su cuidado a operadores sin capacitación y, como se pudo conocer de la trabajadora que sigue con pronóstico reservado, de avanzada edad para poder manejar a estos menores con problemas.
La ministro lo relató en primera persona, a Radio Fueguina, para terminar insistiendo en que el mejor lugar sigue siendo el CAP.

Hospital sin capacidad ni equipos

Las primeras palabras de Montero expusieron las falencias del hospital de Río Grande, porque “los chicos y operadores fueron en principio trasladados al hospital, eran cinco chicos y chicas, y dos operadoras. Desde el hospital dos de las chicas fueron derivadas al CEMEP”, informó, explicando que por un lado para la adolescente “no había lugar”, y por otro, al haber una menor de 12 años requería de “terapia infantil, que no había”.

Conviviendo con un adulto

Consultada sobre la versión de que los chicos convivían con un adulto de más de 30 años en el edificio incendiado, dijo que sí, pero que esta persona se encontraba de forma “transitoria”, sin poder precisar hace cuántos meses y por decisión de quién.
“Se trata de un adulto con discapacidad que tramitaba la pensión y estaba en busca de alojamiento”, dijo Montero, y admitió que “había gente preocupada” por esta situación.
“Muchas veces estamos sujetos a decisiones judiciales que a veces se contraponen con el criterio de los profesionales intervinientes en el área”, se justificó la ministra, teniendo en cuenta que debió separar del CAP a los menores judicializados por intervención del juez, pero ningún magistrado le dijo que los alojara junto a un adulto.
Montero prefirió “no entrar en detalles de la situación en particular. No lo tengo en claro”, señaló ante la pregunta de quién ordenó alojar allí al adulto, para repetir que “lo que sí tengo en claro es que se trata de un alojamiento provisorio”.
La ministro aseguró que “el personal a cargo de los chicos está capacitado para hacer frente a estas situaciones. No es que los chicos estaban solos conviviendo con un adulto desconocido”.

La polémica unificación

La ministro recordó que fue su decisión “disponer una única residencia para albergar niños, niñas y adolescentes”, cuando unificó a todos en la residencia del barrio CAP, “pero debimos recurrir al ex Pequeño Hogar, que estaba clausurado, donde solamente estaba esta persona con discapacidad con alojamiento transitorio, para hacer una nueva ubicación de chicos y adolescentes”, expresó, sin aclarar que fue por orden del juez ante el riesgo que implicaba esta decisión.
“No es que estaban durmiendo todos juntos –aclaró sobre la convivencia de estos chicos judicializados con el adulto-, sino que hay divisiones hechas y tengo entendido que el adulto no está ahora porque buscaba otra salida”.
“Precisamente por entender que era el mejor lugar que teníamos para ofrecer a los chicos, fue que hicimos este dispositivo de vivienda única que tantas críticas recibió”, apuntó de la residencia del barrio CAP.
Su medida chocó contra “decisiones judiciales y criterios profesionales del propio personal del Ministerio, que ameritó que había que separar a los chicos, porque trabajamos con personas y chicos atravesados por historias tristísimas. Se dispuso esto porque, por una situación en particular, había que separar un grupo de chicos de otro. Por eso volvimos a reabrir el Pequeño Hogar”, explicó.

Una abuela de guardia

Este grupo de menores que debió ser separado por cuestiones de conducta, quedó a cargo de una persona mayor de 60 años, hoy con pronóstico reservado, mientras avanza la investigación que hace presumir un incendio intencional de parte de uno de los adolescentes.
Según Montero, “hay un sistema rotativo de operadores”, y el manejo está a cargo del director de instituciones, Dr. Luis Ruiz, quien decide sobre los permisos de salida de los menores.
“Son instituciones que no son cerradas. Desconozco si los chicos y chicas accedían a estos permisos. Pero no son instituciones de encierro, son abiertas y los chicos van y vienen como cualquiera de nuestros hijos”, aseguró la funcionaria.
Los chicos a cargo del Estado han salido sin cuidadores o celadores: “Depende de cada situación en particular. A veces sí y otras no. Depende de la actividad y dónde quede, porque si es la escuela primaria de enfrente, pueden cruzar solos. No es una institución de puertas cerradas, ni hay otro tipo de seguridad ni consigna policial. Es un hogar de puertas abiertas”, insistió la Ministra, sobre estas instalaciones donde quedaron atrapados el jueves.

