Ushuaia.- En una extensa conferencia de prensa, la mandataria provincial recordó que las dos leyes que rigen la cuestión de los hidrocarburos en la Argentina, son la ley 17.319 y la ley corta 26.197.
En esta oportunidad, se trabajó en la “redacción” de un acuerdo que estableciera la “actualización de la 17.319 del año 1967, adecuándola a los términos de la Ley Corta que estableció la jurisdicción de los hidrocarburos en las provincias”.
Por otro lado, mencionó la “incorporación de las nuevas metodologías de extracción y los hidrocarburos no convencionales, que requieren de una inversión mucho más importante pero que modifican para nuestro país en particular el horizonte de reservas, vinculado con la soberanía energética del país”.
“No es ni más ni menos la posibilidad de desarrollarnos, de generar trabajo, de poder vivir con energía, que la necesitamos para todas las actividades, cotidianas, personales y comunitarias”, precisó la Mandataria.
La Gobernadora especificó en tal sentido que el acuerdo consta de tres partes, en el que se “establece el contexto político y de utilización de recursos”, y recordó que de la propuesta que le hicimos al Estado Nacional “hubo conversaciones pero no hubo devoluciones de proyectos hasta esta semana”.
“Con la incorporación que habíamos realizado las provincias se desarrolló este acuerdo que plantea muy claramente que se trata de proponer un complemento normativo a las leyes 17.319 y 26.197, es decir se ratifica en el acuerdo la vigencia de ambas leyes, con la finalidad de arreglar la explotación convencional y no convencional”, aseveró Ríos.
De esa forma, se establecen plazos para exploración y explotación diferenciados, conforme los distintos tipos de yacimiento; mantenimiento de alícuotas de regalías. Aportes de la industria en el marco de grandes proyectos de desarrollo, en responsabilidad social empresaria y del Estado Nacional para infraestructura; mecanismos de adjudicación de áreas por licitación competitiva, buscando la mayor concurrencia y priorizando ofertas que propongan la mayor inversión/actividad exploratoria; promover programas fiscales y tributarios provinciales y municipales, homogéneos y estables; mecanismos promocionales para grandes inversiones de empresas nacionales e internacionales; promover el establecimiento de una legislación ambiental uniforme en materia de cuidado del ambiente para una explotación sustentable.
Crocianelli resaltó que todos los conceptos de canon “tienen una actualización automática”
Por su parte, el Vicegobernador expresó su satisfacción por el acuerdo, resaltando los términos y condiciones “que trajo en mano la Gobernadora; hay muchas variables que favorecen lo que viene pasando históricamente, a través de este proyecto de Ley. Tendremos una legislación adecuada para toda la tecnología no convencional que viene y que no tenía articulación precisa ni seguridad jurídica, para el inversor, que no cubría sus expectativas, empresarias o de inversión”, dijo.
“La tecnología convencional está declinando, esto no es ni más ni menos que definir una herramienta adecuada para las tecnologías que vienen”, explicó el Vicegobernador, tras dar a conocer el proyecto.
Sobre el acuerdo, celebrado entre los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos y el Estado Nacional, Crocianelli resaltó que todos los conceptos de canon “tienen una actualización automática, dado que la vieja Ley 17.319 del año 67, la obsolescencia de los cánones o cualquier tipo de ítems que tenía que remunerar a la Provincia productora era discrecional. Pasaban 7 u 8 años y los cánones no se actualizaban y generaban falta de rentabilidad”, analizó.
Entre las ventajas, Crocianelli señaló como positivo que “la provincia productora no haya perdido derechos sobre los recursos hidrocarburíferos y gasíferos porque le corresponden por jurisdicción”.
“Hay que preservar los intereses de las provincias productoras y la Nación necesita tener algunas variables para tener una matriz unificada energética y los inversores necesitan la seguridad jurídica y el tiempo necesario para resarcirse de esas inversiones”, expresó.
Además señaló, como eje importante del acuerdo, la facultad que tienen las provincias productoras, de prorrogar en 10 años cada una de las actividades, “ya sean offshore, shale o no convencionales. Cada uno de los contratos pueden ser prorrogados por un año”, subrayó.