Ushuaia.- El ministro de Gobierno Guillermo Aramburu, la secretaria de Seguridad Graciela Argüello, el jefe de Policía Comisario José Ojeda y toda la Plana Mayor de la institución junto a los oficiales jefes de las distintas dependencias, asistieron este jueves a la Legislatura provincial para exponer ante los integrantes de la Comisión 6 la situación de la seguridad de la provincia.
Aramburu señaló que también se confeccionó un mapa del delito; que se obtuvo respaldo de la Nación para la compra de nuevos móviles y equipamiento tras gestiones iniciadas el año pasado; y que se trabaja coordinada y permanentemente con las demás Fuerzas de Seguridad con asiento en la provincia.
No obstante, el Ministro admitió las limitaciones que la Policía actualmente atraviesa en lo referido a recursos humanos, ya que según la información brindada por la Plana Mayor hay en actividad 1090 efectivos para toda la provincia, de los cuales alrededor de 100 ya están tramitando su retiro o gozan de licencia.
Asimismo, el titular de la cartera Política recordó que la necesidad de recursos humanos y materiales para la Institución ya fue planteada a la Legislatura en anteriores oportunidades, y que atendiendo a esos requerimientos se sancionó la Ley 774 – posteriormente declarada inconstitucional- que destinaba fondos específicos a la seguridad, la salud y la educación.
Por su parte, el Jefe de Policía ratificó que “se acotó al máximo” la cantidad de policías que llevaban a cabo tareas administrativas, por lo que actualmente ese personal presta servicios en las calles. Sin embargo, aclaró que es imposible para las distintas dependencias prescindir de todos, ya que hay tareas que un civil no puede realizar.
Ojeda destacó por otro lado que, a partir de la implementación del sistema de comisarías barriales “se estableció un contacto más fluido entre el vecino y el policía, lo que genera un vinculo de confianza”, y que permitió el esclarecimiento de varios ilícitos “gracias a la intervención inmediata ante un llamado o denuncia”.
La puesta en marcha de las comisarías también sirvió “para poder evaluar puntualmente y de mejor manera las necesidades de personal y materiales que cada dependencia tiene”, agregó el comisario.

Marinello no quiere “militarizar” la provincia

El legislador Fabio Marinello se negó a acompañar la posibilidad de establecer convenios con fuerzas de seguridad nacionales, como Gendarmería, para mejorar los controles en la provincia. En una particular interpretación, sostuvo que sería una “militarización”. Trasladó las responsabilidades a la Justicia, por no aplicar leyes vigentes y declarar inconstitucional una norma que aportaba fondos, y a la Legislatura por no sancionar herramientas de financiamiento que fueron solicitadas. Entre ellas, un aporte adicional de ingresos brutos.
Marinello, a cargo de la Presidencia de la Legislatura, defendió las políticas de seguridad del Ejecutivo y desvió las responsabilidades a la Justicia y la Legislatura.
Ayer participó de la reunión de comisión 6, a la que fueron citados el ministro de Gobierno Guillermo Aramburu y funcionarios del área de seguridad.
Consideró que “es un tema complejo, que hay que verlo en todas sus aristas”, y que hay “muchos actores involucrados”.
Expresó que “más allá de la buena voluntad que pueda tener el Ejecutivo en poner en marcha las políticas de seguridad, es un tema que involucra a otros poderes, como el Judicial y el Legislativo, que es el encargado de generar las normas para poder modificar esta realidad”.
Instó a analizar la realidad nacional y las medidas que se llevaron a cabo como consecuencia del caso Blumberg, cuando “se modificaron leyes y hoy no se ven los resultados que se pregonaban en ese momento”, para justificar que “las evaluaciones de las políticas de Estado se hacen en el tiempo. Si hubiéramos tenido políticas de Estado hace diez años atrás, hoy estaríamos evaluando los resultados”.