Salidas bloqueadas

Se le consultó a Montero sobre las salidas de emergencia bloqueadas que, junto a las ventanas con rejas, configuraron una trampa mortal para menores y adultos. Pero no lo admitió: “Del aspecto técnico y qué es lo que ocurrió, no voy a dar esos detalles. Luego de las pericias y la tramitación de la causa se podrá determinar si esto era o no así”, dijo, desconociendo el testimonio del primer brigadista en socorrerlos junto a vecinos que tuvieron que barretear esas puertas.
“Siempre con respaldo profesional, los chicos tienen libertad de entrar y salir como pueden tener cualquiera de nuestros hijos”, reiteró la ministro.
Acerca de la gravedad de los problemas de conducta, no quiso explayarse, teniendo en cuenta que los menores pueden estar judicializados por varias causas. “No lo voy a decir públicamente, no voy a hablar de la historia familiar que atraviesan”, manifestó. Ante la pregunta de si la conducta era tal que había hecho imposible ubicarlos en una familia sustituta, respondió que “puede haber un mix”, abriendo la posibilidad de que al menos alguno de ellos encuadrara en estos casos de riesgo para sí y terceros.

Personal sin capacitar

Con respecto a la capacitación que recibe el personal a cargo, es un aspecto que todavía no está resuelto: “Por ver que había muchos operadores que no estaban capacitados y sufrían el desgaste de la tarea, incorporamos nuevos. Esto ha generado algunas resistencias y, si bien no está incorporada la totalidad de los que concursaron, estamos en trámite de que terminen de ingresar los 15 de Río Grande y los 15 de Ushuaia”, dijo Montero.
No obstante los que concursaron no tienen un título habilitante y, a lo sumo, han hecho algún curso que los convierte en idóneos: “Tuvimos entrevistas y vemos si la gente reúne el perfil adecuado. No hay un título terciario ni universitario, sino que es gente idónea que acredita antecedentes por trabajos anteriores o porque tiene un perfil adecuado”, manifestó Montero.
“Los operadores son gente que en general es idónea o, como máximo, tiene una capacitación por algún curso. Pero no un título terciario ni universitario”, reiteró, aclarando que quienes supervisan a estos operadores sí son profesionales.

Otra vez el CAP

Mientras espera el resultado de las pericias, Montero volvió a insistir con el traslado al CAP de todos los menores. “El incendio de hoy no es materia opinable y habrá un dato objetivo que tiene que ver con el resultado de las pericias. El dato objetivo lo darán quienes entienden en el tema y podrán demostrar de qué modo se inició. Por supuesto que soy la principal preocupada por la situación edilicia. Son edificios de antigua data, el Centro Infantil también es un edificio viejo, se han hecho reparaciones pero son edificios antiguos y siempre las van a necesitar. Yo soy la primera interesada en brindar mejores condiciones, para los operadores y los chicos que están bajo mi responsabilidad”, dijo la ministra.
“No puedo decir hoy si vamos a hablar de un nuevo edificio, de compra, o de acondicionar la residencia, que es muy amplia y puede albergar perfectamente a los chicos”, apuntó sobre el CAP.
“Los chicos y las chicas son responsabilidad de todos. Yo soy la mayor responsable. Yo tengo los chicos a cargo”, admitió la funcionaria, instando a hacer “muchos replanteos socialmente, respecto del cuidado de los chicos”.