Buenos índices

Con un discurso similar al del ministro Aramburu, mencionó que “si uno mira los índices comparativos, por ahí a nivel nacional no estamos en una posición tan compleja como otras provincias. Es una realidad que tenemos en la Argentina”, reiteró.
Para poder implementar medidas, subrayó que es necesario un financiamiento que no se aprueba, deslindando responsabilidades de la gestión. “El Ejecutivo ha tomado varias iniciativas que lamentablemente en el ámbito legislativo no han tenido cabida. Por ejemplo, en un momento se planteó la creación de un fondo específico del 0,5% de ingresos brutos, destinado a salud y seguridad. Esto no tuvo acompañamiento y sin embargo era un porcentaje que se venía cobrando y se sacó en la última tarifaria. Cuando se planteó la ley 774, después declarada inconstitucional, se planteó que los recursos que iban a ingresar tenían destino específico, que era la compra de bienes de capital y la obra pública. Esos bienes de capital que se habían previsto estaban destinados también a la seguridad y lamentablemente esos recursos no los tuvimos. La compra de patrulleros se empezó a gestionar el año pasado. Los 27 millones que se estaban gestionando con el gobierno nacional para la compra de equipamiento también se empezaron a gestionar el año pasado. No es que no se ha hecho nada”, aseveró.
Sostuvo que en todos los casos es necesario prever ingreso de fondos, puesto que hasta “el equipamiento policial tiene que tener alguna fuente de financiamiento. Todos sabemos que la provincia viene pasando una situación compleja y no podemos desligar una cosa de otra”.
Volvió sobre el frustrado financiamiento a través de un aumento impositivo, recordando que “es una provincia que tiene un régimen especial donde no se pagan impuesto a las ganancias, IVA, renta presunta, y a su vez tenemos el índice de ingresos brutos más bajo del país. Se planteó el 0,5 con destino específico y en la última tarifaria se sacó. El ingreso era el año pasado de alrededor de 30 millones de pesos, que podrían haber coadyuvado a tener el equipamiento necesario que venía planteando ya el comisario Papa”.

Gendarmería, no

En cuanto a la posibilidad de realizar convenios con las fuerzas de seguridad nacionales para mejorar los controles, lo descartó. Y en particular, al referirse a la Gendarmería, interpretó que sería una “militarización” de la ciudad.
“La Gendarmería hace los controles en la ruta porque yo viajo permanentemente a Río Grande y está a diez kilómetros de la ciudad. Tiene un rol específico en el país y un objetivo”, dijo, adelantando que en referencia a un convenio es una idea que “yo no la comparto, me parece que militarizar la ciudad no va a generar los resultados que se buscan”.
Hecha la aclaración de que la Gendarmería no son las fuerzas armadas, apuntó que “es una manera de expresar. Es un tema que se puede discutir, yo doy una apreciación personal. Es un tema complejo. Yo también podría decir cuál es la política de criminalidad que lleva adelante la justicia, que tiene que ver con los fiscales. Son muchos los actores involucrados en este tema, y no se ha querido ver que la situación financiera ayudaría a traer las soluciones”, dijo.
En ese marco defendió la gestión a rajatabla: “Por supuesto yo voy a defender la política de seguridad de este gobierno, de eso no tengan ninguna duda, con todos los errores que puedan haber cometido en algún aspecto, pero me parece que siempre estuvo la voluntad de que las cosas se llevaran de la mejor manera. Insisto que el gobierno de la provincia ha traído un montón de cosas a la Legislatura, algunas han salido como la ley de flagrancia y otras no han tenido los consensos necesarios y se seguirán discutiendo”, estimó.
Marinello no reconoció ningún cambio de discurso cuando, siendo dirigente sindical, promovía acuerdos con otras fuerzas y se pronunció “absolutamente convencido de lo que digo”.

La historia oficial

Tampoco concedió que deba revisarse quiénes ofician de interlocutores ante reclamos populares y de las víctimas de inseguridad, tras el incidente con Daniel Ravaglia en Casa de Gobierno y el malestar que generó la forma en que fueron tratados los que llevaron el petitorio.
“Esto no es así. Si quieren quedarse con lo que dicen ellos, lo respeto. Yo lo puedo decir porque estuve presente en la reunión y nosotros los atendimos. La discusión se generó cuando pedí la palabra y quise expresar las cosas que se querían hacer y se venían haciendo. Había un representante de la Cámara de Comercio que no le gustó lo que estaba expresando y no me dejó continuar. A partir de eso, uno de los representantes de los taxistas pedía que respetemos la reunión porque estaba el hermano de una de las víctimas, pero mientras nos pedía eso se puso a hablar por el celular. El secretario de seguridad le pidió que fuera respetuoso del ámbito en que estábamos, se levantaron y se fueron. Esto es lo que sucedió”, sentenció el legislador dando por concluida su versión de los hechos.